El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que entre el 6 de abril y el 14 de junio los partidos políticos deberán realizar elecciones internas para elegir a sus candidatos de cara a los próximos comicios municipales y regionales de octubre, lo que suscita muchas preguntas.
¿Asumirán los partidos realmente su responsabilidad democrática?
¿Seguirán estos siendo manejados al mismo estilo de los caudillos del pasado?
¿Apelarán nuevamente a la modalidad de poner a competir solo a precandidatos de poca monta para no hacerle sombra al oportunista de turno y así dejarle el camino libre para una postulación ya decidida de antemano?
Se anuncia que las agrupaciones tienen tres modalidades para las elecciones internas:
-a través del voto universal de ciudadanos afiliados y no afiliados a esos partidos;
-solo con el voto de sus afiliados;
-o a través de la participación solo de sus delegados.
Ahora sabremos si los partidos han aprendido la lección.
Del otro lado, sin embargo, corresponderá a las autoridades del sistema electoral fiscalizar y sancionar a las agrupaciones que no cumplan estas disposiciones. Hasta donde se sabe, en el pasado ningún partido ha sido sancionado por no realizar elecciones internas o por haberlas llevado a cabo sin cumplir los rigores que la ley exige, apelando a ciertas triquiñuelas.
No basta con que los partidos exijan a los postulantes la presentación de sus hojas de vida y dejarlas archivadas sin un mínimo de investigación.
Es obligación de las propias agrupaciones contrastarlas con la realidad, para que no se repitan nefastas experiencias de candidatos con sentencias judiciales activas, denuncias de paternidad no reconocida, falsos certificados de estudios, etc.
A ello se suma la plaga de cínicos y sinvergüenzas que, a la primera oportunidad, se convierten en tránsfugas, lo que evidencia la falta de compromiso partidario con la ciudadanía, que es finalmente la más perjudicada cuando se elige autoridades que resultan siendo un lastre antes que la figura competente y comprometida que pensaron elegir.
Esta insatisfacción ciudadana se ve reflejada en la última encuesta nacional de Ipsos Apoyo, publicada ayer en El Comercio, en que el 81% de la población desaprueba la gestión del Congreso, que ha sido protagonista de patéticos escándalos que involucran a congresistas que abusaron de su cargo en provecho propio.
La misma encuesta valora la honestidad (58%) y la visión de futuro (40%) como las principales cualidades que debe tener el próximo mandatario, lo que podría trasladarse a las autoridades regionales y municipales que se elegirán próximamente. La ciudadanía está harta de los escándalos de quienes solo quieren llegar al poder para beneficiarse ellos mismos.
Tal llamado de alerta no debe ser desoído por los partidos, llamados a constituirse en los pilares de la consolidación democrática a partir de liderazgos serios y doctrinas coherentes.
Bajo la premisa de que sin partidos no hay democracia, están obligados a depurar a los incompetentes y deshonestos de sus listas de precandidatos, así como a los aprovechados que ven la posibilidad de llegar a un cargo como una suerte de lotería.
La trayectoria ética y profesional, así como la vocación de servicio y, sobre todo, las auténticas credenciales democráticas de los postulantes deben estar en el primer orden de prioridades. Y la ciudadanía, que exige transparentar y adecentar la política, tiene que comprometerse y asumir una labor más proactiva en el tema de la fiscalización y castigar en las ánforas a los partidos que actúan de modo oscuro e irresponsable.
