10/01/2010 Por Martín Tanaka
El informe final de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua ha generado mucha controversia, y las opiniones se han alineado según la cercanía con posiciones gubernamentales o de oposición, como era esperable. La única manera de defender una posición sobre bases mínimamente firmes debe sustentarse lo más posible en hechos verificables, y el informe deja la impresión de basarse más en prenociones e interpretaciones que en evidencias.
¿Estamos a tiempo de sacar lecciones provechosas de los trágicos sucesos de Bagua? Recordemos que están también las comisiones especiales que trabajan sobre los mecanismos de consulta previa con los pueblos indígenas amazónicos, sobre estrategias de desarrollo para esta población y sobre los decretos legislativos cuestionados por sus organizaciones. Está también la comisión investigadora del Congreso presidida por Güido Lombardi. Ojalá que las recomendaciones de estas comisiones sean parte de un amplio debate, en el Congreso, en el espacio público, y en las campañas electorales regionales y nacional, y que puedan expresarse en medidas concretas en el corto plazo.
En cuanto a la comisión del Congreso, ella deberá superar las limitaciones del informe de la comisión especial: señalo algunos aspectos que me parecen claves para ello. En primer lugar, sabemos que los decretos legislativos expedidos en el marco de la implementación del TLC con los EE.UU. eran inconstitucionales por no haber sido consultados; si eran buenos o no, y el análisis de sus implicancias es parte de un debate político legítimo, por lo que no cabe acusar a sectores opositores al gobierno de manipulación. Habría que profundizar en el pésimo e irresponsable manejo político de la negociación que siguió al inicio de las protestas. Una débil Presidencia del Consejo de Ministros dio lugar a mensajes contradictorios y hasta provocadores por parte del Ejecutivo, y un Congreso sin posición clara hizo que el Ministerio del Interior terminara teniendo un protagonismo desmedido, peor aún, la policía terminó siendo el principal interlocutor (y víctima) de los actores de la protesta.
Sobre el operativo de desalojo, mal planificado e implementado, hay mucho pan que rebanar. Hay múltiples denuncias sobre excesos policiales; no olvidar que hay 10 muertos y 82 heridos por arma de fuego, no solo en la carretera Fernando Belaunde, también en las ciudades de Bagua y Bagua Grande. En su momento hubo múltiples denuncias de un número mayor de muertos, y las diligencias realizadas para investigarlas deben hacerse públicas. Finalmente, está la respuesta de los actores de la protesta.
Deben estar muy presentes en el análisis los 23 policías asesinados, y 14 heridos por armas de fuego. Ninguna acción de protesta puede llegar a esto, y sus culpables deben ser sancionados. Este nivel de violencia debe ser explicado, y la tesis de la manipulación no es satisfactoria
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