Por Nicolás Lynch
De las últimas noticias sobre la presencia de Sendero en San Marcos lo que más llama la atención es el escándalo.
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Yo llegué a San Marcos en 1971 y Sendero ya estaba allí. Con sus más y sus menos siempre ha seguido presente.
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Y no se necesita ser Dincote para darse cuenta.
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Una que otra pizarra, un eventual afiche y las consignas que no cambian porque los senderistas no son especialmente creativos.
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Además, cuando se creen fuertes realizan una “actividad” como la del otro día para dejarse notar.
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Siempre, por supuesto, aliados con la mediocridad que los usa para conseguir el espacio que no pueden solos y viceversa.
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En el último decenio han intentado por lo menos tres ofensivas siendo hasta ahora rechazados por la mayoría del claustro.
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A Sendero, además, no le liga su movilización porque no han cambiado.
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Predican en sus declaraciones y consignas que quieren legalidad y amnistía, pero ni una palabra de autocrítica por la matanza que causó en el país, menos renegar de la organización que la produjo ni tampoco mostrar métodos diferentes en la propia universidad, donde vuelve a recurrir al violentismo y la burla de la legalidad.
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¿Y todo esto no lo sabe el gobierno?
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¡Por favor! Lo que pasa es que este Estado abandonó a la universidad pública hace décadas y no quiere interesarse en ella porque su modelo no la necesita.
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Sendero, por su parte, aparece hoy, marcha por medio, por el desgobierno que existe en San Marcos.
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Medios y políticos parecen olvidar lo que profesores y estudiantes denunciamos hace solo tres semanas, que en las elecciones del 25 de mayo para los delegados de los profesores principales a la Asamblea Universitaria la oposición sufrió un fraude por parte de las fuerzas afines al rector.
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Esta situación ha agudizado el vacío de autoridad en la universidad, lo que crea condiciones para que fuerzas extremistas se atrevan a mostrarse públicamente en el campus.
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El problema de fondo es entonces la falta de una autoridad legítima en San Marcos.
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Ello tiene solución por la vía de la legalidad.
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Ya sea que se respete el triunfo de la oposición en las elecciones de mayo para dar una salida inmediata o, mejor todavía, que se apruebe el proyecto de nueva ley universitaria, que el Congreso discute a paso de tortuga, para que haya una solución de conjunto para la universidad peruana, más allá de la amenaza de mediocres, radicales y nuevos ricos del DL 882 (el de las universidades con dueño).
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