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CNM necesita cirugía democrática
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Hace pocos días, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resultó fuertemente golpeado por el deficiente desarrollo de un proceso de selección para magistrados supremos, donde existieron graves denuncias formuladas por los propios aspirantes, algunas vinculadas a ilícitos penales, en los que terminó involucrado un consejero y cuyas pesquisas preliminares están a cargo del ministerio Público, en su calidad de titular de la acción penal pública.El titular del Poder judicial (PJ), Javier Villa, tuvo frases duras contra los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), llegando a expresar su disconformidad con la anulación de la convocatoria, por falta de argumentos sólidos; sin embargo, la Fiscal de la Nación tuvo una postura distinta, respaldando la decisión de los consejeros e incluso, se comenta que, Gladys Echaíz, habría dirigido una carta pidiendo la cancelación del concurso, tal vez, preocupada porque la elección de nuevos fiscales supremos, ajenos a su entorno o circulo amical, ponían en peligro su conocido anhelo de reelección. Esta situación nos demuestra la urgencia de aplicar una cirugía democrática para rescatar la institucionalidad, ya que hay peligrosos enfrentamientos entre el Poder Legislativo (PL), Poder judicial (PJ), Tribunal Constitucional (TC) y Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que causan una inseguridad jurídica en la Nación y afectan seriamente el fortalecimiento del sistema democrático que tanto nos costó recuperar de las garras de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos; ítem más, no olvidemos que a finales de 1990, se empezó a “trabajar” una campaña de descrédito de las instituciones y sirvió de pretexto para que el gobernante diera un golpe de Estado que contó con un respaldo momentáneo, ya que con el tiempo, toda la población comprobó los escandalosos niveles de corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos.Ahora bien, estamos ad portas de la elección de tres nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dos de los cuales serán de los colegios profesionales (donde todo apunta a que uno pertenecerá a los profesores) y el tercero nacerá del sufragio de los abogados del país, donde extrañamente, somos testigos que un cuestionado consejero, no aprende la lección y pretende continuar en el vientre de dicha Institución, buscando representar a los letrados, para lo cual, curiosamente, acaba de incorporarse como miembro del Colegio de abogados de Piura.Por otro lado, el Congreso de la República está debatiendo cambios a la Ley Orgánica del CNM donde algunos pretenden desaparecer la elección directa, para convertirla en indirecta, por medio de delegados, lo cual resulta inconstitucional. En lugar de ello, debería considerarse, por ejemplo, que la norma establezca la obligatoriedad de concursos públicos, realizados por la ONPE, para la elección de los representantes del Poder judicial (PJ) y ministerio Público, donde cada juez o fiscal titular tenga derecho a un voto, anulándose la secreta designación que efectúan la Sala Plena Suprema o la Junta de Fiscales Supremos y para el caso de las Universidades públicas o privadas, serían elegidos, en sesión pública, por los decanos de las facultades de derecho.
CNM necesita cirugía democrática
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Hace pocos días, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) resultó fuertemente golpeado por el deficiente desarrollo de un proceso de selección para magistrados supremos, donde existieron graves denuncias formuladas por los propios aspirantes, algunas vinculadas a ilícitos penales, en los que terminó involucrado un consejero y cuyas pesquisas preliminares están a cargo del ministerio Público, en su calidad de titular de la acción penal pública.El titular del Poder judicial (PJ), Javier Villa, tuvo frases duras contra los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), llegando a expresar su disconformidad con la anulación de la convocatoria, por falta de argumentos sólidos; sin embargo, la Fiscal de la Nación tuvo una postura distinta, respaldando la decisión de los consejeros e incluso, se comenta que, Gladys Echaíz, habría dirigido una carta pidiendo la cancelación del concurso, tal vez, preocupada porque la elección de nuevos fiscales supremos, ajenos a su entorno o circulo amical, ponían en peligro su conocido anhelo de reelección. Esta situación nos demuestra la urgencia de aplicar una cirugía democrática para rescatar la institucionalidad, ya que hay peligrosos enfrentamientos entre el Poder Legislativo (PL), Poder judicial (PJ), Tribunal Constitucional (TC) y Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que causan una inseguridad jurídica en la Nación y afectan seriamente el fortalecimiento del sistema democrático que tanto nos costó recuperar de las garras de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos; ítem más, no olvidemos que a finales de 1990, se empezó a “trabajar” una campaña de descrédito de las instituciones y sirvió de pretexto para que el gobernante diera un golpe de Estado que contó con un respaldo momentáneo, ya que con el tiempo, toda la población comprobó los escandalosos niveles de corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos.Ahora bien, estamos ad portas de la elección de tres nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dos de los cuales serán de los colegios profesionales (donde todo apunta a que uno pertenecerá a los profesores) y el tercero nacerá del sufragio de los abogados del país, donde extrañamente, somos testigos que un cuestionado consejero, no aprende la lección y pretende continuar en el vientre de dicha Institución, buscando representar a los letrados, para lo cual, curiosamente, acaba de incorporarse como miembro del Colegio de abogados de Piura.Por otro lado, el Congreso de la República está debatiendo cambios a la Ley Orgánica del CNM donde algunos pretenden desaparecer la elección directa, para convertirla en indirecta, por medio de delegados, lo cual resulta inconstitucional. En lugar de ello, debería considerarse, por ejemplo, que la norma establezca la obligatoriedad de concursos públicos, realizados por la ONPE, para la elección de los representantes del Poder judicial (PJ) y ministerio Público, donde cada juez o fiscal titular tenga derecho a un voto, anulándose la secreta designación que efectúan la Sala Plena Suprema o la Junta de Fiscales Supremos y para el caso de las Universidades públicas o privadas, serían elegidos, en sesión pública, por los decanos de las facultades de derecho.
