BTR, algo más que un fantasma
Por: Juan Paredes Castro
Sábado 27 de Marzo del 2010
Como en el Perú nos instalamos a menudo bajo el prisma del mundo al revés, no tiene que sorprendernos el hecho de que hayan sido robados o borrados los archivos del caso BTR.
¿Y por qué no tendría que sorprendernos?
Por la sencilla razón de que son los procesos judiciales y parlamentarios en curso, relacionados con la violación del secreto de las comunicaciones, los que parecen borrados o robados de los despachos donde deberían ser investigados.
Nadie se explica hasta ahora cómo desde la aparatosa captura de los prominentes miembros de Business Track (BTR), incluidos sus equipos, aparatos y archivos, no haya pasado nada.
¿Es que aquella captura, en un escenario policial reservado a las grandes mafias, cumplió la misión de simplemente desconectar a Business Track de todo y poner a “buen recaudo” a sus cabecillas, operadores y gestores?
Si la jueza María Martínez hubiera dejado que la fiscalía cumpliera con su obligación investigadora, en momentos en que este organismo disponía de todos los elementos tecnológicos para analizar pruebas, evidencias y testimonios de primer orden, hoy estaríamos ante resultados distintos. Mucho más adelante que el punto muerto de hoy.
El denominador común que más trasciende aquí es que no hay investigación posible a la cual atenerse, ni fiscal ni parlamentaria; que tampoco podemos esperar demasiado de la acción judicial; y que los controles de daño de parte del Gobierno sobre las estructuras de inteligencia del Estado son imperceptibles.
Roguemos que las evidencias borradas sean recuperadas y que las otras robadas aparezcan. Donde el ruego de quien sea no puede hacer nada es respecto de la naturaleza de los procesos que comprenden a BTR, que no parece que existieran, como si los hubiera tragado la tierra.
Ni por el lado de la Justicia ni por el lado del Legislativo existe la menor voluntad de sentar autoridad allí donde con el mayor descaro se interceptan los teléfonos fijos y celulares y los correos electrónicos.
Estamos ante un delito que ha pasado a formar parte del aceptado inventario nacional.
Por: Juan Paredes Castro
Sábado 27 de Marzo del 2010
Como en el Perú nos instalamos a menudo bajo el prisma del mundo al revés, no tiene que sorprendernos el hecho de que hayan sido robados o borrados los archivos del caso BTR.
¿Y por qué no tendría que sorprendernos?
Por la sencilla razón de que son los procesos judiciales y parlamentarios en curso, relacionados con la violación del secreto de las comunicaciones, los que parecen borrados o robados de los despachos donde deberían ser investigados.
Nadie se explica hasta ahora cómo desde la aparatosa captura de los prominentes miembros de Business Track (BTR), incluidos sus equipos, aparatos y archivos, no haya pasado nada.
¿Es que aquella captura, en un escenario policial reservado a las grandes mafias, cumplió la misión de simplemente desconectar a Business Track de todo y poner a “buen recaudo” a sus cabecillas, operadores y gestores?
Si la jueza María Martínez hubiera dejado que la fiscalía cumpliera con su obligación investigadora, en momentos en que este organismo disponía de todos los elementos tecnológicos para analizar pruebas, evidencias y testimonios de primer orden, hoy estaríamos ante resultados distintos. Mucho más adelante que el punto muerto de hoy.
El denominador común que más trasciende aquí es que no hay investigación posible a la cual atenerse, ni fiscal ni parlamentaria; que tampoco podemos esperar demasiado de la acción judicial; y que los controles de daño de parte del Gobierno sobre las estructuras de inteligencia del Estado son imperceptibles.
Roguemos que las evidencias borradas sean recuperadas y que las otras robadas aparezcan. Donde el ruego de quien sea no puede hacer nada es respecto de la naturaleza de los procesos que comprenden a BTR, que no parece que existieran, como si los hubiera tragado la tierra.
Ni por el lado de la Justicia ni por el lado del Legislativo existe la menor voluntad de sentar autoridad allí donde con el mayor descaro se interceptan los teléfonos fijos y celulares y los correos electrónicos.
Estamos ante un delito que ha pasado a formar parte del aceptado inventario nacional.
