Dom, 28/02/2010 - 05:00
Cómo jugar en contra de la lucha anticorrupción.
En un contexto en el que se debería esperar del propio Estado, y por parte del sistema político, una rápida capacidad de indignación pero, principalmente, de reacción frente a las expresiones recientes de descomposición en el sector público que han buscado apropiarse ilícitamente de recursos o de influir en nombramientos irregulares, son decepcionantes algunas respuestas que, en lugar de apuntalar la lucha anticorrupción, quieren ponerle paños tibios.
Las reacciones son parte de un libreto conocido: matar al mensajero, es decir, irse contra el denunciante en lugar de responder el contenido de la denuncia; justificar la acusación como un intento de mellar una candidatura electoral; o ‘llamar a la reflexión’ a favor de la estabilidad y la gobernabilidad como excusa para evitar las denuncias a las autoridades públicas. Todas coinciden con la vocación encubridora del ‘no hagan olas’.
El viernes, por ejemplo, el presidente Alan García señaló, a propósito de la denuncia contra el alcalde Luis Castañeda por el turbio incidente alrededor de la deuda de Relima que le permitió una ganancia excepcionalmente fácil a la fantasmal Comunicore, que “hay que ver no solamente si hay verdad o no en la denuncia, sino cuál es el propósito de la denuncia”, ofreciendo una conclusión que es una verdadera vergüenza.
Es una actitud parecida a la de los distintos sectores que camuflan su intención de enjuagar todas las fechorías demostradas en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con argumentos tan absurdos como desprestigiar al fiscal Avelino Guillén o sostener que las denuncias contra dicha entidad son inventos y chantajes de “ONGs caviares”.
Y cuando se propone una solución radical –como la que se requiere– para renovar integralmente el CNM luego del papelón que ha protagonizado, tal como se ha planteado en esta columna o como ha sostenido el presidente de la Corte Suprema, entonces el premier Javier Velásquez Quesquén sostiene que “la reforma judicial no requiere medidas tan extremas”.
Lo mismo sucede cuando se conoce que el jefe de la chuponeadora Business Track, Elías Ponce Feijóo, tenía prácticamente una línea directa con figuras estelares de la política como el vicepresidente Luis Giampietri o los congresistas Mercedes Cabanillas y Carlos Raffo, y, entonces, el informe se manda al agua en la comisión formada para investigar este escándalo.
Sin duda, hay que reclamar que las denuncias no sean gratuitas sino bien examinadas y realizadas con responsabilidad. Pero es inaceptable la pretensión de desprestigiarlas con tanta facilidad. Cuando algunos reclaman una cruzada anticorrupción, y algunos políticos se lanzan a querer liderarla, es decepcionante escuchar mensajes de gente tan importante en el país que solicitan que ‘no se hagan olas’.
En un contexto en el que se debería esperar del propio Estado, y por parte del sistema político, una rápida capacidad de indignación pero, principalmente, de reacción frente a las expresiones recientes de descomposición en el sector público que han buscado apropiarse ilícitamente de recursos o de influir en nombramientos irregulares, son decepcionantes algunas respuestas que, en lugar de apuntalar la lucha anticorrupción, quieren ponerle paños tibios.
Las reacciones son parte de un libreto conocido: matar al mensajero, es decir, irse contra el denunciante en lugar de responder el contenido de la denuncia; justificar la acusación como un intento de mellar una candidatura electoral; o ‘llamar a la reflexión’ a favor de la estabilidad y la gobernabilidad como excusa para evitar las denuncias a las autoridades públicas. Todas coinciden con la vocación encubridora del ‘no hagan olas’.
El viernes, por ejemplo, el presidente Alan García señaló, a propósito de la denuncia contra el alcalde Luis Castañeda por el turbio incidente alrededor de la deuda de Relima que le permitió una ganancia excepcionalmente fácil a la fantasmal Comunicore, que “hay que ver no solamente si hay verdad o no en la denuncia, sino cuál es el propósito de la denuncia”, ofreciendo una conclusión que es una verdadera vergüenza.
Es una actitud parecida a la de los distintos sectores que camuflan su intención de enjuagar todas las fechorías demostradas en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con argumentos tan absurdos como desprestigiar al fiscal Avelino Guillén o sostener que las denuncias contra dicha entidad son inventos y chantajes de “ONGs caviares”.
Y cuando se propone una solución radical –como la que se requiere– para renovar integralmente el CNM luego del papelón que ha protagonizado, tal como se ha planteado en esta columna o como ha sostenido el presidente de la Corte Suprema, entonces el premier Javier Velásquez Quesquén sostiene que “la reforma judicial no requiere medidas tan extremas”.
Lo mismo sucede cuando se conoce que el jefe de la chuponeadora Business Track, Elías Ponce Feijóo, tenía prácticamente una línea directa con figuras estelares de la política como el vicepresidente Luis Giampietri o los congresistas Mercedes Cabanillas y Carlos Raffo, y, entonces, el informe se manda al agua en la comisión formada para investigar este escándalo.
Sin duda, hay que reclamar que las denuncias no sean gratuitas sino bien examinadas y realizadas con responsabilidad. Pero es inaceptable la pretensión de desprestigiarlas con tanta facilidad. Cuando algunos reclaman una cruzada anticorrupción, y algunos políticos se lanzan a querer liderarla, es decepcionante escuchar mensajes de gente tan importante en el país que solicitan que ‘no se hagan olas’.
