La Comisión Especial para Investigar los Sucesos de Bagua, creada por la RM 0664-2009-AG, emitió su informe.
De siete miembros:
- (la ex ministra alanista Susana Pinilla;
-Pilar Mazetti, ex ministra de Toledo y García;
-Manuel Bernales, funcionario; el sacerdote dominico Álvarez Lobo;
-la religiosa Gómez Callejas;
-el ex decano del CAL, y el
-dirigente indígena Jesús Manacés) el Informe lo suscriben cuatro.
El decano del CAL nunca se integró. Manacés, que preside la Comisión, y la religiosa no firmaron.
El Informe no es objetivo, imparcial ni exhaustivo. Impidieron a la hermana Gómez conocer el texto por haber criticado una versión anterior en que el domínico Álvarez Lobo se despachaba a su antojo contra los jesuitas y la Vicaría de Jaén, colocándolos como incitadores, mientras trataba a los indígenas que lucharon y fueron interlocutores como ignorantes.
Sin objetividad, el Informe no toma en cuenta los numerosos testimonios y entrevistas recogidos por la Comisión (más de 500 folios) y solo presenta versiones de parte (estatales) u opiniones unilaterales.
Desdice de la pluralidad e imparcialidad que debe tener cuando reitera, una y otra vez, que los pueblos indígenas no “comprendieron bien” los DL cuestionados, que estos fueron distorsionados y manipulados por partidos políticos, ONGs, sectores de la Iglesia Católica, e insiste en explicarlos mejor.
¿Qué cosa más gentil podrían decir estos émulos de Alvarito Vargas Llosa del “perfecto idiota” amazónico y de sus “prejuicios” cavernícolas?
Pero Aidesep sí sabía lo que hacía: desde el 2008 exigió derogarlos, denunció que se impusieron sin consulta (contra el Convenio 169 OIT), que agredían los derechos de sus comunidades y el medio ambiente en beneficio de las transnacionales.
El presidente de la Comisión no pudo conocer la investigación fiscal.
Allí se mencionan nombres de mandos policiales que la Comisión Especial calla.
El Informe omite la posición de Comisión creada por el Congreso –el 2008– para revisar los DL y que recomendó su derogatoria.
Cubre las espaldas al presidente García, su agraviante “Perro del Hortelano” y su abuso de las facultades legislativas delegadas por este Congreso; a Mercedes Cabanillas y su torpe operativo policial; al terrorismo ideológico de Mercedes Aráoz sobre la debacle del TLC-EEUU si derogaban los DL (la denunció Yehude Simon); al inepto Ántero Flores Aráoz; al entonces presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén y sus serviles maniobras dilatorias que facilitaron el baño de sangre.
La Comisión nunca los entrevistó. Menos aún les imputa responsabilidad. Tampoco citó a los autores de los DL, a los responsables de que no hubiera consultas previas a los pueblos indígenas, a las radios que transmitieron los hechos (como RPP y La Voz).
No llamó a familiares de las víctimas civiles, ni a los políticos, ONGs o religiosos a los que acusa de instigadores. ¿Inocentes y culpables sin derecho a la palabra y a defenderse?
¿Y Keiko se queja de falta de “debido proceso” para su papito?
La Comisión no tuvo presupuesto adecuado para funcionar.
Para colmo, el Informe fue escrito por mano ajena al presidente, suplantando jerarquías y funciones, buscando cubrir a los responsables políticos y echar la pelota a otros.
El Informe irrespeta al movimiento indígena.
Arrasa la objetividad, imparcialidad y buena fe.
No señala responsables políticos del gobierno, pero sí de oposición.
No recomienda derogar los DL inconsultos y lesivos, ni terminar con concesiones inconsultas para explotar recursos naturales en tierras indígenas (caso de 24 de los 60 lotes petroleros entregados) que siguen dándose.
No propone reales mecanismos de consulta a los pueblos y respetar su dignidad.
No plantea el retorno de Alberto Pizango ni reparar a las víctimas civiles y policiales.
Respetos guardan respetos.
García no puede llamar asesino ni imponer el petulante trato de “perfecto idiota amazónico” al movimiento indígena. ¡Basta!, hay suficiente sangre derramada.
