Luego de analizar el informe que elaboró y presentó al Ejecutivo un sector de la comisión especial encargada de investigar los sucesos en Bagua, el especialista en temas amazónicos Róger Rumrrill llegó a la conclusión que el texto sólo busca exculpar al gobierno de la masacre del 5 de junio y, sobre todo, al principal instigador de la violencia contra las comunidades amazónicas: el presidente Alan García.
El informe traiciona sus propios principios porque no dice la verdad, no es justo ni equitativo y tampoco imparcial e independiente porque cedió a la presión del gobierno.
“Respeto a las personalidades académicas (Susana Pinilla, Manuel Bernales y el padre Ricardo Álvarez-Lobo), pero es probable que no resistieron a la presión extraordinaria del gobierno o ellos concientemente jugaron un rol encubridor en este informe”, expresó pues “para lograr la reconciliación y llevar a una cultura de paz, no era admisible renunciar a la objetividad, independencia e imparcialidad”.
Para el estudioso este informe está lleno de inexactitudes desde el inicio porque la concepción de que los bosques son el pulmón del planeta fue descartado hace 20 años. “Ahora es el océano, mientras que los bosques son los riñones”, aclaró desmintiendo también que “en Bagua se dio la participación de otros actores que le dieron una connotación especial”.
Para él, este enfoque es para acusar a los que estuvieron en Bagua cuando la protesta también se realizó en Atalaya, Yurimaguas, etc.
Es más, recalcó, que la agenda indígena tuvo como eje principal la derogatoria de los decretos legislativos lesivos a los intereses nacionales emitidos por el Ejecutivo y que la supuesta multiplicidad de actores jamás la distorsionó.
“Lo peor es que el gobierno permitió que los partidos políticos y otros gremios se subieran a la lucha indígena demostrando así su incapacidad para prevenir y desmontar el conflicto”, indicó.
Respecto al caso de la Estación 6 de Petroperú, Rumrrill también criticó que a lo largo del informe se culpe a la prensa nacional “de difundir información no confirmada o exagerar cifras” y que al contrario, no haga ninguna referencia a la información racista y difamatoria de la gran prensa limeña antes y después del 5 de junio.
Lo peor, dice el especialista, “tampoco hace referencia a la andanada de insultos racistas de García, Jorge del Castillo y Mercedes Cabanillas contra los pueblos indígenas que provocaron una rabia tremenda.
Ellos fueron los instigadores además de cierta prensa limeña que trataba mal a los indígenas”.
“Es más, señala, las motivaciones del paro fueron de carácter social mas no indígenas.
¿Acaso las demandas indígenas no eran sociales?, se preguntó respecto a esta supuesta confusión de términos, sin dejar de recordar la mentira de la entonces ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, respecto a que la derogatoria afectaría el TLC con EE.UU.
Pero eso no es todo.
Para Rumrrill también resulta descabellado que el informe diga que hubo “una falta de tacto” del Ejecutivo. “¡Fue un error político de este gobierno como consecuencia de su falta de respeto a los pueblos indígenas a los que los califica de Perro del Hortelano! .
Por lo tanto, los decretos no tocaron ‘la delicada sensibilidad amazónica’ sino su dignidad y autoestima provocando la más unitaria resistencia”.
Resistencia histórica.
Una larga resistencia indígena que comenzó en agosto del 2008 y se coronó en junio del 2009, porque sólo contó con el silencio y las mecidas de una campaña difamatoria del gobierno generando sólo la solidaridad nacional e internacional, dice Rumrrill.
Por lo tanto, dice el estudioso, este informe ha dividido más a los pueblos indígenas con el gobierno de García, pero ha unido más a los pueblos indígenas.
“Y es que la falta de objetividad del informe provocó que los indígenas que estaban del otro lado, también se sumen a las críticas porque no se señalan las causas fundamentales del enfrentamiento en Bagua: la derogatoria de los decretos, además de la individualización de los culpables o por lo menos, apuntar hacia ellos”.
Por lo tanto, si los representantes de las comunidades amazónicas Jesús Manacés y la hermana Carmen Gómez, firmaban el texto, hubieran traicionado a la causa indígena y a la verdad.
“Este informe suscrito por personalidades respetables es una sombra sobre ellos”, advirtió.
Lina Godoy
Redacción
