En acto por aniversario de Lima, alcalde Castañeda se acompañó por Luis Rubio, director de los Hospitales de la Solidaridad. Muchos ven en él al candidato sucesor, pero hay debate.
El sol sigue perezoso pero en la plaza política ya se calienta un verano de definiciones.
El aniversario de Lima sirvió de plataforma para una sesión solemne en la que el presidente Alan García propuso a la Real Academia cambiar la definición de “mudo” por “hombre de verbo inflamado, ideas claras y acción eficiente”. Se refería, por supuesto, al mote impuesto al temprano puntero hacia el 2011, el alcalde de Lima Luis Castañeda.
El piropo venía con su dosis de humor negro. Castañeda pronunció un discurso encendido para sus estándares pero aun así dejó en claro el formidable desafío que le espera en términos de comunicación, si en verdad se lanza a la arena presidencial.
Además de recitar el rosario de obras que lo tiene en la cresta de la aprobación, Castañeda destacó en su intervención una de las principales razones que explican por qué las arcas municipales pueden financiar dichos proyectos. El saneamiento económico y financiero, además del disparo en las recaudaciones, le han permitido acceder al crédito de instituciones como el BID y el Banco Mundial, además de realizar operaciones sin precedentes para la comuna, como el reperfilamiento de deuda, fideicomiso y emisión de bonos.
Castañeda se flanqueó de Luis Rubio, mandamás de los Hospitales de la Solidaridad que ha sido señalado como su posible delfín en Lima metropolitana. Pero a su lado también estaba Martín Bustamante, teniente alcalde de Miraflores y probablemente su colaborador de más confianza. Se sabe que Bustamante se cuenta entre quienes piensan que Solidaridad debería guardar las energías para el 2011 y no exponerse a un posible fracaso este año.
Pero el alcalde no fue el único que repasó logros. AGP destacó que en los últimos cuatro años se ha invertido S/. 53,800 millones, ocho veces lo invertido en los cuatro años previos.
El discurso presidencial parecía conectado con las declaraciones del ex premier Jorge del Castillo, que a la mañana siguiente reconoció en RPP que pensaba poner a disposición de su partido una precandidatura presidencial. El congreso para elegir a las nuevas autoridades apristas se realizará en marzo próximo (ver Mar de Fondo).
Del Castillo parece listo para una ofensiva, y no solo hacia dentro del oficialismo.
Anunció que, a pesar de que el Congreso no le encontró responsabilidad penal, solicitará a la fiscal Gladys Echaíz que el Ministerio Público lo investigue preliminarmente en torno al caso de los “petroaudios”, para lo que no es necesario el levantamiento de su fuero como congresista. Ciertamente, con la presentación del peritaje sobre la licitación de los lotes petroleros (ver nota aparte), el viento en ese sentido sopla a su favor.
El congresista ha sido cauto para afirmar que sopesará sus posibilidades reales antes de tirarse a la piscina (“cuando me meto a algo entro a ganar, no a perder ni a rellenar”), pero en todo caso representa el deseo de un sector del oficialismo –¿está incluido allí el Presidente?– de jugar la carta de la continuidad, luego de un gobierno que terminará con números en azul. Pero para otros la realidad mirada con lupa justifica un golpe de timón.
El domingo 17, La República publicó el Manifiesto ¡Por la transformación del Perú! (los signos de exclamación son de origen), en el que 26 intelectuales proclaman su apoyo a la candidatura presidencial del “ciudadano Ollanta Humala Tasso”. Entre los adherentes figuran, en orden alfabético, Alberto Adrianzén, Omar Chehade, Manuel Dammert Ego Aguirre, Ricardo Soberón, Félix Jiménez, Salomón Lerner Ghittis, Sinesio López, Nicolás Lynch, Blanca Rosales, Roger Rumrill, Carlos Tapia y Raúl Wiener. Se trata de un colectivo zurdo que se autotitula “Intelectuales por el Cambio”. “Es el inicio de un proceso para participar en la formulación y discusión del plan de gobierno”, explicó Jiménez a CARETAS.
El Manifiesto exige el cambio del modelo primario exportador por una “economía nacional de mercado abierta al mundo”. Demanda un gobierno que “recupere el control nacional de los recursos naturales” y “revise todos los tratados de libre comercio que se opongan a nuestra voluntad soberana”.
El manifiesto se cuida de mencionar la palabra socialismo y de la retórica bolivariana, tomando tácita distancia de Hugo Chávez, en caída libre. El gobierno venezolano ha colapsado por el lado económico. Hace 15 días devaluó su moneda drásticamente con respecto al dólar. La expropiación de la cadena de supermercados Éxito parece la antesala de medidas más radicales. El siguiente paso previsible es la estatización de la banca. “Si Humala no toma distancias se va por el mismo ducto”, opinó un observador.
En contraste, proponen que “la economía nacional de mercado debe integrar al país con infraestructura y mecanismos de financiamiento para acabar con el atraso en la sierra y la selva”, señala Jiménez, ex director de Crédito Público del MEF con Alejandro Toledo.
El “manifiesto” considera que “el país está en una encrucijada”. Si se cotejan sus propuestas con las del APRA o Pedro Pablo Kuczynski, se entiende por qué. “Lamentablemente una buena parte de nuestra clase política sigue creyendo que el efectismo, la bulla y la retórica anticuada son un sustituto para el progreso real. Lo vemos todos los días”, escribió PPK en su primera propuesta de gestión de gobierno colgada la semana pasada en Facebook (ppk.pe).
En lugar de manifiestos en la prensa diaria, PPK pretende enganchar con la opinión pública a través de Internet. Tiene una cuenta Twitter y el facebook de PPK ya cuenta con 5,002 fans. PPK también ha colgado en Youtube el primero de cinco videos.
En su primera columna, PPK saludó la presente discusión sobre el Plan Nacional para el periodo 2010-2021 y al CEPLAN. Lejos de exigir una nueva Constitución y la refundación del Estado-Nación, PPK sostuvo que para que el plan logre sus objetivos, “se necesitan varios ingredientes”, entre ellos: mecanismos para monitorear el cumplimiento de las metas y analizar y explicar cómo se va a financiar el plan a través de la inversión pública “y las medidas que se necesitan para que el gobierno –central, regional, municipal– facilite las inversiones privadas en el plan, sobre todo en concesiones para la infraestructura”. Según él “básicamente en la próxima década la inversión bruta interna debería alcanzar un mínimo de 25% del producto, probablemente una meta demasiado baja, 20% del sector privado y un mínimo de 5% del sector público”. Las cartas están echadas.
