Admitámoslo: habiendo figurado en la lista de candidatos para integrar la comisión investigadora de los sucesos de Bagua, me alivia no haber sido elegido para ese cometido. Acabo de terminar de leer las 104 páginas del informe final, incluidas la adenda del religioso Ricardo Álvarez –que sí firmó- y las críticas de Jesús Manacés, presidente de la comisión y representante indígena, junto a la religiosa Maricarmen Gómez, quienes no firmaron. Mi alivio proviene esencialmente de la magnitud de la tarea, para la que no se ha contado con el tiempo, los recursos ni, sobre todo (y no “sobretodo” como reiteradamente se escribe en el documento, con lo cual se alude a un abrigo o impermeable que se lleva sobre las demás prendas, cubriéndolas, ¿habrá algo inconsciente en ese repetido lapsus calami?), la composición independiente de los miembros de la comisión.
Con una mayoría de personas vinculadas a este Gobierno en el equipo conformado, el resultado no puede sorprender a nadie. Los responsables de la tragedia serían los congresistas nacionalistas azuzadores, el SUTEP, las ONG (¿cuáles?, el documento no lo especifica), comunicadores belgas (¡), los medios de comunicación, la Iglesia (la que defiende a los pobres, se entiende)… Como cualquier lector conocedor de los usos y costumbres de este régimen podrá advertir, se trata de la lista habitual de aquellos a quienes el Gobierno considera como sus enemigos políticos, reales o fantasmales.
En consecuencia, no se menciona la irresponsable declaración de la actual ministra de Economía, según la cual la abolición de los decretos se traería abajo el TLC. Mucho menos los ciudadanos de segunda del presidente García o los desatinos de la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ni las mecidas del Apra en el Congreso.
Añádase a la lista anterior la “ignorancia” de los nativos y listo el desaguisado. 104 páginas después, no siento que haya avanzado nada en mi comprensión de lo sucedido ese día terrible. Más bien se advierte una consistente falta de rigor y seriedad. Como lo señala Jacqueline Fowks en su blog Notas desde Lenovo, el que mejor ha cubierto los sucesos de Bagua a lo largo del año:“El informe dedica una gran cantidad de páginas a la cronología de los hechos anteriores al 5 de junio y en ella comete el error de no señalar las fuentes de información incluso cuando mezcla supuestos datos con juicios de valor: tal falta en un informe de investigación es grave, pues no hay referencias que permitan verificar sus afirmaciones.”
Es probable que haya habido buena intención de parte de Susana Pinilla, Pilar Mazzetti y Manuel Bernales, las personas vinculadas al Gobierno. Dudo que hayan recibido órdenes explícitas de blanqueo gubernamental. No hacían falta. Nada es más eficiente que la autocensura, porque produce una engañosa impresión de sinceridad. Vamos, hubiera sido iluso esperar otra cosa de este Gobierno para el cual la verdad se subordina, “sobretodo”, a la política.
