Opinión Lun. 23 nov '09
Otorongos hasta la muerte (y después)
Autor: Fritz Du बोइस

Nuevamente asomó su rostro la cédula viva, ese privilegiado sistema de pensiones ideado por gobernantes acostumbrados a saquear al Estado para mantener la costumbre incluso más allá de su muerte.Recordemos que el Decreto Ley 20530 era un absurdo esquema que sumaba años de servicio al Estado de manera arbitraria llevando a que funcionarios obtuvieran una pensión completa antes de cumplir 40 años. Para colmo, el monto estaba atado al salario del funcionario que ocupaba el último cargo que tuvo el jubilado. Todo ello sin que exista ninguna reserva financiera para cubrir tan millonarias obligaciones. Peor aun, eran las propias entidades y empresas públicas las que determinaban, sin control alguno, los montos así como otros beneficios de las pensiones. De esa manera, los que estaban a cargo de ellas se iban haciendo la camita para cuando llegue el momento de que ellos también gocen de jubilación con condiciones que eran cada vez mejores.Incluso este escandaloso sistema implicaba no solo que el que llegaba al Estado se convertía eternamente en una carga creciente para el contribuyente, sino que como la pensión era tan atractiva, que daba pena perderla cuando murieran, esta la heredaban las hijas siempre y cuando se quedaran solteras. Por ello el sistema, a lo largo de décadas, no solo quebró al Tesoro sino que llevó a muchas descendientes a vivir en pecado para no perder el privilegio.Ahora resulta que tenemos una planilla dorada y 'pasiva’ en el Congreso de cientos de ex legisladores que gozan de una jugosa pensión –en promedio diez veces mayor que la de cualquier otro servidor– y cuyo monto fue aumentado significativamente por la mesa directiva del Parlamento en los últimos días del gobierno de transición, justamente el Congreso de menor duración. Es decir, los propios congresistas, días antes de partir, se otorgaron altísimas pensiones que tendremos que pagarles durante el resto de su vida, y después, todos los peruanos.Por otro lado, es el mismo Congreso el que decide la pensión. Por tanto, no hay mayor control y seguro que estas han sido otorgadas por presión. Esperamos que el Legislativo aclare con urgencia esta escandalosa situación y determine si la decisión del 2001 es valida, así como si todos los beneficiados tienen realmente derecho a tan atractiva, y costosa, jubilación.