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La investigación de Bajo la Lupa respecto a cómo los intereses mineros buscan colocar gente en el Congreso es ilustrativa de su interés en copar el aparato del Estado para defender sus intereses. La asociación civil Reflexión Democrática, dirigida por el dueño de Buenaventura y socio de Yanacocha, Roque Benavides, tiene un programa llamado Para un Mejor Congreso, con dos grandes objetivos: ser un punto de “referencia y orientación principal sobre temas parlamentarios” y reclutar postulantes para apoyarlos en su campaña electoral. Dicho en simple, construir un escalón de escuderos en el Congreso que asuman la defensa de los privilegios de las grandes empresas mineras.
El 2006, con intervención del fujimorista Vicente Silva Checa, Reflexión Democrática intervino en la campaña de demolición de la candidatura de Ollanta Humala, con financiamiento de mineros y petroleros. Ahora reclutaron a 23 candidatos al Congreso: 8 fujimoristas (Aguinaga, Luz Salgado, Ruiz, Palomino, Lucioni, Romero, Días y Cecilia Chacón, activa en la Comisión de Energía y Minas del Congreso actual defendiendo a las mineras, y con un proceso abierto por corrupción al que se niega a comparecer), 4 de Solidaridad (Urtecho, Juárez, Conde y Paredes), 4 del Apra (Nidia Vílchez, Luciana León, Montenegro y Córdova), 4 de PPK (Pérez Tello, Galarreta, Eguren y Yamashiro) y otros 3 de Perú Posible. Los apoyarán con US$ 20,000 en sus campañas a cada uno.
¿Qué quieren las mineras? Evitar nuevas reglas en el manejo de nuestros recursos naturales. Gran parte de estas empresas vino al país cuando el cobre estaba a US$ 0.70 centavos la libra y el oro alrededor de US$ 300 la onza, pero hoy bordean los US$ 4.20 y US$ 1,450, respectivamente. Es decir, obtienen gigantescas sobreganancias, pero se niegan a renegociar las reglas de juego, a dejarle al país una mayor parte de la enorme torta que se llevan, y a modificar los contratos de estabilidad tributaria que firmaron hace años y que les garantizan enormes privilegios. Quieren evitar, igualmente, que un nuevo gobierno y cambios legales los lleven a la obligación de comprometerse a transformar los minerales, transferir ciencia y tecnología, y generar industrias que abran nuevas perspectivas a un país dedicado a exportar materias primas.
Las mineras obtuvieron unos US$ 27,000 millones de utilidades entre el 2007 y 2010, pero dejaron apenas unos US$ 8,000 millones en impuesto a la renta. García nunca aplicó el prometido impuesto a las sobreganancias que hubiera permitido –durante su gestión– recaudar unos US$ 6,500 millones adicionales para el presupuesto. En cambio, negoció un “Óbolo Minero” minúsculo que apenas representaba el 7.5% del impuesto a la renta, se ha ejecutado solo en 58% a 4 años de funcionamiento y lo manejan directamente las empresas. A su vez, gran parte de las mineras no paga las regalías, que deberían pagar, amparándose en contratos de estabilidad tributaria y han dejado solo US$ 800 millones entre el 2005 y 2010, cuando en Chile pagaron más de 3,600 millones.
Sus escandalosos privilegios llegan a permitirles reinvertir utilidades en sus propios negocios sin pagar impuesto a la renta. Cerro Verde reinvirtió US$ 800 millones de utilidades con derecho a dejar de pagar cerca de US$ 240 millones al fisco y Antamina reinvirtió US$ 900 millones con un crédito tributario de 270 millones. Pero además, las empresas cambian de mano, se venden fuera del país, y no pagan al Perú el impuesto a la renta por las ganancias que obtienen entre el precio al que recibieron la concesión y el precio al que la vendieron. Así, la venta de Toromocho a Chinalco debió haber pagado unos US$ 218 millones, la de Bayóbar unos US$ 112, la de Majaz unos US$ 60 millones. Y el Perú no vio ni un centavo.
Cambiar este manejo, recuperando soberanía sobre el control de nuestros recursos naturales y revisando una legislación abusiva, o dejar todo como está: esa es la batalla por darle al país lo que le corresponde para su progreso y un crecimiento que beneficie a todos. Eso es lo que la “bancada congresal minera” buscaría evitar.
La investigación de Bajo la Lupa respecto a cómo los intereses mineros buscan colocar gente en el Congreso es ilustrativa de su interés en copar el aparato del Estado para defender sus intereses. La asociación civil Reflexión Democrática, dirigida por el dueño de Buenaventura y socio de Yanacocha, Roque Benavides, tiene un programa llamado Para un Mejor Congreso, con dos grandes objetivos: ser un punto de “referencia y orientación principal sobre temas parlamentarios” y reclutar postulantes para apoyarlos en su campaña electoral. Dicho en simple, construir un escalón de escuderos en el Congreso que asuman la defensa de los privilegios de las grandes empresas mineras.
El 2006, con intervención del fujimorista Vicente Silva Checa, Reflexión Democrática intervino en la campaña de demolición de la candidatura de Ollanta Humala, con financiamiento de mineros y petroleros. Ahora reclutaron a 23 candidatos al Congreso: 8 fujimoristas (Aguinaga, Luz Salgado, Ruiz, Palomino, Lucioni, Romero, Días y Cecilia Chacón, activa en la Comisión de Energía y Minas del Congreso actual defendiendo a las mineras, y con un proceso abierto por corrupción al que se niega a comparecer), 4 de Solidaridad (Urtecho, Juárez, Conde y Paredes), 4 del Apra (Nidia Vílchez, Luciana León, Montenegro y Córdova), 4 de PPK (Pérez Tello, Galarreta, Eguren y Yamashiro) y otros 3 de Perú Posible. Los apoyarán con US$ 20,000 en sus campañas a cada uno.
¿Qué quieren las mineras? Evitar nuevas reglas en el manejo de nuestros recursos naturales. Gran parte de estas empresas vino al país cuando el cobre estaba a US$ 0.70 centavos la libra y el oro alrededor de US$ 300 la onza, pero hoy bordean los US$ 4.20 y US$ 1,450, respectivamente. Es decir, obtienen gigantescas sobreganancias, pero se niegan a renegociar las reglas de juego, a dejarle al país una mayor parte de la enorme torta que se llevan, y a modificar los contratos de estabilidad tributaria que firmaron hace años y que les garantizan enormes privilegios. Quieren evitar, igualmente, que un nuevo gobierno y cambios legales los lleven a la obligación de comprometerse a transformar los minerales, transferir ciencia y tecnología, y generar industrias que abran nuevas perspectivas a un país dedicado a exportar materias primas.
Las mineras obtuvieron unos US$ 27,000 millones de utilidades entre el 2007 y 2010, pero dejaron apenas unos US$ 8,000 millones en impuesto a la renta. García nunca aplicó el prometido impuesto a las sobreganancias que hubiera permitido –durante su gestión– recaudar unos US$ 6,500 millones adicionales para el presupuesto. En cambio, negoció un “Óbolo Minero” minúsculo que apenas representaba el 7.5% del impuesto a la renta, se ha ejecutado solo en 58% a 4 años de funcionamiento y lo manejan directamente las empresas. A su vez, gran parte de las mineras no paga las regalías, que deberían pagar, amparándose en contratos de estabilidad tributaria y han dejado solo US$ 800 millones entre el 2005 y 2010, cuando en Chile pagaron más de 3,600 millones.
Sus escandalosos privilegios llegan a permitirles reinvertir utilidades en sus propios negocios sin pagar impuesto a la renta. Cerro Verde reinvirtió US$ 800 millones de utilidades con derecho a dejar de pagar cerca de US$ 240 millones al fisco y Antamina reinvirtió US$ 900 millones con un crédito tributario de 270 millones. Pero además, las empresas cambian de mano, se venden fuera del país, y no pagan al Perú el impuesto a la renta por las ganancias que obtienen entre el precio al que recibieron la concesión y el precio al que la vendieron. Así, la venta de Toromocho a Chinalco debió haber pagado unos US$ 218 millones, la de Bayóbar unos US$ 112, la de Majaz unos US$ 60 millones. Y el Perú no vio ni un centavo.
Cambiar este manejo, recuperando soberanía sobre el control de nuestros recursos naturales y revisando una legislación abusiva, o dejar todo como está: esa es la batalla por darle al país lo que le corresponde para su progreso y un crecimiento que beneficie a todos. Eso es lo que la “bancada congresal minera” buscaría evitar.
