El país se encuentra sumergido en una profunda crisis moral provocada por los máximos líderes del partido de gobierno, quienes han profundizado el deterioro político y social, como consecuencia de la imposición de un modelo económico que propicia el robo y pillaje del tesoro público.
Los dos gobiernos de Alan García quedarán signados como los más corruptos de la historia del Perú, comparables sólo a la dictadura fujimontesinista.
Los casos del SIS, Petroaudios, Cofopri, Collique, Paita son algunos de los ejemplos de la manera como el APRA perjudica a las miles de familias pobres que se ven impedidas de recibir su derecho de ser apoyados por el Estado, debido a los actos delincuenciales (robos) que realizan sus representantes.
Muchos de estos casos involucran al Presidente, quien viene siendo blindado por sus correligionarios, tal como lo hizo Agustín Mantilla en el pasado u otros prominentes ex ministros de su primer gobierno como Rómulo León, Remigio Morales Bermúdez.
A esto debemos sumar los escandalosos casos, como el del BCCI y la compra de los aviones Mirage o el Tren Eléctrico durante el corrupto primer gobierno del APRA.
Otro hecho de corrupción que se viene tejiendo es en el uso del Gas de Camisea, debido a que los intereses ilícitos protegidos por el actual ministro de energía y Minas impedirán la utilización de dicho recurso para el desarrollo y progreso del Perú.
A pesar de los anuncios de crisis energética para nuestro país en los próximos años, el gobierno persiste en regalar nuestro gas a los mexicanos, dejando a los hogares peruanos a merced de la especulación y voluntad de las transnacionales que nos venderán un gas más caro y casi inaccesible para los sectores populares. La carencia de una oposición social y política articulada permite que un partido debilitado y copado por una elite acusada de corrupta, permanezca intocable y blindada por una idea de que la gobernabilidad significa mantener un sistema que concentra las ganancias en pocas manos pero socializa las pérdidas entre todos los peruanos.
Frente a esta realidad, la CGTP continúa en su lucha contra la corrupción a través de las denuncias públicas, las movilizaciones en todo el país, generando foros y espacios académicos y propugnando que en las próximas elecciones se sancione a los corruptos no eligiéndolos, además de exigir a las autoridades competentes que les apliquen las penas correspondientes para impedir la impunidad y la grosera prescripción. No cesaremos en la lucha por un verdadero desarrollo nacional.
