Lun, 01/03/2010 - 05:00
García vuelve a la ofensiva.
Ha planteado al Congreso una modificatoria de la legislación sobre Desplazados para “facilitar” al Estado el desplazamiento forzado de poblaciones enteras ubicadas en territorios que resulten de interés para el desarrollo de grandes inversiones de “interés público o primordial”. Y Petroperú anuncia que continuará la subasta de lotes de petroleros amazónicos en abril.
Tras la norma, que Róger Rumrrill ha llamado un “etnocidio cultural”, hay importantes intereses que pretenden apropiarse de tierras de las comunidades nativas, campesinas y de mestizos que pueblan zonas –como la Amazonía y los Andes– ricas en recursos naturales.
El desalojo forzado sirve a quienes tienen denuncias para industrias extractivas (principalmente petroleras) en más de dos terceras partes de la Amazonía, pero también a quienes pretenden imponer el Convenio con el Brasil para construir varias centrales hidroeléctricas en territorio peruano –comenzando con Inambari– y generar electricidad, centralmente para el poderoso vecino, a costa de inundar cientos de kilómetros cuadrados de nuestro territorio y formar espejos de agua que producirían grave amenaza al medio ambiente y fuerte impacto sobre los sistemas ecológicos y poblaciones que serían desplazadas y afectadas.
Poco importa al gobierno violar, otra vez, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales que exige consulta previa a éstos, lo que ciertamente no se ha producido.
Menos importa a García y a Velásquez Quesquén que ello destruya los supuestos espacios de diálogo abiertos luego de la sangrienta e irresponsable actuación que llevó al “Baguazo”, con decenas de muertos y heridos. Los intereses del gran capital –y sus coimisiones– están por encima de todo. Las movilizaciones indígenas se han comenzado a reactivar, pero el grueso del país observa casi impasible cómo se construye un escenario de conflicto que una película muy vista estos días, Avatar, recrea sencilla y gráficamente.
A esta brutal agresión contra una parte importante de los peruanos y peruanas más pobres y oprimidos, se suman numerosos hechos bochornosos, pero que no generan efectiva respuesta política y social. Apenas si alborotan el gallinero periodístico y mediático, mientras pocos reaccionan, se indignan o protestan activamente. Pocas veces se ha sentido tan claramente el efecto de la descomposición moral en el país como ahora.
No voy a recapitular el que el escándalo y la corrupción asoman en cada institución que se mire.
El caso del Consejo Nacional de la Magistratura en el nombramiento de quienes administran justicia es vergonzoso.
Pero parece que un recambio de presidente y una supuesta investigación son suficientes para ganar tiempo y pasarlo al olvido.
Los petroaudios, el faenón, y los vínculos de connotados políticos del gobierno apro-fujimorista (desde congresistas hasta ministros) con Business Track y su jefe, Ponce Feijóo, siguen en la nebulosa.
Sale –a cuentagotas– la información del récord de llamadas entre apristas, fujimoristas y Ponce, el Congreso no accede a los discos duros y USB en los que constan las grabaciones y se traba el informe de su Comisión Investigadora, mientras el PJ deshoja margaritas. El tiempo pasa. Nadie ubica a los responsables de ordenar las grabaciones y beneficiarse de ellas.
¿Y el caso Relima-Comunicore? Pone en grave entredicho al Alcalde de Lima y su administración en el cobro de una deuda millonaria por una empresa fantasmal y la posterior renovación de contrato por 10 años para Relima.
¿Y las preferencias electorales por Keiko Fujimori y Alex Kouri –dos connotados fujimontesinistas– en Lima, que dicen de los criterios éticos de un sector de la población y de los niveles de descomposición moral?
Pero lo más penoso es la apatía de la mayoría. El desgano y la modorra cubren el país como un manto de húmeda y calurosa neblina mientras se acercan las elecciones
