En febrero de 1975, la policía se declaró en huelga y el conflicto, encarado torpemente por la dictadura militar de entonces, escaló fuera de todo control y desembocó en el saqueo general de los comercios del centro de la ciudad de Lima, con decenas de víctimas civiles abatidas por el ejército. Era la primera vez que la policía, cansada de ser postergada, recurría a una acción de reivindicación gremial que la ley no le permite.
El caso debió tomarse como una clarinada de alerta, como una señal urgente para enmendar lo que desde el Estado se hacía mal en relación con la policía. No obstante, desde entonces, el deterioro no ha hecho sino extenderse y profundizarse sin que los varios gobiernos que se sucedieron hasta el actual hayan hecho algo efectivo por detener este lamentable declive.
El caso debió tomarse como una clarinada de alerta, como una señal urgente para enmendar lo que desde el Estado se hacía mal en relación con la policía. No obstante, desde entonces, el deterioro no ha hecho sino extenderse y profundizarse sin que los varios gobiernos que se sucedieron hasta el actual hayan hecho algo efectivo por detener este lamentable declive.
El Ministerio del Interior ha visto pasar toda clase de ministros, de ideologías y personalidades multicolores, pero unidos en la improvisación y la estrechez de horizonte. Que quede claro que si el país tiene una PNP desmoralizada e ineficaz es porque así lo ha querido su clase política. No era ni es inexorable que fuese así. Momentos de excepción como las administraciones de los ministros Fernando Rospigliosi y Gino Costa, que plantearon una reforma policial profunda y ambiciosa, fueron puestos de lado por quienes prefieren reinar sobre el marasmo para sacar partido de él.
A una clase política carente de auténtica vocación democrática y profundamente corrupta le basta con tener la policía que tenemos. Porque otra cosa sería si hubiese la voluntad de relacionarse con la población de un modo distinto: respetuoso, igualitario y ajustado a la ley. Por eso, cada vez que piensan en la PNP, no van más allá del fortalecimiento de su capacidad para acciones de fuerza. No tienen igual importancia para ellos temas como la relación con la población o el estatus del propio policía, cada vez más empobrecido y menos formado.
Incluso los derechos del policía que sufre lesiones o pierde la vida en acción no son atendidos con prontitud. Los políticos suelen en tales casos rendir homenajes verbales para luego olvidar los reclamos concretos en la marabunta burocrática. Es evidente que esto no puede continuar, que no podemos seguir postergando el desafío de una reforma y reconstrucción de la PNP. Este gobierno, evidentemente, ya no la hará. Lo lamentable es que, entre los candidatos que se perfilan hacia el 2011, tampoco se percibe alguien que garantice un cambio radical de esta situación.
