El Gobierno se está equivocando terriblemente al no solucionar el grave problema de los sueldos militares y policiales, porque esa cuenta terminará pasándonos una factura eventualmente violenta.
El Apra sí consignó en su plan de gobierno 2006-2011 un compromiso para avanzar a la homologación y saneamiento previsional de las FF.AA. y la PNP, incluyendo una reestructuración integral de la Caja de Pensiones Policial-Militar. Eso, sumado a una serie de discursos conceptualmente correctos, demuestra que el presidente García conoce el problema larvado durante décadas; pero su entorno, así como la bancada oficialista (apoyada por una desorientada oposición) sistemáticamente bloquean las salidas legales y presupuestales.
Es cierto que el paquete total para regularizar la cuestión tarde o temprano costará al Estado unos 5.000 millones de soles. Es cierto también que en algún momento tendrá que echarse mano de los fondos públicos para refinanciar la caja o crear un nuevo sistema previsional castrense. Pero no es menos cierto que no se reclama un inmediato desembolso multimillonario.
Si al inicio de este régimen se hubiese comenzado un saneamiento progresivo (oportunamente planteado por los ministros Wagner, Flores-Aráoz y Rey), ya se estaría transitando por un esquema ordenado y financiable como la deuda externa. En cambio, propuestas desesperadas como el bono extraordinario o incrementos ridículos son solo paliativos inútiles.
Y cuando se llega a situaciones límite, como la presente, enerva que se manipule el debate público desviándolo al tema de la cédula viva. Para quienes hicieron una carrera con ese régimen, por supuesto que sería injusto variarles las expectativas de una pensión decente. Pero militares y policías sensatos entienden que si se sanea escalonadamente el hueco actual (en unos cinco años) los futuros militares sí se incluirían en el sistema de las AFP o del fondo estatal.
Por otra parte es falso que ahora se esté exigiendo homologación, porque todos saben que antes de homologar tiene que hacerse un auténtico escalafón del Estado.
Por lo demás, es penoso que ignorando el propio compromiso presidencial, ahora se hagan campañas mediáticas desde el Ejecutivo con cifras y cálculos incorrectos. Por ejemplo la verdad es que un almirante o equivalente en retiro tiene un sueldo artificial porque si bien percibe una serie de asignaciones, cuenta con un pensionable de únicamente 75 céntimos de sol. Monto ridículo frente al cual los institutos desarrollaron esquemas de compensación desesperados (gasolina, chofer, comisiones, etc.) que durante décadas fueron fuente de corrupción y distorsiones.
¿Por qué el empecinamiento de no estructurar una solución integral? Aunque duela a muchos reconocerlo, la razón no es tanto económica, sino ideológica: campea en la clase política de izquierda y de derecha un sentimiento de desconfianza, desprecio, incomprensión y hasta desconocimiento por todo lo militar. No entienden que esa actitud necia —alimentada por la desinformación, el radicalismo y los intereses antiperuanos— en algún momento nos va a llevar a una gravísima crisis institucional. Estamos advertidos
El Apra sí consignó en su plan de gobierno 2006-2011 un compromiso para avanzar a la homologación y saneamiento previsional de las FF.AA. y la PNP, incluyendo una reestructuración integral de la Caja de Pensiones Policial-Militar. Eso, sumado a una serie de discursos conceptualmente correctos, demuestra que el presidente García conoce el problema larvado durante décadas; pero su entorno, así como la bancada oficialista (apoyada por una desorientada oposición) sistemáticamente bloquean las salidas legales y presupuestales.
Es cierto que el paquete total para regularizar la cuestión tarde o temprano costará al Estado unos 5.000 millones de soles. Es cierto también que en algún momento tendrá que echarse mano de los fondos públicos para refinanciar la caja o crear un nuevo sistema previsional castrense. Pero no es menos cierto que no se reclama un inmediato desembolso multimillonario.
Si al inicio de este régimen se hubiese comenzado un saneamiento progresivo (oportunamente planteado por los ministros Wagner, Flores-Aráoz y Rey), ya se estaría transitando por un esquema ordenado y financiable como la deuda externa. En cambio, propuestas desesperadas como el bono extraordinario o incrementos ridículos son solo paliativos inútiles.
Y cuando se llega a situaciones límite, como la presente, enerva que se manipule el debate público desviándolo al tema de la cédula viva. Para quienes hicieron una carrera con ese régimen, por supuesto que sería injusto variarles las expectativas de una pensión decente. Pero militares y policías sensatos entienden que si se sanea escalonadamente el hueco actual (en unos cinco años) los futuros militares sí se incluirían en el sistema de las AFP o del fondo estatal.
Por otra parte es falso que ahora se esté exigiendo homologación, porque todos saben que antes de homologar tiene que hacerse un auténtico escalafón del Estado.
Por lo demás, es penoso que ignorando el propio compromiso presidencial, ahora se hagan campañas mediáticas desde el Ejecutivo con cifras y cálculos incorrectos. Por ejemplo la verdad es que un almirante o equivalente en retiro tiene un sueldo artificial porque si bien percibe una serie de asignaciones, cuenta con un pensionable de únicamente 75 céntimos de sol. Monto ridículo frente al cual los institutos desarrollaron esquemas de compensación desesperados (gasolina, chofer, comisiones, etc.) que durante décadas fueron fuente de corrupción y distorsiones.
¿Por qué el empecinamiento de no estructurar una solución integral? Aunque duela a muchos reconocerlo, la razón no es tanto económica, sino ideológica: campea en la clase política de izquierda y de derecha un sentimiento de desconfianza, desprecio, incomprensión y hasta desconocimiento por todo lo militar. No entienden que esa actitud necia —alimentada por la desinformación, el radicalismo y los intereses antiperuanos— en algún momento nos va a llevar a una gravísima crisis institucional. Estamos advertidos
