miércoles, 24 de febrero de 2010

De qué sirve el CNM Por Carlos Reyna

Mié, 24/02/2010 -

El Consejo Nacional de la Magistratura ha unido en contra suya a casi toda la gente. “Graves cuestionamientos al CNM” tituló La República en su editorial del último domingo. Al día siguiente, El Comercio puso un título más punzante: “La descomposición del Consejo Nacional de la Magistratura”. Señaló “vergonzosos y grotescos escándalos”.
Uno y otro diario, como muchos juristas consultados, coinciden en que no se trata solamente de un incidente. Defectos estructurales, fallas de fondo, señalan. Se coincide en la urgencia de una reforma. El problema es el alcance de esa reforma.
Algunos proponen corregir la manera cómo el CNM examina y nombra a los jueces. Que sea transparente, racional y garantista de los derechos de los postulantes. Otros proponen enmendar, vía reforma constitucional, la composición del Consejo. Que todos vengan de la esfera de la abogacía y del derecho.
Cabe preguntarse, sin embargo, si no es la propia existencia del CNM la que debe ponerse en cuestión. Su creación, desde la Constitución de 1979, sustrajo al Congreso y al Presidente los nombramientos de los jueces y fiscales. El supuesto era, y sigue siendo, de que así no habría intervención política en esos nombramientos.
Los hechos han demostrado, todos estos años, que ese supuesto es falso. La injerencia política ha continuado, sólo que en una forma encubierta y bastante más turbia que antes. Es obvia la hegemonía de los apristas en alianza con argollas provenientes de ciertos colegios profesionales y de ese opaco mundillo de la Asamblea Nacional de Rectores.
Habría que asumir, con realismo, que designar, por ejemplo, jueces o fiscales supremos será siempre un asunto político de primera importancia y que en ello habrá siempre incidencia de actores políticos. Así es en todo el mundo. El punto es que esto sea hecho de manera más transparente, explícita y pública.
Por tanto, ¿no es hora de que esa atribución sea nuevamente asumida, de manera compartida, por el Congreso y el Presidente? Total, es el Congreso el que nombra al Defensor del Pueblo, al directorio del BCR, al Tribunal Constitucional y al Contralor. Son procesos discutibles, cuestionables, siempre, pero nunca tan turbios, irracionales y cubiertos de nocturnidad como el descompuesto CNM