domingo, 21 de marzo de 2010

DENUNCIAN CONSTITUCIONALMENTE A UGARTE EN EL PARLAMENTO



PÍLDORA DE EMERGENCIA

DENUNCIAN CONSTITUCIONALMENTE A UGARTE EN EL PARLAMENTO
Congresista Fabiola Morales interpuso la demanda por desacato a fallo del TC

Domingo 21 de Marzo del 2010


La congresista Fabiola Morales interpuso ante el Congreso, el viernes pasado, una denuncia constitucional contra el ministro de Salud Óscar Ugarte por desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba suspender la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.
Morales señaló que Ugarte ha infringido el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política, que señala que “Ninguna autoridad puede [...] dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada [...] ni modificar sentencias ni retardar ejecución”.
“Consentir la conducta del ministro de Salud sentaría un nefasto precedente que permitiría que cualquier persona, interpretando a su antojo los fundamentos de una sentencia pueda eximirse de lo que esta le ordena, lo que significaría el fin de la autoridad, de las resoluciones judiciales y la quiebra del Estado de derecho”, enfatizó la parlamentaria.
Morales expresó su preocupación por la manera como se ha tratado una asunto tan delicado en materia jurídica. “No podemos pasar por agua tibia un hecho tan grave. La Constitución señala por donde el señor ministro debió ir, y es que cualquier cambio en lo ordenado por el TC tendría que estar contenido en una nueva sentencia ante un nuevo proceso. De lo contrario es simplemente desobedecer un mandato”, dijo.
La parlamentaria sostuvo que el ministro de Salud, al emitir una resolución que se contrapone a un mandato del TC, expone al jefe del Estado a una denuncia por infracción constitucional, pues el artículo 118 de la Constitución señala que corresponde al presidente “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”.
ANTECEDENTESEl 22 de octubre del 2009 el TC emitió una sentencia por la cual ordenaba al Ministerio de Salud abstenerse de desarrollar como política pública la distribución gratuita en todo el país de la denominada píldora del día siguiente.
El 8 de marzo pasado el ministro de Salud, Óscar Ugarte, habló sobre nuevas pruebas, con base en versiones de la OMS, de que la píldora no sería abortiva, por lo que reanudó la distribución del anticonceptivo oral.

¿SANA ? ENVIDIA

La Argentina que yo quiero - 12-Mar-10 - Editorialhttp://laargentinaqueyoquiero.blogspot.com/2010/03/chile-2010.html
Chile 2010: ¿SANA? ENVIDIA
por Raquel E. Consigli y Horacio Martínez Paz

En realidad fue envidia, lisa y llana, la que sentimos ante el cambio de mando en la presidencia de Chile. Ya nos habíamos sorprendido hace cuatro años cuando Julio Lagos entregaba la banda presidencial a Michelle Bachelet, aunque, en el fondo, se traspasaban la banda dos representantes del mismo partido. En aquel momento, marzo de 2006, nos sorprendió la sobriedad del acto y la ausencia total de estridencias de cualquier tipo.
Ayer se sumaba un nuevo condimento, porque el relevo presidencial se verificaba entre una presidente de izquierda y uno de derecha. Sin embargo, no sólo reinaron el orden, la sobriedad y el respeto, sino que el mismo auditorio, reunido en forma espontánea en las calles de Santiago, aplaudió a rabiar, y por igual, a la presidente saliente y al mandatario entrante.
No hubo bombos, gritos, insultos o papelitos. Tampoco señoras reclamando supuestos hijos desaparecidos. No se vieron piqueteros en las calles y plazas adyacentes, cortando la circulación y blandiendo muñecos inflables y carteles de las así llamadas "organizaciones sociales".
Michelle Bachelet se retiró con el 84% de imagen positiva entre su pueblo, aun después del terremoto de fines de febrero. A pesar de haber sufrido en carne propia y en la de su padre al severísimo régimen de Augusto Pinochet, jamás intentó denostar, diezmar o destruir a las fuerzas armadas de su país, ganándose el aprecio de los militares que ayer le brindaron una emotiva despedida. Tampoco se le ocurrió a la presidente saliente en los cuatro años que duró su gestión, como tampoco a los gobiernos de centro izquierda que la precedieron, tocar un ápice de la política económica que trazó el general junto a su entonces ministro de economía, Hernán Büchi.
Del otro lado de la cordillera se puede ser de izquierda o derecha, pero se es esencialmente chileno, y ambas tendencias, que en realidad difieren en matices, trabajan codo a codo por la grandeza de Chile, respetando a rajatabla sus instituciones y sus leyes.
De este lado de los Andes sucede todo lo contrario. Lo que hemos vivido desde fines de 1983 hasta la fecha es una permanente actitud de revancha, venganza, división y confrontación con todos los sectores y todas las instituciones sociales, (iglesia, escuela, fuerzas armadas, parlamento, justicia, etc.), elevada a la enésima potencia desde que el actual matrimonio presidencial ocupara la Casa Rosada en mayo de 2003.
La parquedad del acto en el país trasandino contrastó con lo que aquí experimentamos cotidianamente a través de la gestión K, como se pudo observar, por ejemplo, en la moderación en el vestuario de las mujeres en el poder. Tanto la presidente saliente como la primera dama entrante y las nuevas ministras y esposas de ministros y funcionarios se mostraron a tono con la realidad nacional, en significativo contraste con quien ejerce la primera magistratura en Argentina.
Tal vez otro rasgo diferenciador importantísimo fue la mesura y el optimismo de Sebastián Piñera en su primer discurso público como presidente, inaugurando una gestión que debe enfrentar un duro desafío debido a la reciente catástrofe natural. Por varias veces invocó a Dios, en su calidad de hombre profundamente creyente, y exaltó la familia y la vida como ejes rectores de la política que piensa llevar adelante con sus colaboradores, un gabinete de lujo integrado por 22 miembros, 13 de los cuales ostentan maestrías en sus respectivas áreas de estudio y trabajo, mientras que otros 6 son doctores, al tiempo que él mismo es magister y doctor en Economía por la Universidad de Harvard.
Este dato tampoco es menor, porque, comparado con la realidad argentina, desnuda la tremenda frivolidad, la evidente indigencia de ideas y la contudente falta de preparación, responsabilidad, capacidad y honradez que caracterizan a la actual gestión de gobierno en nuestro país.

¿Quién pone la plata?

Republivca 21.03,2010ç

¿Qué ocurre cuando nuestras agrupaciones políticas omiten o manipulan información sobre sus fuentes de financiamiento en tiempos electorales? Nada. Nuestra Ley de Partidos es tan débil en materia de sanciones y los organismos electorales en el país hacen tan poco por promover reformas jurídicas que los próximos comicios corren el riesgo de ser un festín de maletas ocultas llenas de billetes y declaraciones financieras adulteradas.Por Ghiovani HinojosaEs como si nuestra democracia sufriera el indeseable mal de amores. Cada vez que pretende asentarse sobre la estabilidad política –o emocional– de un sistema de partidos sólido, los dirigentes de las agrupaciones hacen lo posible por sacarle la vuelta. Una de las formas más claras de este comportamiento infiel es el ocultamiento y la manipulación de información sobre los ingresos y egresos partidarios, sobre todo en contextos electorales. Ahora que se avecinan cinco comicios –municipales, regionales de primera vuelta, regionales de segunda vuelta, generales de primera vuelta y generales de segunda vuelta–, podemos caer en la misma espiral de oscurantismo financiero que exhibieron las Nuevas Elecciones Municipales del 2009, cuando incluso organizaciones políticas paradigmáticas como el Apra y el Partido Popular Cristiano mostraron una grave falta de transparencia económica.Candidatos y partidos, cada uno por su lado“Recibimos cero soles y gastamos cero soles”. Ese fue el mensaje que, con inauditos cuadros estadísticos, le dieron a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el Partido Aprista Peruano, Acción Popular y Unión por el Perú en alusión a los gastos de campaña de las Elecciones Municipales de noviembre pasado, en las que se reemplazó a cerca de 90 alcaldes y regidores revocados. En cuanto a las alcaldías distritales, el primero postuló a 54 candidatos, 20 de los cuales resultaron electos; el segundo, propuso a 20, y obtuvo 8 triunfos; y el tercero, lanzó al ruedo político a 21, y ganó en 2 casos. Así, se trata de agrupaciones exitosas que, como es previsible, exhibieron un gran despliegue publicitario al interior del país. Otros 10 partidos, entre ellos Alianza para el Progreso, el Partido Nacionalista Peruano, el PPC y Perú Posible, ni siquiera se tomaron la molestia de responder la solicitud de información del ente electoral. Las dos únicas organizaciones que declararon gastos fueron Cambio 90 y Fonavistas del Perú.Como no es lógico pensar que los partidos ganadores hayan difundido sus propuestas y discursos sin desembolsar un quinto, la ONPE pidió información directamente a los candidatos. De este modo, supo, por ejemplo, que la actual alcaldesa aprista del distrito de Veintisiete de Noviembre, en Huaral (Lima), Lilian Pascual Mattos, sacó de su bolsillo 30 mil soles que invirtió en su campaña; Walter Chávez Altamirano, burgomaestre electo por Alianza para el Progreso en Bellavista, Jaén (Cajamarca), gastó 18 mil soles en la misma circunstancia; y el alcalde acciopopulista del distrito de Paracas, en Pisco (Ica), Pascual Yauricasa Tornero, invirtió 8,800 soles para llegar al poder. Es legítimo que los candidatos financien sus propias campañas, pero únicamente a través de la tesorería del partido. Solo así se someterían al control estatal. Demostrada la omisión inicial de información, ¿no es justo aplicar sanciones que inhiban a las agrupaciones políticas de declarar datos falsos? Aquí surge un doble problema inicial: la débil capacidad sancionadora y fiscalizadora que le concede la Ley de Partidos Políticos (2003) a la ONPE y la complacencia con la que esta entidad parece observar sus propias limitaciones.¿No corresponde una multa en este caso?, le preguntamos a Alfonso Chan, encargado de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. “De repente no al partido, sino al candidato. Pero esto último no está contemplado en la ley”, responde. Así, los partidos que manejan su economía electoral de forma enmarañada gozan de cierto ambiente de impunidad. En el caso citado, la ONPE solo les llamó la atención y les recomendó que subsanen la omisión en su próxima entrega de informes. Esta excesiva tolerancia, por otro lado, contrasta con la precariedad organizativa de los propios partidos. Por ejemplo, Franklin Chávez Montenegro, tesorero nacional titular del Apra, consultado por esta revista, se muestra desinformado sobre las omisiones económicas de su partido. “La ONPE canaliza toda nuestra información financiera. Si ellos le han dicho eso (lo de los ingresos y gastos no declarados el 2009), me imagino que debe ser así”, dice inseguro.El abogado Máximo Gallo, ex gerente de Fondos Partidarios de la ONPE, precisa que esta institución podría hacer más en materia de sanciones. “Cuando los partidos entregan información dan una declaración jurada (de veracidad de los datos). O sea, si ellos proveen una cifra que se comprueba que es falsa, se está ante un delito. Así, la entidad electoral, si bien no puede sancionarlos, debe denunciarlos penalmente. Si se trató de un error de digitación o de una omisión intencionada, eso lo tendría que determinar un juez”, explica.Ley permisiva y tramposaLos cuestionamientos centrales a la mentada Ley de Partidos Políticos en cuanto a las finanzas partidarias son tres. Primero, las causas de sanción previstas en el artículo 36 se limitan a tres (no presentar contabilidad detallada anual o semestral en los plazos establecidos; recibir ingresos de fuente prohibida u omitir –o adulterar– declaraciones económicas; y acreditar la existencia de aportaciones individuales mayores a 216 mil soles al año). Así se deja afuera la posibilidad de sancionar, por ejemplo, a los candidatos que contratan publicidad electoral directamente con los medios de comunicación –los tesoreros son los únicos facultados para hacerlo–, y a aquellos partidos cuya propaganda aparece más de 5 minutos diarios en cada televisora o radioemisora durante las elecciones generales, algo prohibido expresamente por la norma.Segundo, el artículo 31 reduce la tarea controladora de la ONPE a verificar que la información financiera presentada por las organizaciones políticas no incluya alguna de las tres fuentes prohibidas de financiamiento. De este modo, se deja desarmada a esta institución frente a la maña de algunos partidos que “licúan” donaciones que reciben de partidos políticos del exterior. Un ejemplo de esto, recuerda Gallo, ocurrió cuando el Partido Aprista el 2005 consignó una donación de cerca de 3 millones de soles de la Internacional Socialista como cientos de miles de pequeñas “aportaciones” de uno, dos y tres soles de sus militantes.Tercero, la sanción contemplada en el numeral 1 del artículo 36 contra las agrupaciones que no presentan su contabilidad detallada es la pérdida del derecho al financiamiento público directo (dinero que debe entregar el Gobierno a los partidos que tienen representantes en el Congreso), una medida que debió empezar a ejecutarse el 2007 y que hasta la fecha no se cumple. Un signo vívido de nuestra pobre institucionalidad: la peor sanción prevista por la ley para las agrupaciones políticas poco transparentes es retirarles un beneficio que nadie tiene.¿Y el gobierno? Bien, gracias“El gobierno peruano fue el primero en incumplir la Ley de Partidos por una decisión política”, rememora Máximo Gallo. Y es que el sistema de financiamiento público directo de los partidos dispuesto por el artículo 29 está totalmente abandonado hoy. La ONPE ha incluido como parte de su propuesta de presupuesto anual un monto destinado a este fin desde el 2007, pero este ha venido siendo rechazado sostenidamente por los legisladores de la Comisión de Presupuesto del Congreso. “El propio Parlamento que primero decidió que debía haber financiamiento público luego dijo no, porque era impopular”, recuerda Gallo.“En el fondo –explica el abogado Carlo Magno Salcedo– las dirigencias partidarias no están interesadas en el financiamiento público, ya que esto vendría acompañado de mayores niveles de fiscalización de las finanzas partidarias por parte del Estado”. Lo peor de todo esto es que si se compara el dinero que el gobierno debería dar a los partidos con presencia congresal –un total de 9.9 millones de soles anuales para capacitación, investigación y gastos regulares (por ejemplo, UPP y el Apra deberían recibir 2 millones de soles al año)– con los montos que invirtió en la publicidad o franja electoral en la primera y segunda vuelta el 2006 –23 millones de soles–, se advierte un desfase que refleja que el gobierno actual está más interesado en las campañas electorales que en fortalecer el sistema de partidos.Los comicios regionales y locales están a la vuelta de la esquina. Esta es una nueva oportunidad para reformar la ley y arrancar de cero. Si la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones mantienen una actitud acrítica frente a la informalidad financiera de los agrupaciones, la prensa y la ciudadanía deberíamos poner en evidencia la precariedad de nuestra democracia. Nuestra sanción moral podría ser tal vez más efectiva que la Ley de Partidos. Un funcionario electoral permisivo Alfonso Chan LeónGerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe–¿Cuántas sanciones ha aplicado su oficina a los partidos políticos por falta de transparencia financiera hasta la fecha?–Ninguna. No ha habido ninguna causal de sanción desde la creación de la gerencia.–¿El hecho de que el Apra, Acción Popular y Unión por el Perú hayan declarado que no recibieron ni gastaron ni un sol en la campaña de las Nuevas Elecciones Municipales no merece una multa?–No, un punto que debemos enfatizar es que existe una costumbre a nivel de candidatos desde el 2006, sobre todo fuera de la capital, de recaudar y gastar fondos sin informar a sus partidos. Se trata de una falta de coordinación.–¿No está siendo complaciente frente a la informalidad partidaria?–No lo creo.–¿Usted ha hecho esfuerzos por impulsar una reforma de la Ley de Partidos en el Congreso?–La Onpe, a través de sus coordinadores parlamentarios, está haciendo las gestiones necesarias para incorporar lo que sea necesario con el fin de perfeccionar la legislación.–¿En qué estado están esas gestiones?–Francamente, no lo sé.El dinero fujimoristaFuerza 2011, el bastión electoral de Keiko Fujimori, acaba de lograr su inscripción como partido político en el JNE. Ojalá que esta agrupación rompa la tradición fujimorista de no presentar información financiera en la ONPE (Sí Cumple no ha ofrecido datos económicos desde el 2006 y Nueva Mayoría tiene faltas financieras desde el 2008). Una fuente del partido naranja nos confirma que el empresario Germán Kruger Espantoso, dueño de una cadena de grifos y directivo del Icpna, además de financista de Alberto Fujimori en Chile, sigue pagando el alquiler del local de campaña de Paseo Colón y algunos gastos de “merchandising”. Ahora que las pintas y afiches del fujimorismo se multiplican en los barrios, se espera que actúen con un mínimo de transparencia al declarar sus aportaciones privadas.

sábado, 20 de marzo de 2010

Lección Aprista: Democracia Cero......Por: Rodrigo Montoya

Una vez más, el APRA dio una lección sobre la democracia que practican su jefe y sus dirigentes. En su reciente Congreso, los dirigentes fueron escogidos a través de una lista única y por votación a mano alzada. Aquella promesa de “un militante, un voto” fue flor de una tarde. Lejos y mudas estuvieron las bases.Gobernar democráticamente el país o una institución cualquiera es una deuda que nos tenemos en el futuro. Democracia en Perú sólo se entiende como elegir representantes cada cierto tiempo y nada más. Se considera al partido aprista como democrático porque participa en elecciones, pero el partido sólo es una estructura piramidal con un caudillo jefe del que todos dependen. En la vida cotidiana, sus dirigentes repiten los viejos modelos históricos que nacieron en tiempos coloniales con los hacendados dueños de tierras, de hombres y mujeres, con los padres de familia todopoderosos, con el ejército de jefes para todo, con la Iglesia Católica y el dominio de sus jefes en nombre de su Dios, y con las pocas escuelas y una Universidad. Después, en tiempos republicanos, se multiplicaron las escuelas y Universidades y surgieron los partidos políticos entendidos como haciendas de nuevo tipo. El modelo sigue vivo y coleando. Parecía que los llamados “cuarentones” eran portadores de algunos aires de cambio. Se diluyeron sus secretas y pequeñas o grandes exigencias, porque fue más importante el acuerdo entre cúpulas para repartirse los puestos de dirección y de participación en las elecciones próximas. Probablemente, los nuevos líderes no se sintieron suficientemente fuertes para desafiar el orden establecido y prefirieron “salvar la unidad” impuesta por el jefe Alan García que ocupa la plaza de jefe dejada por Haya, aceptando nuevas secretarías inventadas en el momento. Lo ideal sería que en el APRA -y en todos los partidos que padecen de los mismos males, matices más, matices menos- se elija a dirigentes y a candidatos por voto universal y secreto, con cuatro pequeñas reglas de juego: 1, mandar obedeciendo, propuesta zapatista que quiere decir algo muy sencillo: los dirigentes se limitan a cumplir los encargos de las bases; 2, un militante un voto, sin Congreso ni mediaciones, y con una vigilancia en serio de un organismo como la ONPE; 3, no reelección, y 4, revocación del mandato de quienes no cumplen los encargos de las bases. Por ese camino, caudillos y aprendices de caudillos tendrían los días contados, las llamadas bases tendrían vela en el entierro y dejarían de estar pintadas en las paredes, y no tendríamos paquidermos con cuarenta años en el Congreso, dispuestos a vender sus almas para no perder sus privilegios y prebendas. Dentro de un esquema organizativo como el que acabo de señalar, sería posible discutir ideas, programas y propuestas para cambiar el mundo. En el último Congreso aprista no se discutió de idea o propuesta alguna. Reprodujeron su misma pobreza intelectual de los últimos cincuenta años.

miércoles, 17 de marzo de 2010

COMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL MUNDO Por: Martine Bulard

Cómo funcionan los sistemas de salud en el mundo
Sab, 03/13/2010
por Martine Bulard*
Vientos de reforma sobre la cobertura social


A pesar de los avances terapéuticos y de las repetidas reformas, las desigualdades en la atención médica siguen a la orden del día, tanto entre los países como en el interior de cada nación. Numerosos factores inciden en ello: medio ambiente, alimentación y trabajo, entre otros. Pero los sistemas de salud y los modos de financiamiento también generan consecuencias.
Y aunque algunos gobiernos están descubriendo las virtudes del sistema público, el sector privado no deja de desplegar sus tentáculos.
Las debilidades del modelo estadounidense exigen revisar el sistema de
gestión privada de la salud.
De América a Asia, de África a Europa, no hay país que escape a los fuertes vientos de reforma sobre los sistemas de salud. En principio, parecería haber mil razones para alegrarse por ello. Y a juzgar por las necesidades sin atender y las pandemias aún activas, el statu quo resulta, en efecto, insostenible.
Mientras Estados Unidos, el campeón de la gestión privada, o China, que la experimentó con la pasión del converso, tratan de limitar la lógica mercantil para establecer una cobertura universal, los países ricos se fijan como objetivo principal reducir el papel del Estado y los gastos mutualizados. Asombrosa contradicción de la historia: en el preciso momento en que el modelo estadounidense, que constituye el ejemplo más acabado de la gestión privada, prueba su ineficacia, el mercado sigue siendo la brújula (aun cuando aquí o allá se promueva el retorno del Estado).

Si bien ocupa el segundo puesto mundial en gastos de salud –15,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2007–, Estados Unidos cae al trigésimo lugar cuando se trata de la esperanza de vida “con buena salud” (69 años) (1). Con semejantes resultados, se entiende que el presidente Barack Obama haya querido tomar el toro por las astas para intentar extender la protección al mayor número posible de personas, aun cuando los problemas no se reducen a la cobertura social. Sin embargo, nadie sabe si podrá mantener su compromiso y obtener la mayoría requerida (2).
Por el bienestar del obrero
La idea de protección social hizo su aparición en el siglo XIX, con la generalización de la revolución industrial y el nacimiento de las grandes concentraciones obreras. Mediante las sociedades de socorro mutuo primero, y su extensión a sistemas de seguridad social después –el primero de ellos fue creado por el canciller alemán Otto von Bismarck en 1883–, los dirigentes políticos y económicos tenían como objetivo garantizar una mano de obra que gozara de buena salud, capaz de resistir a unas condiciones de trabajo agotadoras. Con el tiempo, se vieron obligados a ello en la medida en que se fueron librando las luchas sociales por una mejora en las condiciones de vida.
Así, tras la Segunda Guerra Mundial nacieron diversos sistemas destinados a garantizar la cohesión social. De alguna manera, constituían dispositivos antilucha de clases. En Francia, la Asamblea Consultiva Provisoria establecía, el 5 de julio de 1945, que la seguridad social “responde a la preocupación de liberar a los trabajadores de la incertidumbre sobre el mañana (…) que genera, entre ellos, un sentimiento de inferioridad, fundamento de la distinción de clases entre los propietarios, seguros de sí mismos y de su futuro, y los trabajadores, sobre quienes pesa, en todo momento, la amenaza de la miseria” (3).
A escala planetaria fue reconocido el “derecho a la salud para todos”, y ese progreso llevó a la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Unos sesenta años después, a pesar de los renovados compromisos de los 194 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Alma-Ata, en 1978, hay mucho trecho del dicho al hecho.

La primera constatación es la de las inconmensurables desigualdades, especialmente entre las naciones. Mientras la medicina realizó progresos indiscutibles, 31 países (entre ellos Sudáfrica, Botswana y Gabón, pero también Rusia y Ucrania) vieron cómo su esperanza de vida “con buena salud” (sin mayores discapacidades) disminuía entre 1990 y 2006. África sigue siendo el furgón de cola: 29 años de esperanza de vida en Sierra Leona, 33 años en Angola, 37 años en la República Democrática del Congo (RDC)… En el otro extremo, Japón marcha a la cabeza (75 años).
Sin fatalismos ni misterios
Es cierto que las regiones donde la gente se muere tan temprano también sufren enfrentamientos internos o guerras de innumerables víctimas. Pero estas poblaciones, que no tienen atención de calidad ni en cantidad, padecen ante todo enfermedades infecciosas (paludismo, tuberculosis, enfermedades diarreicas, HIV-sida, etc.) que prosperan en la miseria y ante la falta de equipamientos sanitarios (4). No hay fatalismo ni misterio. Este tipo de afecciones, concentradas en los países del Sur (África y algunos países de Asia, como Timor Oriental, Laos, Bangladesh, Birmania y otros), se reduce con el desarrollo económico, un fenómeno que los especialistas llaman “transición epidemiológica”. En los países ricos o emergentes predominan las afecciones crónicas (cardiovasculares, respiratorias, diabetes, cáncer, etc.).
Por supuesto, estas últimas no perdonan a los países en desarrollo, donde aumentan con la aparición de las clases medias (Ghana, Gabón, Sudáfrica, Pakistán, etc.). Asimismo, algunas infecciones que ya habían desaparecido de los países desarrollados –como la tuberculosis– vuelven al centro de la escena. No obstante, el diagnóstico fundamental según el cual la riqueza del país y el nivel de los gastos sanitarios son determinantes para el alargamiento de la vida sigue siendo pertinente.
Los treinta países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tienen la mayor longevidad, concentran el 90% de los gastos mundiales en salud, pero apenas abarcan el 20% de la población. El África subsahariana, con el 12% de la población mundial, representa menos del 1% de dichos gastos (5). Así pues, los milagros no existen. Los recursos dedicados a la salud llegan al 3,5% del PIB en Sierra Leona y al 2,1% en el Congo, mientras que superan el 8% en Japón y el 11% en Francia. Si bien el ejemplo estadounidense prueba que esos recursos no siempre están bien empleados, es cierto sin embargo que deben alcanzar un nivel suficiente como para salir de esa “fatalidad de la muerte” que no debe nada a la naturaleza y mucho a la distribución de la riqueza. Como dice el economista Amartya Sen: “Todos deberíamos poder admitir que injusticias tales como la falta de atención médica o la ausencia de medicamentos podrían eliminarse, sin esperar ponernos de acuerdo sobre la visión de la sociedad que hay que promover. (…) A la manera de Condorcet, que en su momento planteó el principio del fin de la esclavitud, hay que plantear esta cuestión de la injusticia” (6).
Aunque el dinero es el nervio de la guerra contra la enfermedad, también se necesita un ejército entrenado (personal médico) y armas eficaces (medicamentos, equipamiento, educación). El acceso a la atención médica también depende de la organización sanitaria y del modo de financiamiento. Es posible distinguir tres grandes sistemas: el que nació de la colonización, el que formaron los ex países comunistas y el que está en vigor en los países desarrollados, a menudo adoptado –con variantes– por los países emergentes.
Como herencia de la impronta colonial, los 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) han desarrollado una arquitectura piramidal. Allí se encuentra el nivel primario, con dispensarios locales y a veces equipos móviles, el nivel secundario, con hospitales generales, y por último un nivel terciario, constituido por unidades especializadas (clínicas) y centros hospitalarios-universitarios. Hasta mediados de los años ochenta, los fondos del Estado y los de las organizaciones internacionales permitieron garantizar un precario equilibrio.Pero, según advierte la OMS en su informe de 2008, “las políticas de ajuste estructural [negociadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial] hicieron tambalear seriamente el sistema de salud pública; la brecha entre la oferta de atención privada y pública se profundizó”. Y agrega: “La mercantilización no regulada de los sistemas de salud los hace muy ineficaces y muy caros; acentúa las desigualdades y conduce a una atención de calidad mediocre, e incluso a veces peligrosa”. Además, cita el ejemplo de la RDC, donde “existe la llamada cirugía safari, que se refiere a una práctica común de los profesionales sanitarios que, como empleo complementario, realizan apendicectomías y otras intervenciones quirúrgicas en el domicilio del paciente, cobrando a veces por ello unos honorarios desmesurados”. Allí se ve que la penuria siempre va de la mano de la corrupción.En cuanto a la ayuda internacional –sin duda indispensable– brindada por la OMS, Unicef, programas de la ONU, acuerdos bilaterales y grandes fundaciones, se presenta tan dependiente de estos múltiples agentes que a veces es difícil establecer la menor coherencia en su implementación. Las reformas, cuando existen, se limitan a la construcción o la renovación de centros de primeros auxilios o de hospitales.
Una anécdota sorprendente
Como se sabe, desde principios de 2010 muchos países europeos han tratado de desprenderse de su stock sobrante de vacunas contra la gripe H1N1. Según la OMS, “95 países pobres las hubieran necesitado”. Sin embargo, a falta de equipamiento para garantizar la seguridad de los productos y de medios humanos para administrarlos correctamente, “sólo dos han podido obtenerlas” (7) a principios de enero. Cabe preguntarse sobre las proyecciones de la OMS respecto de la pandemia de gripe A, que sin duda dependen más de la presión de los laboratorios que de la realidad médica. La constatación, sin embargo, no deja de ser instructiva.
La construcción de una red de atención de la salud ha demostrado ser necesaria, pero no suficiente. “Hay instalaciones y servicios que pueden estar disponibles y ser accesibles, pero son insensibles a la cultura”, afirmaron investigadores al hacer un balance de sesenta años del “derecho a la salud” en The Lancet (8). Allí citan el ejemplo de Perú, donde los programas destinados a hacer retroceder la mortalidad maternal fracasaban hasta que tomaron en cuenta la costumbre de las mujeres de dar a luz en cuclillas y proveyeron el equipamiento adaptado. Simple sentido común. Es significativo que en África, o incluso en India, los sistemas coloniales importaron los métodos occidentales, ignorando las prácticas y saberes locales (cuando no combatiéndolos). La China de Mao Zedong hizo lo contrario: se apoyó en la medicina tradicional que, acoplada a las terapias occidentales, contribuyó a reducir varias enfermedades infecciosas.
Otro gran sistema fue el de los países comunistas del bloque soviético, que estaba fundado en los grandes hospitales, los sanatorios. La atención descentralizada prácticamente no existía. Ya poco eficaz a fines del antiguo régimen, el modelo explotó con la caída de las subvenciones públicas originada en la conversión de esos países a los dogmas liberales y el hundimiento económico. Las dificultades de la vida y la pérdida de las referencias colectivas condujeron a comportamientos de riesgo (violencia, alcoholismo reforzado, etc.), en el preciso instante en que los fondos para la salud disminuían (supresión de los medicamentos gratuitos, privatización de sectores hospitalarios, obsolescencia de los equipamientos, etc.). Resultado: la esperanza de vida “con buena salud”, que en Rusia era de 69 años en 1990, cayó a 66 en 2006; de 70 a 67 años en Ucrania; de 65 a 64 en Kazajstán… El mal seguimiento de los tratamientos incluso se tradujo en la llegada de enfermedades “mutantes”, como la tuberculosis multirresistente, particularmente prevalente en las cárceles superpobladas de Rusia, donde la promiscuidad y la inadecuación de la atención permitieron la aparición de la enfermedad. Hoy en día, los esfuerzos están orientados a constituir una red primaria de atención y a consolidar un sistema de seguridad social. Pero los resultados no están a la altura de las expectativas.
En el caso de los países ricos, el acceso masivo a la atención pasa por los médicos locales, los especialistas, los hospitales generales, así como los establecimientos ultraespecializados. Incluso dentro de este conjunto pueden distinguirse los sistemas en que se garantiza la gratuidad y el Estado financia la atención (Suecia, Reino Unido); los sistemas de seguro médico (Alemania, Francia, Japón) donde la oferta puede ser pública o privada y el pago de la atención mutualizado; por último, los sistemas mayoritariamente privados (Estados Unidos y países de Europa Central).Si bien todos parten de la necesidad de proteger a las poblaciones de los avatares de la vida, la opción inicial (atención pública o privada) no deja de acarrear consecuencias. En Europa, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, prevaleció la idea de que “cada cual debe financiar el sistema en función de sus ingresos, y no en función de su estado de salud, y debe ser atendido en función de su estado de salud, y no de sus ingresos”, recuerda el investigador Bruno Palier (9). Los principios eran generosos, y habrían de sufrir serios tijeretazos.
En este conjunto de países, por más extraño que parezca, la suma de gastos de salud no se condice con el estado sanitario global y la esperanza de vida. De hecho, no alcanza con gastar más para llegar a viejo. Así, por ejemplo, Japón, cuya esperanza de vida “con buena salud” es de 75 años, no dedica más que el 8,1% de su PIB a la salud: menos que Francia (11,4% y 72 años de esperanza de vida), Suecia (9,1% y 73 años) o el Reino Unido (8,4% y 71 años). La aparente paradoja se explica porque los modos de vida, las condiciones de trabajo y la alimentación también influyen sobre la longevidad.
En cambio, la organización de las relaciones entre el enfermo y los médicos, el control (o la falta de control) sobre el precio de los medicamentos o el peso de la prevención tienen un impacto directo sobre los gastos. La factura farmacéutica más abultada es la de Estados Unidos (dos veces el promedio de los países de la OCDE), por delante de Canadá, Grecia o Francia (esta última acumula un fuerte consumo y un alto nivel de precios). Otro campeón de la sobreprescripción de medicamentos es China, segundo mercado farmacéutico del mundo: allí los médicos, que son mal retribuidos y están habilitados a vender los remedios que prescriben, no dudan en alargar la lista para llegar a fin de mes.
En Suecia, Noruega o el Reino Unido, la gratuidad está garantizada para la atención básica. El equipamiento es público y de la retribución del médico se encarga el Estado o las administraciones locales, bajo la forma de salarios (y no de pago en el acto, como ocurre por ejemplo en Francia). Evidentemente, cuando las finanzas públicas disminuyen, los servicios se transforman en listas de espera. Esa fue una de las consecuencias del reinado de Margaret Thatcher. En 2001, el 22% de los pacientes británicos debían esperar más de tres meses (trece semanas, para ser precisos) antes de obtener una simple cita en el hospital; el 27% había esperado seis meses antes de ser operado (10).
La OCDE descubre la luna
A pesar de muchas indecisiones, el gobierno laborista amplió los medios destinados al sistema sanitario (aumento del número de médicos y enfermeras, así como de sus salarios; relanzamiento de inversiones). Los resultados son evidentes, aun cuando siguen estando por debajo de los de Suecia o Noruega, donde la atención de calidad está garantizada y es accesible para todo el mundo. Contrariamente a las ideas que machacan los adictos al “todo mercado”, no es el sistema público el que conduce al desastre, sino la falta de compromiso del Estado. También puede señalarse que los gastos de salud a escala global a menudo se aligeran cuando las protecciones son colectivas y la parte privada (pagada por las familias y/o las compañías de seguros) es la más débil; así ocurre en Japón (la parte privada equivale al 17,7% de los gastos) o en Suecia (16,1%), contra el 20,2% en Francia y casi el 50% en Estados Unidos.
Para convencerse de ello basta con observar al más liberal de los sistemas –el estadounidense–, célebre por sus fracasos en serie, a tal punto que algunos hablan de “no sistema”. Para la población activa, su financiamiento descansa sobre la empresa, que cofinancia un contrato de seguro de salud con organismos privados. Dos tercios de los empleados reciben esta cobertura. Los trabajadores autónomos, los de tiempo parcial o los que tienen pequeñas empresas deben contratar pólizas individuales mucho más caras, por lo que a menudo las rechazan. La sanción es inmediata: fuera de la empresa no hay derechos. La cuestión es tanto más crucial cuanto que la tasa de desempleo oficial no cesa de aumentar y araña el 10%. Los jubilados de más de 65 años tienen derecho a Medicare, que garantiza una cobertura mínima, y los más pobres acceden a Medicaid. En cambio, para aquellos que no entran en estas categorías, la nada. En el país que suele citarse como modelo de éxito, un sexto de la población no dispone de ninguna protección. Ese agujero, y su costo, es lo que quiere cubrir Obama.
De hecho, incluso dentro de los países que disponen de los sistemas sanitarios más desarrollados, las desigualdades persisten. El economista de la salud Richard Wilkinson señala que en Estados Unidos “las mujeres blancas de los barrios más ricos tienen una esperanza de vida de 86 años, contra los 70 años de las mujeres negras de los barrios más pobres” (11). Dieciséis años de diferencia, no es poco.
Por su parte, la OMS calcula incluso que “886.202 muertes podrían haber sido evitadas entre 1991 y 2000 si se hubieran igualado las tasas de mortalidad de los estadounidenses blancos y las de los afroamericanos” (12). “Compárese esta cifra –continúa la organización– con las 176.633 vidas salvadas gracias a los progresos médicos”. Otro ejemplo que ofrece ese estudio: en los barrios pobres de Glasgow, Escocia, la esperanza de vida al nacer es de 54 años, inferior a la de… India.
Esta situación no se explica solamente por razones sanitarias o financieras. Como indica una vez más la OMS, las poblaciones desfavorecidas suman desventajas: “Educación mediocre, falta de equipamiento social, desempleo y precariedad laboral, malas condiciones de trabajo y barrios peligrosos, además de sus repercusiones en la vida familiar”. Estos factores socio-psicológicos, a los que Wilkinson agrega la estima de sí mismo y el miedo al futuro, cumplen un papel importante. En los países ricos, ser pobre afecta gravemente la salud.
Pasmados ante su propio descubrimiento, los expertos de la OMS, más bien habituados al lenguaje diplomático, no maquillan sus palabras: “Esta disparidad no es en ningún caso un fenómeno ‘natural’; es el resultado de políticas que hacen primar los intereses de algunos por sobre los de otros: a menudo los intereses de una minoría poderosa y rica por sobre los intereses de una mayoría desposeída”.
Incluso la muy liberal OCDE, que bregó por una desregulación general, debe reconocer que la privatización agrava las dificultades: “Sólo una pequeña cantidad de adeptos adhieren ahora a la idea de que la competencia ofrece la solución apropiada. (…) Las virtudes del mercado se hacen mucho menos evidentes” (13). Sus expertos han llegado a escribir que “la sociedad puede necesitar la implementación de medidas como la regulación del mercado para corregir sus fallas y, en los casos extremos, abandonar el mercado en pro de otra atribución de los recursos”. ¿Al fin la OCDE descubre la Luna?
Pero mejor no soñar. En Estados Unidos, los lobbies de las aseguradoras tienen los suficientes relevos políticos entre los demócratas como para esperar salvar sus privilegios. En Francia, la privatización se acelera en los hospitales: se anuncia la supresión de 4.000 puestos en la asistencia pública de la región parisina de aquí a 2012. La seguridad social ha sido sometida al mismo régimen; si bien alguna vez reembolsó hasta el 76,5% de los gastos de salud (1980), hoy no asegura más que el 73,9% (14). Y esto es sólo un promedio. Si las afecciones de larga duración (cáncer, etcétera) se cubren casi en su totalidad, la atención corriente, que afecta a la mayoría de la población, apenas se reembolsa en un 55% en promedio (15). El profesor Didier Tabuteau da el grito de alarma: “Hay una privatización de la protección social” (16). ¿Habrá que esperar que la esperanza de vida en algunos barrios caiga al nivel de Bangladesh para medir los riesgos que se han corrido? Ya, a los 60 años, la esperanza de vida de los obreros es siete años inferior a la de los gerentes. ¿Qué sucederá en unas pocas décadas, si la rueda del progreso sigue girando al revés?

En realidad, la mayoría de los franceses tienen la impresión de pagar cada vez cuotas más altas (a la seguridad social, a las mutuales) por un servicio cada vez menor. “Además de las consecuencias sobre la salud de los más pobres –señala Palier–, ese desfasaje corre el riesgo de crear dudas sobre la eficacia y la legitimidad del sistema de salud” (17). ¿Y si ese fuera uno de los objetivos no confesos? ♦


REFERENCIAS
(1) “Informe sobre la salud en el mundo 2009”, Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra. Las cifras del presente artículo señalan la esperanza de vida “con buena salud” (sin discapacidades mayores), que es más corta que la esperanza de vida en general.(2) Véase “Obama ou l’impasse des petits pas”, 20-1-10, en La valise diplomatique: www.monde-diplomatique.fr(3) Alain Barjot (dir.), La Sécurité sociale, son histoire à travers les textes, Tomo III (1945-1981), Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Francia, París, 1997.(4) Maggie Black, “Sanitarización: la deuda pendiente”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2010.(5) Datos 2006 del Banco Mundial.(6) Entrevista en France Inter, 13-1-10. Ver L’Idée de justice, Flammarion, París, 2010.(7) Donald G. McNeil Jr, “Poor nations still getting little flu vaccine”, International Herald Tribune, París, 19-1-10.(8) “Health systems and the right to health: An assessment of 194 countries” (“Los sistemas de salud y el derecho a la salud: la evaluación en 194 países”), The Lancet, Londres, 13-12-08.(9) Bruno Palier, La Réforme des systèmes de santé, Presses Universitaires de France, colección “Que sais-je?”, París, nueva edición, 2009.(10) El ejemplo está citado en Bruno Palier, op. cit.(11) Richard Wilkinson, L’Egalité c’est la santé, Demopolis, París, 2010.(12) OMS, “Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud”, Ginebra, 2009.(13) OCDE, “Achieving better value for money in health care”, París, 2009.(14) Este índice era del 44% en 1966 y subió hasta 1980, cuando volvió a descender.(15) Las mutuales y aseguradoras complementarias pueden cubrir la diferencia, pero se quejan cada vez más y aumentan sus cuotas, en particular para los jubilados. Además, el 8% de los franceses no posee una cobertura complementaria.(16) Entrevista en Le Monde, París, 13-1-10.(17) Bruno Palier, op. cit.
*Jefa de redacción adjunta de Le Monde diplomatique, París. Artículo realizado con la colaboración de Olivier Appaix e Ilka Vari-Lavoisier.

El búfalo Pastor Por: Augusto Álvarez


Mié, 17/03/2010 - 23:30

¿Y ahora fingimos y hacemos como que no pasó nada?

Cómo habrá sido de escandalosa la pataleta insolente del defenestrado Aurelio Pastor que hasta los apristas tuvieron que tomar distancia del felizmente ya ex ministro, y ni siquiera su padrino, mentor y maestro-guía Jorge del Castillo pudo ensayar una defensa tímida.
Pastor quedó, para decirlo de un modo claro y directo, como un búfalo violento y desaforado al punto de lanzar amenazas lamentables como la de querer resucitar enfrentamientos históricos con el grupo El Comercio. Lo que constituye el ejercicio libre y legítimo de la crítica periodística, él lo quiso transformar en presión inaceptable, lo cual es absurdo.
Si no se hubiera puesto tan majadero en los últimos días, Pastor solo habría quedado como el tonto útil de una maniobra mayor preparada por otros para amenazar la libertad de expresión. Pero es obvio que tenía que irse. ¿O creía, acaso, que podía retener el puesto de ministro de Justicia después del escándalo del indulto/desindulto de José Enrique Crousillat?
Pastor estuvo acostumbrado a defender las causas imposibles del Apra –el fantasma de Tula Benites, magistrados del TC en el ‘Fiesta’, penal inexistente en la selva, etc.– y quizá por eso ahora se encabritó al ver que sus ‘compañeros’ lo abandonaban en el escándalo Crousillat en el que él actuó como bonzo.
Quizá ello explique su exabrupto condenable de ayer, y la consecuente patada en el trasero político de Pastor que le tuvo que aplicar el presidente Alan García al botarlo antes de que las cosas se le complicaran aún más.
Ni su padrino Del Castillo, quien lo seguía defendiendo hasta anteanoche y le organizó para ello un ‘desagravio’ vergonzoso en Alfonso Ugarte, pudo hacer algo, y otros dirigentes apristas intentaron borrar la imagen contraria a principios democráticos básicos como la libertad de expresión que ha dejado el Apra, señalando que ‘aquí no pasa nada’.
¿No pasa nada?
Es decir,
¿nos quedamos todos felices con la versión de que el presidente García fue vilmente engañado por un viejecito pendejerete que, una vez libre por el indulto, se pasó de vueltas y decidió exhibirse por toda Lima y ‘recuperar’ –sin tener fundamento jurídico– el canal de televisión con el que antes se prostituyó con el ‘Doc’, y que, finalmente, el ministro de Justicia se rayó y se puso a hablar tonterías?
Allá los que quieren tragarse y difundir ese cuento.
Dentro de todo, sin embargo, lo positivo de esta mamarrachada de un sector del gobierno y de sus socios estratégicos con demostrada vocación corrupta en varios gobiernos, es que el país les dijo que sus esfuerzos antidemocráticos no pasarán.
Eso es, dentro de todo, una buena noticia, pero hay que estar alertas porque estos intentos nunca desaparecen del todo.

Hubo una Tramposa Publicación

El vergonzoso indulto humanitario otorgado en favor de José Crousillat, la descabellada intención de tomar el control de América TV, la revocatoria del perdón, la orden judicial de captura del indultado por el sospechoso trámite de la gracia presidencial y la terca permanencia de Aurelio Pastor como asesor jurídico del gobierno aprista, desviaron la atención del escándalo sucedido en el vientre del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que terminó con la anulación del concurso público para jueces o fiscales supremos y de otro hecho lamentable, sumamente delicado, referido a la aplicación de la Resolución Legislativa N° 29506, extrañamente, publicada el 02 de marzo del 2010, en el diario oficial “El Peruano”, mediante la cual, la Comisión Permanente del Congreso, autorizaba la salida del territorio nacional del jefe de Estado, con destino a Chile, a fin de llevar determinada ayuda a las victimas de sismo; sin embargo, toda la población fue testigo que en el Boletín Oficial, de esa fecha, apareció una supuesta edición extraordinaria, con fecha anterior, que pretendía justificar la legalidad del viaje presidencial, que, por cierto, se realizó ese mismo día, atropellándose la norma constitucional. García, no podía salir del territorio nacional, ya que la autorización parlamentaria aún no entraba en vigencia, porque nuestro ordenamiento jurídico precisa que la validez del viaje es desde el día siguiente de la divulgación y no de la fecha del dispositivo, ni del diario oficial.
El artículo 109° de la Carta Política vigente señala que “la Ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma Ley que posterga su vigencia en todo o en parte”; este texto es clarísimo y no requiere ningún tipo de interpretación jurídica. Las resoluciones legislativas son proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Parlamento, siguiendo el mecanismo regular establecido, reglamentariamente, para toda norma legal, luego son remitidas al jefe de Estado para su promulgación y ulterior difusión en el diario oficial “El Peruano”; ítem más, estas disposiciones tienen una numeración correlativa con las leyes, ya que técnicamente, según algunos estudiosos de la materia, son consideradas normas con fuerza de Ley.
Por último, no está en discusión la naturaleza, ni el objeto del viaje o si se trata de un tema humanitario o de ayuda social; el problema se origina en la entrada en vigencia de la norma que permite la salida del territorio nacional. Ahora bien, todos sabemos, perfectamente, que al jefe de Estado, de acuerdo al inciso primero del artículo 118° de la Ley Fundamental, le corresponde “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales” y eso no ha sucedido.
Al contrario, lejos de acatar los mandatos constitucionales, Alan García, partió rumbo a Chile, sin autorización y esa situación, teóricamente, constituye una causal de vacancia, conforme a lo estipulado en el inciso cuarto del artículo 113° de la propia norma suprema; pero, el Poder Legislativo mantiene un silencio sepulcral en este asunto, entretenido con la distracción oficial.