miércoles, 3 de marzo de 2010

Titular de Comisión de Salud negó que el Congreso pretenda desnaturalizar aplicación de un seguro médico

Titular de Comisión de Salud negó que el Congreso pretenda desnaturalizar aplicación de un seguro médico
La imputación fue hecha por el presidente Alan García, pero la congresista Hilda Guevara adelantó que se busca consenso para “institucionalizar” la responsabilidad en casos de negligencia

Miércoles 03 de marzo de 2010 - 06:18 pm

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, Hilda Guevara (Apra), desmintió hoy al presidente de la República, Alan García, quien señaló que el Congreso pretende desnaturalizar el proyecto del
SOAT Médico del Ejecutivo, el cual plantea que los profesionales y las clínicas u hospitales paguen un seguro, de manera que una persona que sufre una mala práctica médica pueda ser resarcido de inmediato.
En declaraciones a elcomercio.pe, la parlamentaria explicó que el tema es muy difícil y requiere de un arduo debate.
“Estamos en este momento en una mesa de trabajo con las diferentes bancadas, con representantes de Essalud, del Ministerio de Salud y con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros. Esto no es fácil y se dará por primera vez en el país (...) de repente mi compañero el presidente lo ha dicho por la demora”, señaló Guevara.
PROPUESTA FINALLa titular de este grupo de trabajo adelantó que en el pleno de mañana debe presentarse un proyecto consensuado. Según dijo, hasta este momento la tendencia es aprobar un seguro obligatorio asumido por los centros de salud, sean públicos o privados.
“En el caso de
Essalud ya existe un fondo especial para resarcir daños en casos de mala praxis médica y en el caso de las clínicas privadas van a tener que contratar un seguro”, señaló.
Explicó que la institución (de salud) es la que tiene que garantizar el servicio pues el médico o la obstetriz no son los únicos responsables del mismo.
“El seguro debe ser institucional porque cuánto gana una enfermera, 700 soles mensuales. Su aporte sería de 5 o 10 soles al mes. Por más que usted tenga un fondo de parte de ellos no se va a poder cubrir el resarcimiento de un daño”, acotó.

VEINTE AÑOS DE IMPUNIDAD POR. AUGUSTO ALVAREZ


Mié, 03/03/2010


Misión cumplida en el gran faenón de los petroaudios.

El gobierno puede estar satisfecho por haber logrado su mejor faenón: la desactivación de las consecuencias judiciales y políticas del caso de los petroaudios. La consecuencia ética, en cambio, no será fácil de borrar aunque en el Perú, después de un tiempo, todo se olvida.
El final de la comisión presidida por el congresista Oswaldo Luízar se parece al que tuvo la de Daniel Abugattás, en medio de incertidumbre y entrampamiento y con las principales fuerzas políticas –empezando por el Apra– dedicando su mejor esfuerzo a boicotear la investigación y a blindar a sus asociados.
Además, como sucedió desde el mismo destape de este escándalo, esto se produce con arengas del presidente Alan García de que “caerán las ratas” o de que –como dijo hace un par de días– el chuponeo se “debe esclarecer debidamente”.
El operativo de desactivación empezó a los pocos días de haber sido destapado en tres frentes: el mediático, para mellar la capacidad de la prensa de profundizar la denuncia; el judicial, poniendo a un juez sin intención de hacer justicia; y el político, lo cual incluyó el enjuague en el Congreso de la responsabilidad de varios políticos metidos hasta el cogote en esta cuchipanda, así como la vendetta contra los que, desde diferentes ámbitos, contribuyeron a la denuncia.
Pero si bien el Partido Aprista y sus asociados en este asunto pueden estar satisfechos de estarse limpiando en los planos mediático, judicial y político, en el terreno de la ética no podrán sacudirse tan rápidamente de la suciedad.
Al margen de lo que quieran concluir sus jueces, congresistas y periodistas, lo cierto es que al Perú llegó, durante el segundo gobierno de Alan García, un pirata dominicano que, camuflado de empresario, tuvo la intención de desarrollar negociados en una diversidad de sectores, para lo cual contó, como cicerone, con un ex ministro aprista que se encargó de abrirle todas las puertas gubernamentales y de coordinar gestiones para que el entonces premier, medio gabinete, los secretarios de Palacio, y varios empresarios encopetados, entre muchos otros, desfilaran por la suite del pirata, dejando el rastro chuponeado por una compañía manejada por amigos del vicepresidente, la cual actúa en este giro delincuencial desde hace mucho tiempo y que posee una sólida conexión con algunos sectores de peso del Apra y del fujimorismo.
Esa es la verdad aunque ahora la quieran reinterpretar los escribidores, leguleyos y otorongos vinculados al gobierno. En este contexto, no deja de ser curioso que el ex premier Jorge del Castillo proponga que “el Apra debería gobernar veinte años”. En ese lapso, en el Perú, todo queda olvidado

ELIGIENDO SUPREMOS....Por Calos Reyna

Mié, 03/03/2010

Los miembros de las cortes supremas son los que encabezan uno de los tres poderes del Estado. Por tanto el proceso de su nombramiento no es un asunto secundario. Mirando a países que nos son cercanos se encuentra lo siguiente.
En Brasil el Presidente nombra a los miembros del Tribunal Supremo Federal y de los Tribunales Superiores, con la aprobación previa del Senado Federal. En México, el Presidente propone ternas para la Suprema Corte de Justicia y el Senado realiza la selección con el voto de dos tercios de sus integrantes.
En Chile el Presidente nombra a los magistrados supremos, luego de una propuesta de la propia Corte Suprema, y se requiere la ratificación por los dos tercios del Senado. En Uruguay, la Asamblea General de ambas cámaras, senadores y diputados, concentra la atribución de nombrar a los magistrados de la Suprema Corte, siempre con el voto mínimo de los dos tercios de la Asamblea.
En Bolivia la Constitución recientemente aprobada incurre en una audacia democrática. Los integrantes del Tribunal Supremo serán elegidos por el voto universal de los ciudadanos. La llamada Asamblea Plurinacional intervendrá sólo para preseleccionar a los candidatos a magistrados supremos.
En Argentina, el Presidente es también quien nombra a los magistrados supremos después de la típica aprobación de los dos tercios del Senado. Hay un Consejo Nacional de la Magistratura pero este nombra jueces de las instancias inferiores y tiene entre sus integrantes a representantes de las cámaras legislativas y de otros sectores.
En España sí interviene un colegiado para nombrar a magistrados supremos. El Rey formaliza el nombramiento de los integrantes del Tribunal Supremo a partir de la propuesta de un Consejo General del Poder Judicial que tiene 20 integrantes, todos jueces o juristas. Pero en el proceso de designar a dicho Consejo General, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial español, intervienen las cámaras de diputados y senadores.
En todos estos casos, hay participación, directa o indirecta, de los otros poderes públicos en el nombramiento de los jueces supremos. En el Perú, creyendo despolitizar el asunto, se excluye a esos otros poderes, pero sigue politizado solo que a un nivel más degradado

martes, 2 de marzo de 2010

BTR Y SOCIOS: SE ABRIÓ LA CAJA DE PANDORA

Se abrió la caja de Pandora: se determinó organización delictiva de BTR y socios

Comisión Luizar llegó a su fin entre discrepancias de sus miembros. Documento involucra a Kouri, Cabanillas, Allison y Giampietri


Martes 02 de marzo de 2010


La comisión que investiga la ilegal interceptación telefónica realizada por BTR ya tiene su informe final. Ayer, en la última sesión del grupo de trabajo (el plazo para presentar el documento vencía ayer), lo aprobaron por mayoría.
La votación quedó empatada dos a dos (Oswaldo Luizar y Cayo Galindo votaron a favor y José Vargas y Walter Menchola en contra, mientras que Rolando Sousa se abstuvo). Debido al empate, Luizar, como titular de la comisión, tuvo que hacer uso de su voto dirimente.
El presidente de la comisión informó que el documento que se aprobó es diferente al borrador que la semana pasada adelantó el programa “Prensa libre”. Eso implicó que se retiraran y modificaran algunas recomendaciones y conclusiones.
Los congresistas Vargas (Apra) y Sousa (Grupo Parlamentario Fujimorista) manifestaron que tenían varias discrepancias con la información del documento final y afirmaron que cada uno elaborará uno en minoría.
Ahora le corresponde al pleno del Parlamento aprobar o rechazar el informe.
LAS CONCLUSIONESSegún la investigación, existen indicios razonables de que BTR y Andrick Service S.A.C. habían actuado de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas. También se afirma que ambas empresas triangulaban información proveniente del “chuponeo” y que hay indicios de que BTR estuvo inmersa en actividades ilícitas de lavado de activos.
Además dice que existen elementos razonables para considerar la participación de Álex Kouri en la contratación de BTR para “chuponear” a Rogelio Canches cuando era presidente regional del Callao.
También que el ex ministro Francis Allison estaría involucrado en operaciones de lavado de activos a través de BTR y que brindó falso testimonio a la comisión cuando declaró sobre sus cuentas bancarias.
De lo investigado, también se concluye que Mercedes Cabanillas ordenó la contratación de BTR y que no se ha sustentado debidamente los trabajos que la empresa hizo durante su período como presidenta del Congreso.
Asimismo, que el Ministerio de Transportes y Osiptel tienen responsabilidad política y administrativa, ya que las interceptaciones telefónicas son delitos permanentes.
LAS RECOMENDACIONESLa investigación recomienda modificar el artículo 162 del Código Penal que tipifica el delito de interceptaciones telefónicas.
El informe también recomienda que, al no tener competencias para investigar a los parlamentarios implicados, todo el informe sea derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Comisión de Ética para que estas determinen cualquier ilícito o violación del Código de Ética.
Según el documento, también se recomienda que la documentación y anexos que llevan a concluir que las personas o empresas implicadas en la investigación cometieron algún delito, pasen al Ministerio Público para que esta realice las acciones que considere pertinente.
Periodista es incluido como miembro de organizacióngún el informe final, el periodista Pablo O’Brien Cuadros ha sido incluido como parte de la organización delictiva que hacía interceptaciones telefónicas.
En esta organización también están incluidos Elías Ponce Feijoo, Carlos Tomasio de Lambarri, Giselle Giannotti Grados, Martín Fernández Virhuez, Jesús Ojeda Anglés, Jesús Tirado Seguín, Alberto Salas Cortez y Pablo Martell Espinoza.
En el documento también se concluye que existen serias contradicciones entre la primera y la segunda declaración que hizo el periodista O’Brien ante el grupo de trabajo, así como entre lo que él dijo y lo que afirmó la dirección del diario El Comercio y Giselle Giannotti, miembro de BTR.
Debido a la conclusión a la que ha llegado la comisión respecto a O’Brien, se recomienda que el informe final, la documentación y anexos sean puestos a disposición del Ministerio Público para que este realice las acciones pertinentes e investigue los hechos que ha expuesto el grupo de trabajo con el objetivo de individualizar la responsabilidad y adecúe la conducta al tipo penal que corresponde para el caso.
EN PUNTOSSegún documentos a los que El Comercio tuvo acceso, durante el período que la Comisión Luizar laboró (15 meses) se le pagó un total de S/.229.419 al personal que trabajó en ella.
El que más dinero recibió fue el ex parlamentario Michael Martínez (S/.93.696), quien laboró en el grupo de trabajo entre febrero del 2009 y febrero del 2010.
A Martínez le siguen Marcela Morales Catter (S/.35.945), quien trabajó entre octubre del 2009 y febrero del 2010, y Gustavo Díaz La Rosa (S/.32.846), que laboró entre diciembre del 2008 y julio del 2009.
La comisión también gastó S/.16.179 en la compra de material usado para que el grupo de trabajo opere.

Re-medios y terremotos Por: Augusto alvarez

Mar, 02/03/2010

¿Qué puede hacer la prensa para prevenir los desastres?

Somos y seremos un país de sismos pero actuamos –el Estado y las personas– como si viviéramos una taza de agua en la que nada ocurrirá, y ni siquiera nos (con) mueve al cambio desastres como el de no hace mucho en el sur chico peruano o el del sábado en el centro chileno.
¿Siempre fue así? Ayer le pregunté al historiador Lizardo Seiner, especializado en historia social de los riesgos y autor del magnífico libro ‘Historia de los sismos en el Perú’ –cuyo objetivo es, entre otros, “contribuir a la sensibilización de la población ante la eventualidad de un sismo y sus consecuencias”–, si alguna vez tuvimos un presidente, virrey o inca interesado en políticas de prevención ante los terremotos.
“Ninguno”, contestó. El resultado de esta desidia ancestral es obvio pues en el Perú no existe una cultura de prevención de desastres ni ganas de tenerla. Ni en la población, que ubica sus casas donde le da la gana, incluso por donde ya pasaron calamidades y por donde, sin duda, volverán a pasar; ni en las autoridades a las que la prevención interesa un pepino y solo quieren cortar cintas de obras electoralmente rentables.
Eso explica reclamos como el del presidente del Instituto Geofísico, Ronald Woodman, que son una denuncia a la indolencia de un gobierno que no quiere soltar ni un millón de dólares para un sistema de alerta de tsunamis, y unos congresistas que prefieren irse el viernes temprano a la playa en vez de participar en la sesión en la que se iban a discutir estos asuntos.
La responsabilidad de esta vocación de suicidio colectivo alcanza a todos, incluyendo al periodismo, donde cabe una autocrítica. Por ejemplo, durante las anteriores campañas electorales, ¿cuántos les preguntamos a los candidatos por sus políticas de prevención de desastres? Creo que nadie.
Por ello, a los candidatos a presidente, parlamentario, alcalde o presidente regional del 2010-2011 no debemos dejarlos pasar sin preguntarles asuntos como: ¿Cuál es su política de prevención de desastres? ¿Tiene una? ¿Puede dar algún indicio de que le interesa el tema? ¿Quién sería su jefe de Defensa Civil? ¿Cuántos recursos le asignará? ¿Qué es lo primero que Ud. haría ante un sismo? ¿Compraría el sistema de alerta de tsunamis que increíblemente aún no tenemos? ¿Sabe cuáles son las zonas más vulnerables de la localidad que aspira a liderar? ¿Conoce el marco regulatorio sobre incumplimiento de normas en zonas de riesgo? ¿Cómo lo mejoraría?
Al menos desnudar la orfandad de ideas en estos temas por parte de los postulantes a un puesto público será una gran contribución de los medios de comunicación a la formación de esa cultura de prevención de desastres que todavía no tenemos.

LA DEMOCRACIA QUE MOLESTA: Por. Nicolas Lynch

Mar, 02/03/2010 -
Los debates pueden cumplir con informar al público de posiciones distintas y también comunicar a los adversarios para llegar a conclusiones.
Desafortunadamente en el intercambio sostenido con Martín Tanaka y ahora Dargent y Vergara, algo se ha avanzado en lo primero y muy poco en lo segundo.
La razón es que estos últimos, provistos de dudosa epistemología, han buscado descalificar a sus oponentes: “son humalistas, por lo tanto están bajo sospecha”.
Este dislate ha llevado a que se disparen a los pies.
Lo que antes no era claro para una audiencia mayor, hoy está sobre la mesa: no hay una concepción de democracia sino, por lo menos, dos en el debate contemporáneo.
Un par de libros que se publican a fines del año pasado, uno de Adrianzén y otro mío, sobre la democracia en el Perú y A. Latina, son los que vuelven a plantear esta tesis y desatan la discusión.
Tanaka queriendo ostentar la franquicia importadora señala que democracia es controlar la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Pero se olvida del otro elemento: el poder democrático de la mayoría ciudadana expresado en las urnas.
La concepción de Tanaka, traída a nuestra región por la academia y la cooperación estadounidense, es la que fracasa, de la mano con los ajustes neoliberales que se dan entre 1980 y 2000 en distintos países de A. Latina.
Lo que hoy se produce en la región es el desarrollo de democracias mayoritarias, que buscan superar la traición cotidiana de que eran objeto los electores en diversos países.
Esa traición que ahora quieren ocultar en el Perú Tanaka y compañía, afirmando que Fujimori no era dictador, que Toledo hizo lo que prometió y que seguramente santificará a García al final de su mandato. Estas mayorías son las que en AL cambian el modelo neoliberal para que la democracia se coma y sea efectiva expresión ciudadana.
Que una mayoría puede llevar a la arbitrariedad del poder no me cabe la mayor duda y evitar que esto ocurra es quizás el mayor de los retos de estas democracias mayoritarias, pero ello no justifica poner la democracia de cabeza y decir que es un régimen de minorías que solo algunas elites pueden manejar.
El conflicto en A. Latina es por ello entre la democracia mayoritaria y el neoliberalismo, que es un modelo de y para minorías. Retomar la transición es por esto avanzar a una democracia mayoritaria, la que molesta precisamente a la derecha y sus escribas locales, como el único camino para superar la precariedad actual.

Tormentosa juramentación de nueva directiva del CNM


Entre las autoridades judiciales que asistieron ayer a la juramentación de la nueva directiva del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la más importante no tenía invitación para participar del evento.Era nada menos que el presidente del Poder judicial, Javier Villa Stein, quien a falta de invitación personal sacó de su bolsillo el recorte de un aviso publicado en un diario local que convocaba al público en general a participar de la referida juramentación. Mostró su recorte y lo dejaron ingresar al auditorio del Colegio Médico, sede de la ceremonia.Una vez adentro, Villa buscó su ubicación, pasó revista a los asientos con la reserva escrita en pequeños papeles blancos. No encontró su nombre, entonces expresó su molestia y los organizadores tuvieron que cederle un espacio en primera fila. “He venido como un ciudadano más, porque esta es una audiencia pública y el Consejo es muy importante, tan importante, que he pedido que se aparten sus miembros. Les digo las cosas de frente, en su sitio y en su cara”, asestó Villa.El evento comenzó con el nombramiento oficial de Gastón Soto Vallenas y Luis Maezono Yamashita como nuevos miembros del CNM. Luego el saliente presidente de la institución, Carlos Mansilla, pronunció un discurso lleno de números y cifras de los éxitos que dijo haber alcanzado durante su gestión. Cuando Mansilla se alistaba a tomar juramento a su sucesor, Maximiliano Cárdenas, Villa Stein dejó su asiento, se levantó y abandonó la sala ante el asombro de muchos y la indignación de algunos.“Me retiro de la juramentación, no es una protesta por no haber sido invitado; me voy en el momento preciso que juramenta la nueva directiva porque me parece que la designación del nuevo presidente y del vicepresidente del CNM no es una elección seria, por la manera poco transparente en que ha sido manejada la institución. Por lo tanto, mi permanencia en el acto es incoherente”, manifestó el titular de la Corte Suprema.Añadió que “no respaldo al presidente entrante ni al saliente, considero que todos deben dar un paso al costado e inmediatamente debe nombrarse a sus reemplazos, considero que deben apartarse, deben renunciar. Estoy encantado de ver a los nuevos miembros, pero los otros señores lamentablemente se tienen que ir”.Cuando los periodistas le indicaron que la reiteración de su pedido podía ser tomada como intromisión en las actividades del CNM, Villa Stein rechazó tener ese interés. “No es ninguna intromisión, me mantengo distante de las cosas que considero poco razonables, como el discurso de Mansilla, quien ni habló en su discurso final sobre el tema de la lucha contra la corrupción; eso es de fariseos, porque sabemos que en esa institución no hay transparencia. Todo lo que ha hablado no es más que un maquillaje para distraernos de temas centrales. No existe en el CNM voluntad para abordar el tema de la corrupción, carece de legitimidad por los diversos cuestionamientos”, sentenció Villa y luego abordó el auto oficial que lo llevó de regreso al Palacio de Justicia.La réplica del flamante presidente del CNM, Maximiliano Cárdenas, no tardó en llegar. “El CNM no depende del respaldo del presidente del Poder judicial, presido un órgano autónomo que tiene sus atribuciones basadas en la Constitución. Nosotros no tenemos razones para irnos, esa petición de renuncia y sus señalamientos son estrictamente a título personal y sin tener ninguna atribución especial para ello. Además, si se tratara de cuestionamientos, el Poder judicial y él en particular tendrían que haber renunciado hace tiempo, porque no hay institución más cuestionada que la que él dirige. El CNM es un órgano con jerarquía institucional, le pido a Villa Stein que serene sus expresiones y nos respete”, arremetió Cárdenas, a modo de estreno en el cargo.Momentos después, con los ánimos un poco más calmados, Cárdenas se declaró dispuesto a dialogar con Villa Stein para zanjar diferencias. “Yo me podría reunir con él siempre que haya respeto a las formas de dirigirse a la institución, le invito a deponer sus emplazamientos. Le pido una reunión públicamente y que deponga esas actitudes, que la opinión pública no quiere vernos en estos afanes críticos”, sostuvo y ahora espera la respuesta del titular de la Corte Suprema.Cantarán en el CongresoLa Comisión de Justicia del Congreso citó para esta tarde a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura para que expliquen las irregularidades en el proceso de evaluación de jueces y fiscales que aspiraban a ocupar cargos supremos. El referido proceso fue anulado la semana pasada por una serie de cuestionamientos a la modalidad de evaluación y denuncias de corrupción. “El proceso de evaluación ha sido anulado, asumiremos las responsabilidades que tengamos que asumir e informaremos mañana (hoy) al Congreso de las actividades que determinaron la anulación de nombramiento de jueces y fiscales supremos. Además, vamos a evaluar los actos en los que está involucrado el CNM y llevaremos los resultados de esa evaluación al Congreso”, dijo al respecto Maximiliano Cárdenas.“No retrocederemos”“Unas solitarias voces piden la eliminación del CNM para dar pase al poder político, estamos Seguros que esto no prosperará. Con respeto y con firmeza le digo (a Villa Stein) que no retrocederemos un ápice y pedimos disculpas por los errores que podamos haber cometido”, añadió.Marcelo PuellesRedacción