Por Augusto Álvarez R.
El costo (político) de una encuesta misteriosa.
Por querer exhibirse como el bacán del barrio, el que todo lo sabe, al que no se le escapa una, el presidente Alan García se fue de boca y se metió en un problema al revelar, en la entrevista a RPP del sábado pasado, cómo se manejan las cosas, tras bambalinas, en su gobierno.
El presidente señaló, como sustento de sus iluminadas proyecciones electorales, que había mandado a realizar una megaencuesta ‘propia’ con un universo de nada menos que 27 mil encuestados en los lugares más recónditos del país.
García nunca ha sido bueno en matemáticas. En la última campaña, por ejemplo, confundía desde porcentajes del PBI hasta el número de hijos que tenía. Pero hasta alguien tan lejos de haber leído alguna página del Baldor debería saber, tras cuatro décadas en política y varias campañas encima, que encuestar a 27 mil personas es una barbaridad sin sentido, salvo que le sobre la plata o haya puesto al INEI a satisfacer su curiosidad particular como quién ganará la próxima elección.
Eso es lo que han hecho notar varios encuestadores, quienes han advertido que una encuesta de este tamaño –considerando un costo de ocho a diez dólares por cuestionario– costaría entre 240 y 270 mil dólares, un monto que requeriría una licitación pública. Sería interesante saber quién la hizo y quién la pagó.
Pero como respuesta a esas interrogantes elementales propias de una democracia en la que el gobierno tiene la obligación de actuar con transparencia, apareció ayer, en una insólita entrevista en RPP, el congresista Jorge del Castillo.
Él dijo no saber quién hizo la encuesta ni quién la pagó, pero señaló que las encuestadoras criticaban por estar piconas al no haber sido contratadas, e inmediatamente pasó a lanzar insinuaciones y amenazas inaceptables sobre cuánto ganan las encuestadoras y a preguntarse si pagan impuestos por ello.
¿El abanderado de la modernidad del Apra, la chochera de los empresarios, el que convoca profesionales para la perspectiva futura de la economía, puede llegar a amenazar con enviar la Sunat a los críticos como si fuera su baja policía, y tal como ya lo hizo contra el diario La Primera hace unos meses?
Si parece que usan el INEI para lo que les da la gana, por qué no la Sunat. En este contexto, suena a broma el anuncio del premier Javier Velásquez Quesquén de que destituirán al funcionario que realice proselitismo durante la próxima elección.
El peligro de fondo es un gobierno con actitudes y reacciones de matón, y un presidente bocón que no se va a conformar con entregar la banda a quien el pueblo elija en el 2011, sino que quiere convertirse –en su afán permanente de ser la novia de toda boda o el muerto de cualquier entierro– en el gran censor y el gran elector
