sábado, 15 de mayo de 2010

La “inutilidad” de los partidos. Por Alberto Adrianzen


Sáb, 15/05/2010

Luego de ver lo sucedido en estos días entre José Barba y Alex Kouri y anteriormente entre Barba y Bayly, uno se pregunta quiénes son en realidad los llamados “antisistema”.
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Es decir, si son aquellos que tienen un discurso radical o si, más bien, son los que desprestigian la política y los partidos.
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Lo que ha hecho Barba de entregarle las siglas de su “partido”, Cambio Radical, a Kouri para que pueda postular a la alcaldía de Lima (como antes hizo con Bayly) confirma que los partidos en el Perú son, hoy por hoy y mayoritariamente, instituciones vacías e inútiles.
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Y esta situación comprueba, además, la inutilidad de la actual legislación electoral.
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Me pregunto si alguna vez, más aún luego del escándalo de la falsificación de firmas del 2005, el órgano pertinente fiscalizó el número de comités de Cambio Radical.
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Sin embargo, lo que hoy sucede con Barba, hay que decirlo, no es patrimonio exclusivo de este político que ha transitado por varios partidos y fundado otros tantos.

Es cierto que el “caso Barba” es extremo. Cambio Radical como partido no existe, es apenas un registro y un membrete, con un único dueño.
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Sospecho que no existe un padrón de afiliados, un Comité Ejecutivo o Comisión Política, como tampoco locales y menos un programa de gobierno.
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Sin embargo, lo que hoy sucede, en general, en las elecciones municipales y regionales es otro ejemplo, realmente notable, donde podemos observar un verdadero tráfico (o trasiego) de candidatos que dejan un partido o movimiento para irse a otro con el argumento de que así pueden ganar las elecciones.
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Quien puso de moda esta idea de que los partidos eran una simple formalidad legal y, por lo tanto, un membrete, y que valían poco como instituciones de la democracia y de la política, fue el propio Alberto Fujimori que en cada elección –sea general o municipal– creaba un partido ad hoc.
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Hoy, por ejemplo, Keiko Fujimori candidatea por Fuerza 2011, dejando de lado a Cambio 90, Vamos Vecinos, Sí Cumple, Alianza para el Futuro, etc.
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Por eso, el caso de Barba y esta facilidad para “prestar” su partido a otros candidatos, así como la instrumentalización que hace el fujimorismo de las organizaciones políticas, y también el tráfico de candidatos municipales o regionales, reflejan claramente no solo los clamorosos vacíos de ley y la descomposición de un sistema político sino también el convencimiento en un sector de la clase política de que en este país la democracia tiene poco valor.
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Es también la transformación de los “partidos”, salvo honrosas excepciones, no solo en simples maquinarias electorales aideológicas y pragmáticas sino también en “aparatos de dominación” de una elite reducida y sin el menor interés por contactarse con los electores, lo que es reforzado por la ausencia de una institucionalidad partidaria real, como sucede en la mayoría de ellos.
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Este es el mejor terreno para que los intereses privados y los lobbies terminen por colonizar el Estado y a los “partidos” vía la corrupción, como lo estamos viendo.
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En un contexto así, las elecciones se convierten para los ciudadanos no en un acto de ejercicio de su libertad de elegir sino más bien en un momento de sujeción o subordinación a una clase política a la que le importan poco las demandas y menos el futuro de esos mismos ciudadanos.
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Los malestares ciudadanos que hoy se tiene con la democracia están asociados directamente a la desazón respecto a los políticos y al manejo que hacen los mismos de las instituciones del régimen democrático.
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La vergonzosa protección que le ha brindado el Congreso recientemente a Carlos Raffo es la confirmación de que cuanto más avanza esta “democracia realmente existente” la política se convierte en una actividad más mafiosa.
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Y si bien se requiere una reforma política urgente que ponga coto a este tráfico político lo que viene sucediendo es, finalmente, la traición de las elites a la democracia como expresión de la voluntad popular.
(*) albertoadrianzen.lamula.pe

Gasto en publicidad Gobierno Central creció más de 2000%


Gasto en publicidad creció más de 2000%
Gobierno central multiplica los gastos en publicidad.

El presidente Alan García en su mensaje de asunción del poder, el 28 de julio del año 2006, anunció que el gasto de publicidad se debería reducir a la quinta parte, sin embargo, lo real es que bajo su régimen éste gasto ha crecido a niveles de verdadero escándalo.
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Según información del Ministerio de Economía, en el año 2005, el presupuesto para gasto de publicidad fue de S/. 17 millones 200 mil; el año 2006 se asignó para publicidad S/. 18 millones 600 mil; pero en el año 2010 se ha considerado un presupuesto de S/. 347 millones para los tres niveles de gobierno, con este último monto designado por la administración aprista los recursos destinados en el mencionado rubro aumentaron en más de 2000% en los últimos cinco años.
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Del presupuesto destinado a publicidad para el presente año (S/. 347 millones) el Gobierno Nacional maneja el 82% del total.
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Es decir la administración de García cuenta con S/. 286 millones siendo este y el próximo año un año electoral, dice el congresista Washington Zeballos.
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Mientras en el Presupuesto 2010 a los Gobiernos Locales se les redujo en S/. 2,540 millones, el presupuesto en publicidad que manejará el Gobierno Nacional ha pasado de 153 millones en el año 2009, a 286 millones para el año 2010, lo que representa un crecimiento de 87%.
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Entre las medidas de “ajuste fiscal” dada mediante el Decreto de Urgencia N° 037-2010 mediante el cual el gobierno busca reducir el gasto público de 14% a 10% y así conseguir un déficit fiscal de 1,6% del Producto Bruto Interno, se establece que el crecimiento del devengado en lo referido a gasto en Bienes y Servicios no puede crecer más del 3 % de lo devengado en el año 2009, pero en el caso de publicidad resulta un saludo a la bandera, por cuanto el devengado en publicidad el pasado año fue de S/. 346 millones en los tres niveles de gobierno, monto que al aplicarse el crecimiento de 3% resulta que para este año se está autorizando a gastar S/. 356 millones en publicidad.
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“Es urgente que el gobierno emita una norma que limite drásticamente este gasto en publicidad, éste no debe ser mayor a la tercera parte de lo que actualmente se puede gastar en publicidad”, indica el parlamentario. Desconfía de normaEl economista
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Carlos Adrianzén expresó su desconfianza en la efectividad de las medidas dictadas por el gobierno para prevenir las consecuencias que podría originar al Perú la reciente emergencia en la economía mundial frente a la crisis griega.
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Dijo que más allá de las buenas intenciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el escenario electoral favorece que los gobiernos locales, regionales y central continúen gastando “a como dé lugar”.
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Según la ministra de Economía, Mercedes Aráoz, aseguró que la reducción del ritmo del consumo y el gasto en el sector público –mediante el DS 037-2010- permitirá un ahorro de S/. 2,300 millones, dinero que serviría para hacer un fondo ante una nueva crisis económica internacional debido a la crisis de Grecia.

Para cerrarle el paso a la corrupción

http://sapoperu2011.blogspot.com/

Para cerrarle el paso a la corrupción
Rodrigo Montoya Rojas

Si nos servimos en parte de una metáfora médica, la corrupción es en
Perú un mal endémico, una peste estructural que hasta hoy no tiene cura porque quienes debieran eliminarla son los primeros en contagiarse y disfrutar del poder y dinero que logran con ese contagio.
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Desde tiempos in
memoriales las pestes pasan y vuelven.
Alguna como el tifus ya no vuelve. Pero la corrupción sigue creciendo.
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En mi artículo anterior recordé que “comprar influencias para conseguir leyes y decretos que sirvan para ganar mucho dinero es un componente estructural del capitalismo en todas partes y en todos los tiempos”.
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En la semana que termina volvió a aparecer el caso del impresentable Carlos Raffo, congresista y privilegiado hombre de confianza de Alberto Fujimori, ex presidente con muchas condenas por ladrón y asesino.
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Según la justicia Raffo recibió cuatrocientos mil dólares de Vladimiro Montesinos para la última campaña electoral de aquel ciudadano japonés.
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Su nominación como congresista es posterior a la fecha en que cometió ese delito. Con ese simple dato, el Congreso debiera suspenderle la inmunidad para que lo juzguen.
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Pero esa suspensión depende de la cuenta de favores que el APRA y el Fujimorismo ya se dieron y se deben.
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El postre de corrupción en la semana ha sido el acuerdo para que Bayly y Kouri vayan en el mismo vientre de alquiler, de ese otro sujeto innombrable del país, José Barba, dueño del partido “Cambio radical”, a quien García premió como embajador en Panamá. Es pertinente recordar que la corrupción puede ser en Perú también perfectamente legal.
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Para eliminar a la corrupción se requeriría de un conjunto de decisiones simultáneas en diversos paquetes.
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Hoy, sugiero algunas medidas en el rubro Congreso y alianzas políticas.
1. Para curarse en salud, habría que eliminar de cuajo la inmunidad parlamentaria. Que los congresistas sean iguales a cualquier ciudadano de a pie.
2. Para no contar con congresistas tramposos y mañosos, habría que establecer el principio universal de no reelección. De ese modo, desaparecería la carrera de congresista que todos quieren tener con 30 ó 40 años de supuestos servicios a la nación. Para reelegirse en la maravillosa curul, todas las alianzas y trampas son posibles; por eso, el Congreso es también un mercado de tránsfugas que se venden por muy poco y algo más.
3. Para no tener la vergüenza de partidos-vientres de alquiler, debiera establecerse una norma muy simple: Los partidos presentan como candidatos sólo a sus militantes con una trayectoria política debidamente registrada y probaba por un mínimo de cinco años.
Como verán, lectoras y lectores, estos pequeños cambios son imposibles en el régimen político actual del país.
¿Cuántos congresistas aceptarían esta propuesta?
Tal vez dos o tres. Los 118 restantes, bien gracias.
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Con su gran inteligencia podrían decir: “el Perú no está preparado para tomar decisiones tan difíciles como esa y habría que evitar causar problemas a la democracia del país”. Entre tanto, la corrupción tiene alas y buen viento.

viernes, 14 de mayo de 2010

Corrupción: debemos recuperar la moral de la nación

COMERCIO:
Corrupción: debemos recuperar la moral de la nación

mayo de 2010

La ciudadanía ya no soporta más.
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En las últimas semanas, aparte de todo el destape del “chuponeo”, el país ha conocido una serie de graves denuncias de corrupción que involucran a encumbrados personajes del partido de Gobierno y pueden afectar seriamente las expectativas de desarrollo, la moral nacional y también la gobernabilidad democrática.
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No se trata, pues, de ser alarmistas ni de promover el ruido político, sino de una justificada preocupación por gruesos delitos cometidos con y contra recursos del Estado, por parte de inescrupulosas mafias enquistadas en el aparato estatal en las que figuran algunos funcionarios apristas.
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Sin embargo, por sus repercusiones, esto de ninguna manera puede dejarse pasar ni ser tratado tangencialmente como una turbulencia partidaria más.
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Podría decirse que los casos de tráfico de influencias y tráfico de terrenos que han embarrado a la cúpula directriz del Partido Aprista, integrada por los secretarios generales, Jorge del Castillo y Omar Quesada, configuran la segunda crisis política y moral del gobierno aprista después del grave escándalo de los “petroaudios”, hasta ahora irresuelto e impune, cuya mafia parece haber retomado aire con una nueva dosificación de audios.
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TRÁFICOS NO SANTOS
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El ex jefe del Gabinete Jorge del Castillo ha solicitado, casi a regañadientes, una licencia temporal de su cargo partidario, para posibilitar que se investigue su eventual participación en un esquema de tráfico de influencias a favor del empresario Julio Vera Gutiérrez, en torno a regalías petroleras.
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Y, si bien el hecho de que no se haya llegado a implementar una ley con nombre propio sería un atenuante, el tenor de algunos audios y el intercambio de propiedades inmobiliarias de disímil valor resultan elementos sospechosos y hasta agravantes. De otro lado, sigue pendiente la investigación sobre su eventual participación (de Del Castillo) en los casos que incluyen a Rómulo León y Alberto Quimper como principales protagonistas en las licitaciones de lotes petroleros.
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En cuanto a Quesada, pretende blindarse políticamente con un supuesto respaldo partidario, cuando lo correcto y ético sería aceptar su responsabilidad política pero también operativa en la designación de cuestionados funcionarios de Cofopri, que armaron un festín de corrupción con la entrega de terrenos del Estado.
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Luego del caso de Chilca, en que se vendió a un dirigente aprista terrenos por 5 mil soles cuando el valor de mercado sobrepasa los 12 millones de dólares, ayer mismo se supo de la renuncia del jefe de Cofopri-Cusco, días después de publicarse denuncias por haber favorecido presuntamente a siete militantes de su partido con la titulación de terrenos por 95 mil hectáreas.
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Alegar ignorancia o desconocimiento resulta absurdo y pueril.
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¿Acaso no sabe que corresponde al jefe nacional de Cofopri organizar y controlar la entidad, así como aprobar sus planes y presupuestos?
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¿Solo aceptó el cargo como una cuota partidaria para nombrar a sus incondicionales?
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¿Es eso lo que entiende por servicio público, como un clientelismo de la peor especie, a decir de los funestos resultados?
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Un borrón y cuenta nueva resulta aquí cínico e intolerable.
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¿Y LOS “CHUPONEADORES”?
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Dicho esto, debemos analizar la prevalencia de tres factores a lo largo de estos escándalos, cuya naturaleza y objetivos no deben confundirse.
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Por un lado tenemos que destacar el papel de la prensa independiente que, contra viento y marea, y a veces por encima de las amenazas y presiones de ciertos grupos, no ha cejado en su ánimo de fiscalizar la cosa pública y denunciar cualquier acto de corrupción. Las denuncias sobre tráfico de terrenos de Cofopri así lo ameritan.
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Sin embargo, del otro lado, vemos con extrema preocupación y extrañeza que la mafia de “chuponeadores”, protagonista de los “petroaudios”, sigue vigorosa, como lo demuestra la publicación de nuevos audios en las últimas semanas.
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¿Quiénes conservan y siguen entregando audios a discreción?
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¿Con qué intencionalidad?
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¿Hasta cuándo puede un Estado de derecho estar bajo la amenaza y el chantaje de un grupo de delincuentes que medran del espionaje y la violación del derecho a la privacidad?
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El tercer factor resulta también problemático: la actuación del Poder Judicial, y en menor medida del Ministerio Público, que luego de año y medio no ha podido esclarecer y sancionar los gravísimos casos de los “petroaudios” y de las redes de interceptación ilegal.
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Pretextos no han faltado, desde traslados y cambio de jueces, falta de peritos o cambios en la calificación del proceso (de sumario a ordinario), etc., pero en el fondo lo que se infiere es una voluntad de postergar las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Y cuando el Congreso ha querido intervenir en estas causas ha sido para alargarlas pues no se llega a conclusiones certeras.
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El Poder Judicial no puede rehuir su responsabilidad en esta lucha, impartiendo justicia, con imparcialidad, oportunidad y respeto al debido proceso. De otro modo, seguirá siendo visto como una entidad ampulosa, deficiente o peor aun, cómplice de la impunidad y de las mafias corruptoras que el país reclama sean extirpadas.
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ESTADO, PARTIDO, RATAS Y DISCURSOS
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Algo huele muy mal aquí. El presidente Alan García ha sido muy preciso y enfático al calificar de ratas a los promotores de estos esquemas delictivos, pero queda aún mucho por hacer para desterrar esas pústulas cancerosas que, bajo el nombre del aprismo, se insertan en las entidades públicas para sacar provecho propio.
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Hay que ser muy claros al subrayar que lo que está en juego es más que la estabilidad partidaria. Usualmente no interferimos en cuestiones partidarias internas, pero en este caso debemos hacerlo tratándose del partido oficialista y ante el riesgo de que la administración pública sea copada por partidarizados cuya eventual capacidad profesional es opacada por sus compromisos partidarios en una nación con débiles mecanismos institucionales de control.
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Se trata, finalmente, de la salud ética y la gobernabilidad democrática del Perú, por lo que el doctor Alan García tiene que actuar en su doble papel de jefe del aprismo y como presidente de la nación.
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En cuanto a lo primero, como lo hemos dicho recientemente, urge poner orden en una entidad que últimamente, por diversas razones, ha visto resentida su histórica capacidad de organización y disciplina.
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Pero luego, como primer mandatario, sus facultades y responsabilidades son ya con todos los ciudadanos, a los que debe darles cuenta de la marcha y gestión del Estado.
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Alentamos y apoyamos todos los proyectos de desarrollo económico y nuevas inversiones que crean empleo y permiten la redistribución social. Con el mismo espíritu nos congratulamos de que se mantenga el modelo económico esencial y que las previsiones del PBI sean tan generosas. Sin embargo, precisamente por ello, advertimos que para mantener esta tendencia es necesario recobrar el norte ético y moral de la nación, lo que exige tomar medidas severas.
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Y no solo para sancionar a los malos funcionarios corruptos, sean o no apristas, sino para liderar una verdadera cruzada nacional de la mano del Congreso, la oposición y la sociedad civil.
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Ello implica, por ejemplo, proponer medidas para fortalecer la contraloría y las procuradurías anticorrupción, pero también para fiscalizar el quehacer cotidiano de los ministerios y entidades públicas mediante los portales web de transparencia y las licitaciones inversas.
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El presidente no puede ser ajeno a lo que ya es un clamor nacional, de una ciudadanía hastiada que reclama, por encima de cualquier discurso, un punto de quiebre contra la asqueante corrupción.
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La situación ha llegado a tal punto que exige sanciones pero sobre la base de deslindes, evidencias y pruebas plenas.
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Sería terrible que el retorno a la democracia no le permita al Perú liberarse de la corrupción heredada del régimen fujimontesinista.
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Ninguna apuesta por la democracia es consistente si no se diferencia del autoritarismo, la falta de transparencia y la corrupción, que pisotean la ley y privilegian escandalosamente a unos por encima de los otros.

Los responsables penales del baguazo

Informe en minoría señala a García, Aráoz y Cabanillas.

El legislador nacionalista Víctor Isla, vicepresidente de la comisión parlamentaria que investigó el baguazo, presentó un informe en minoría cuyas conclusiones señalan responsabilidad penal del presidente Alan García, la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y la ex ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, en el luctuoso hecho que el 5 de junio del año pasado dejó como saldo 34 muertos entre policías y civiles. Isla dijo que el informe en mayoría presentado por el presidente de la referida comisión, Guido Lombardi, se quedó cortó porque sólo señala responsabilidad penal del general Luis Muguruza e indica sólo responsabilidad política de Cabanillas y Aráoz. “Y de García no dice nada”, sostuvo Isla.
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Dijo que el informe en minoría recomienda acusar de homicidio culposo al presidente García y la ex ministra Cabanillas, porque el mandatario y la ex ministra tenían el deber de cuidar la vida de los peruanos y eran responsables de cualquier acción que pudiera realizar la Policía, subordinada a ellos según las normas legales vigentes. “No cumplieron con ese deber y la prueba son las muertes”, indicó.“En cuanto a Cabanillas debe prepararse una denuncia constitucional por la comisión del delito mencionado. En el caso del presidente de la República, el informe debe servir de antecedente para las investigaciones penales que se desarrollen en su oportunidad”, señaló.
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Informó que Aráoz también debe ser denunciada constitucionalmente por el delito contra la fe pública y falsedad genérica, por haber mentido deliberadamente sobre el efecto real de la derogación de los Decretos Legislativos lesivos. “Aráoz mintió al Consejo de Ministros y al país al sostener que la derogatoria de los decretos cuestionados podría en riesgo el TLC, lo cual fue falso”, manifestó.
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El legislador dijo que la comisión plantea además que también deben ser denunciados penalmente los generales José Armando Sánchez Farfán, entonces director general de la Policía; Luis Muguruza, director de la Diroes, y Javier Uribe Altamirano, entonces jefe de la Cuarta Región de la Policía con sede en Tarapoto.

El jefe (¿impoluto?) -LIMPIO, SIN MACHA ?????? dR. s. lÓPEZ.

Vie, 14/05/2010 - 05:00

El Apra ha sido escenario en estos últimos días de una pequeña guerra política que ha dejado muertos, heridos y contusos.
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He aquí el telegráfico parte de guerra: elección de dos secretarios generales del Apra para resolver los conflictos de las tendencias internas; divulgación en los medios de viejos y nuevos petroaudios que involucran a uno de los secretarios generales; denuncia de corrupción en Cofopri que dirige el otro secretario general; García da ultimátum a los flamantes dirigentes para que abandonen sus cargos y condena a los corruptos del partido; Omar Quezada renuncia a la dirección de Cofopri y manifiesta su disposición a dejar la secretaría general; Del Castillo se resiste y convence a Quezada a hacer lo mismo; García y los medios vuelven a la carga acusando a los secretarios generales de desacato; Caretas defiende a Del Castillo y embarra a Quezada con un antiguo delito de su hermano; García dialoga con Del Castillo y le tuerce el brazo y Del Castillo abandona la secretaría general; la Comisión Política (CP) del PAP respalda a Quezada; García presiona a través de Velásquez Quesquén a la CP para que deje caer a Quezada; los medios y García esperan que en la celebración de los 86 años del Apra Quezada anuncie su retiro; Quezada recibe el respaldo de las bases apristas y el aliento a seguir en la lucha de un respetado e histórico líder del partido; los medios siguen la campaña contra Quezada; Velásquez Quesquén afirma en la CP que García renunciaría al Apra si no se repliega Quezada; la CP cede y Quezada abandona el barco.
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¿Qué lectura política se puede hacer de este escueto parte de guerra?
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El análisis es complejo porque tiene muchas aristas.
-En primer lugar, el conflicto se ha desarrollado a través de una compulsa desigual entre el poder de los medios y el de la otrora invencible organización del Apra.
-En segundo lugar, la ofensiva de los medios ha mostrado un alto nivel de coordinación entre ellos, más allá de las diferencias políticas que diariamente exhiben.
-En tercer lugar, los medios han actuado de la mano con García con el propósito común de desbarrancar a los secretarios generales del Apra acusados de corrupción. No es sólo el escándalo lo que ha unido a los medios sino el mismo objetivo político, que era también el de García: el hundimiento de Del Castillo y Quezada. García ha sido, sin duda, el director de orquesta de esta intensa campaña contra los secretarios generales acusados de corrupción.
-En cuarto lugar, el desenlace muestra la fuerza avasalladora de la coalición del poder político con los medios. Es probable que si hubieran actuado por separado no hubieran obtenido una victoria aplastante.
-En quinto lugar, el conflicto exhibe la debilidad del Partido Aprista como organización en todas sus instancias, sobre todo en su CP que se doblegó fácilmente ante la amenaza de García. Esto significa que el Apra se siente poco o nada sin García, quien, por el contrario, se siente todopoderoso aun sin el APRA.
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¿Qué resultados ha producido esta guerrita?
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Varios.
Pero los más importantes son los siguientes:
-Serio debilitamiento del Apra no sólo por las acusaciones de corrupción sino también por el descabezamiento que ha sufrido en manos de García.
-La organización ha sido maltratada y ha sufrido profundas heridas, difíciles de curar.
-Su papel será irrelevante en las elecciones del 2010 y en las del 2011.
-La victoria de García lo catapulta a la jefatura del partido, su sueño dorado. Ser como Haya. Pero ¿tiene la estatura intelectual, política y moral de Haya? La respuesta queda abierta. Las aspiraciones presidenciales de Del Castillo han sido sepultadas, al menos para 2011. García pierde el blindaje y la lealtad que le ofrecían el Apra y sus líderes. Puede desatarse la guerra de la revelación de los secretos en cadena. El ex ministro Pastor ya comenzó diciendo la verdad sobre el indulto a Crousillat.

martes, 11 de mayo de 2010

Garrido-Lecca sospechoso de enriquecimiento ilícito


Hay indicios de que aprovechó su cargo para beneficiarse económicamente.


Giselle Giannotti, ex gerente de Business Track, empresa que interceptaba las comunicaciones, ratificó ayer ante la fiscal Gladys Echaíz que en uno de sus dos USB que fueron robados, se encontraban archivos comprometedores de Garrido-Lecca en relación a sus negocios con el Banco Azteca y su intervención en la rebaja de los aranceles del cemento y en los proyectos para la construcción de hospitales.
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DETALLE: Si el Ministerio Público encuentra pruebas suficientes contra Hernán Garrido-Lecca tendrá que pedir al Congreso que le levante su inmunidad, la cual lo protege hasta cinco años después de haber dejado el cargo de ministro, según explicó el penalista Mario Amoretti.
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Precisó que el delito de enriquecimiento ilícito se castiga con 8 años de pena privativa de la libertad.
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La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ha logrado reunir una serie de indicios que la llevan a sospechar que el ex ministro de Salud y Vivienda, Hernán Garrido-Lecca, se enriqueció ilícitamente realizando gestiones desde el Estado para favorecer a empresas mexicanas y al inversionista dominicano Fortunato Canaán.
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La titular del Ministerio Público descubrió en las cuentas bancarias de Garrido-Lecca varios montos que llamaron su atención porque no corresponden con sus ingresos como ministro de Estado y más bien coinciden con las gestiones que realizó para que el Banco Azteca opere en el Perú y para reducir los aranceles que debía pagar Cementos Mexicanos (Cemex).Además, Echaíz ha logrado establecer con certeza las relaciones de negocios que existían entre los funcionarios del Banco Azteca y el ex miembro del gabinete de García. Por ejemplo: la contratación de Garrido-Lecca para que gestione la licencia de la entidad financiera.
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Garrido-Lecca había sido investigado hace cuatro meses por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de corrupción de funcionarios debido a sus gestiones en los proyectos de construcción de hospitales. Esa denuncia, sin embargo, fue archivada por la fiscal adscrita a la Fiscalía de la Nación, Flor de María Alva López.
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En ese momento, y a pesar de que interrogó al empresario dominicano Fortunato Canaán, la fiscal Alva López no pudo encontrar indicios suficientes en contra del ex ministro de Salud sobre actos de corrupción dentro de la administración, pero eso no significa, según explicaron fuentes de la Fiscalía, que Garrido-Lecca no se haya enriquecido ilícitamente haciendo favores y usando para ello su condición de ministro de Estado.
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Giannotti lo delata: Tal es la decisión de la fiscal Echaíz de seguir adelante en esta investigación contra Garrido-Lecca que ayer interrogó personalmente a Giselle Giannotti, ex gerenta de Business Track, empresa que interceptó, entre otras tantas, las comunicaciones del ex ministro aprista.
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Giannotti ratificó lo que dijo a LA PRIMERA el 10 de abril pasado.
Indicó que en uno de sus dos USB que fueron robados, se encontraban archivos que comprometían a Garrido-Lecca por sus negocios con el Banco Azteca y su intervención en la rebaja de los aranceles al cemento y en los proyectos para la construcción de hospitales. La ex analista de BTR, procesada ante el 34 Juzgado Penal por interceptación telefónica, detalló que en aquel USB existían cuatro carpetas: una relacionada a petroaudios, otra a los aranceles de Cemex, la tercera sobre hospitales y la última referida al Banco Azteca.Dijo que en las tres últimas carpetas existían comunicaciones de Garrido-Lecca y que en la carpeta hospitales existían audios entre el ex ministro y el lobista Rómulo León Alegría. En estos, según detalló a la fiscal de la Nación, se les escuchaba hablar acerca de que Luis Sifuentes Valverde, ex director de Infraestructura del Ministerio de Salud, iba a facilitar todo para que Canaán gane las licitaciones de construcción de hospitales. Además, Giannotti, según coincidieron en señalar dos personas que estuvieron en la diligencia de ayer, detalló que también había audios entre Garrido-Lecca y funcionarios del Banco Azteca.