martes, 30 de marzo de 2010

La delgada línea roja...Nicolás Lynch

La delgada línea roja
Mar, 30/03/2010

Hace unas semanas que Lourdes Flores y ahora Alejandro Toledo quieren marcar la cancha electoral señalando lo que ellos consideran la línea entre la decencia y la corrupción. Para estos políticos la diferencia clave entre decencia y corrupción serían los buenos modales en la función pública, el no robar, coimear ni chantajear, amén de otros delitos desafortunadamente asociados a la misma. Y ellos habrían sido los modelos de esta conducta proba en nuestro pasado reciente. En suma, la corrupción definida como un problema de comportamiento.
Hay, sin embargo, quienes creemos que la corrupción es más que un problema de conductas. Lo que los peruanos miramos atónitos en los videos de la famosa salita del SIN y los múltiples escándalos ocurridos en los dos últimos gobiernos elegidos no es sólo un problema de mala conducta. Mucho más que eso, es el problema de la falta de identidad con el Perú que han promovido élites a lo largo de la historia republicana y que encuentra un momento culminante en la aplicación del ajuste neoliberal a principios de la década de 1990 por la dictadura de Fujimori y Montesinos. Las políticas antinacionales que se han aplicado en materia de privatizaciones y concesiones, inversión extranjera y TLC, y que promueven al Perú como un destino al que hay que saquear en el menor tiempo posible están en la raíz de las malas conductas que calificamos hoy como corrupción. La razón es sencilla: se roba lo ajeno, nadie se roba lo que es suyo.
Lourdes Flores y Alejandro Toledo, más allá de que estén o no envueltos en prácticas corruptas, son dos políticos continuistas con el modelo neoliberal que implantó la dictadura de los años 90. Recordemos que Lourdes Flores, en su afán de cuidar el modelo neoliberal, planteó en octubre del 2000 que fuera Fujimori el que encabezara la transición a la democracia. Alejandro Toledo, por su parte, luego de prometer que haría modificaciones al modelo, con muchos compromisos de campaña firmados al respecto, siguió con el mismo, procediendo, por ejemplo, a las modificaciones legales que permitirán, a partir de junio, que nuestro gas sea exportado al mejor postor sin atender a las demandas nacionales.
No es entonces la mala conducta por si sola la que debe marcar la cancha electoral sino, más bien, las políticas antinacionales producto del modelo neoliberal las que deben señalar la raya que distinga a los que están a favor de los que están en contra de la democracia y el desarrollo del Perú. Porque sin nación, así les moleste, jamás habrá democracia

domingo, 28 de marzo de 2010

Médicos rechazan Soat

Médicos rechazan Soat

Según denunciaron los médicos el Soat médico sólo plantea indemnizaciones hasta 4 UIT (S/. 15,000) por muerte o invalidez permanente, sin embargo, las aseguradoras recaudarán alrededor de 100 millones de soles anuales.

Perú tiene el presupuesto más bajo de la región para la salud. Reclamos continúan.

Nuevamente los representantes de la Federación Médica Peruana (FMP) y de la Asociación Nacional de Médicos del ministerio de salud advirtieron sobre la precaria situación de los establecimientos de salud y de la carencia de personal en el interior del país.
Además reiteraron su rechazo al Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil por Servicios de salud, al considerarlo que es inconstitucional pues atenta contra la labor médica. “Ahora los médicos para poder trabajar tienen que contratar el Soat médico. Es un abuso”, dijeron los galenos.Leoncio Díaz, presidente de la FMP no descartó el inicio de una huelga nacional indefinida si es que se concreta dicha iniciativa, la cual es respaldada por el Ejecutivo.
Por su parte, el representante de la Federación Médica de Arequipa, Leonardo Chirinos denunció que el hospital Goyeneche –el segundo más importante de la región- no cuenta con el número de camas suficientes, los equipos quirúrgicos se encuentran en mal estado, además, que los techos presentan huecos que permiten se filtre la lluvia. Pero no sólo el Goyeneche presenta problemas ya que, según el dirigente, el reciente inaugurado hospital Aplao ha sido construido sin un asesoramiento técnico.
A su turno, Walter Quispe Rojas, representante de los médicos de Ayacucho indicó que los galenos de esta parte del país se encuentran acatando una huelga indefinida hace 50 días y como el ministerio de salud (Minsa) y el gobierno regional ayacuchano no atienden sus demandas el próximo lunes entregarían al Minsa el hospital regional y posteriormente los otros establecimientos de salud de la región.Quispe explicó que la radicalización de la medida se debe, principalmente, a que el gobierno regional de Ayacucho se niega a pagar las Asignaciones Especiales por Tiempo de Servicio (Aetas) a los trabajadores médicos de esta región, a pesar de que existe una sentencia del Poder judicial a su favor.César Palomino, presidente de la Asociación de Médicos del ministerio de salud (Minsa) dijo que al igual que sus colegas de Ayacucho, el personal médico de Piura y Tacna iniciará próximamente una huelga indefinida.

La lección de Obama

La reforma sanitaria de Obama tiene directa relación con la postergada reforma sanitaria en el Perú, ya que marca la necesidad de confrontar los intereses privados, gremiales o burocráticos que impiden avanzar hacia una real universalización de la salud.

La lección de Obama
El Perú tiene pendiente hacer de la salud un servicio y un derecho para todos.
La reforma sanitaria de Obama tiene directa relación con la postergada reforma sanitaria en el Perú, ya que marca la necesidad de confrontar los intereses privados, gremiales o burocráticos que impiden avanzar hacia una real universalización de la salud.
La reforma sanitaria lograda por el presidente Barack Obama en Estados Unidos reviste implicancias globales y evidencia la lucha constante por lograr el acceso a
salud, por lo que debe llamar a la reflexión en el Perú. La reforma sanitaria llevaba casi setenta años postergada debido a los intereses que buscaron conservar la actual organización sanitaria en EEUU. Se ha logrado en alguna medida poner freno a las intenciones de seguir colocando a la salud como objeto de mercado, no sólo otorgando un seguro a treinta y dos millones de personas, sino modificando sustancialmente las condiciones del aseguramiento de más de doscientos millones. La salud es una obligación pública y como tal la participación estatal en su provisión, regulación o financiamiento es imprescindible; más aun teniendo en cuenta lo que sucede cuando el Estado abdica de esta obligación. Michel Moore en Sicko evidencia cómo las aseguradoras en alianza con la industria farmacéutica y con sectores de las organizaciones médicas, llevaron a que EEUU sea el único país industrializado sin un sistema universal de acceso a salud. Luego de las reformas de los años sesenta que incorporaron protección a grupos vulnerables, los EEUU derivaron en el abuso inaceptable de las aseguradoras que no procuraban proteger a las personas frente a las enfermedades. Se pervirtió así un sistema de Seguros en salud; pero quizá esa situación le sea inherente al aseguramiento cuando se convierte en fin y no en medio. Tendencias de acceso a salud Existen dos grandes tendencias para lograr protección en salud de la población. Una es la que se basa en el aseguramiento a través de Seguros públicos o privados que otorgan a los afiliados paquetes de prestaciones. El problema con esta tendencia es que emana desde la lógica de los Seguros, que tiene como fundamento la aplicación del costo beneficio en sus intervenciones. La lógica aseguradora privada, como es natural, busca reducir al mínimo necesario las posibilidades de destinar los recursos que recauda para atender sus compromisos, sean estos sanitarios o de cualquier índole. Por su lado la lógica aseguradora pública, no logra desprenderse del enfoque privado y traslada esos fundamentos a la protección que pretende brindar. No es casual que la implementación del aseguramiento en salud, como se viene dando en el Perú, sea restrictiva y no abarcadora. El Seguro Integral de salud o los Seguros privados, otorgan atenciones sobre la base de paquetes que nunca llegan a ser integrales y cubren un porcentaje reducido de las enfermedades; los Seguros privados en EEUU restringen sus obligaciones y crearon mecanismos para ampliar sus ingresos en detrimento de las necesidades de la gente. Obama a la peruana Por eso la reforma sanitaria de Obama tiene directa relación con la postergada reforma sanitaria en el Perú, ya que marca la necesidad de confrontar los intereses privados, gremiales o burocráticos que impiden avanzar hacia una real universalización de la salud. Demuestra, además, que la reforma debe ser liderada por el más alto nivel político del país o por el propio presidente de la República. La reforma de Obama expresa que las necesidades en salud no son un asunto aislado sino un tema global y civilizatorio, en el que distintos países del mundo hoy se encuentran buscando el camino para un acceso con equidad.A diferencia de lo que ha sucedido en EEUU, país en el que la reforma implica continuar con el concurso de las empresas aseguradoras, pero con una intervención estatal mucho más fuerte que regula el aprovechamiento privado indebido, en el Perú lo que se requiere es garantizar el acceso a salud pero con el mínimo concurso de las aseguradoras privadas, ya que éstas derivan la ampliación del acceso en aberraciones sanitarias. Necesitamos observarnos en el espejo de Colombia, país que ha profundizado la focalización en salud vía aseguradoras privadas, situación que ha terminado por desmantelar la red pública de prestadores, además de brindar paquetes de atención nunca integrales y siempre diferenciados. Y como es lógico desde la perspectiva privada, estas empresas cada fin de ejercicio presupuestal exigen al gobierno que les incremente el financiamiento bajo amenaza de paralizar las atenciones. En el Perú en buena hora ese sistema no se ha profundizado y puede ser revertido. Ello requiere variar el modelo focalizado-residual de protección social vigente desde 1992, que ve a la salud casi como un acto de caridad, y bajo el cual se debe demostrar ser pobre para recibir la prestación del Estado. Debemos ir hacia un modelo de protección social basado en la seguridad social, desde el cual el Estado asume progresiva pero irreversiblemente sus responsabilidades integrales y la condición para acceder a servicios es la de ser humano. Llevar eso a la salud pasa por crear un Sistema Peruano de salud, en el que la autoridad sanitaria, como sucede hoy en EEUU, recupere sus atribuciones reguladoras, fiscalizadoras y ordenadoras sobre públicos y privados, para así orientar a los actores sanitarios hacia las metas nacionales de salud. Lógica libertad No hay otra lógica que no sea la pública para garantizar el derecho a la salud, que es una de las bases para el ejercicio de las libertades y capacidades humanas. El neoliberalismo hábilmente ha secuestrado el valor de la libertad para presentar como competencia lo que en realidad es una pampa en la que un rifle cargado de billetes es la garantía o no del acceso a servicios básicos, y el Estado sólo debe atender a aquellos incapaces de valerse por sí mismos porque no tienen los rifles cargados de dinero. Otros vemos a la libertad como la posibilidad de aspirar a lograr lo que como humanos decidamos hacer con nuestras vidas y empeños, para lo cual lo mínimo que se requiere es que la organización que nos pertenece a todos, el Estado, trabaje para crear las condiciones. El actual modelo político y económico del Perú no lo permite, por eso reformar el acceso a salud significa ir desmontando las restricciones en las que nos movemos. Se ha marcado el camino posible en la sociedad de EEUU, nos toca a los peruanos subirnos a la ola que viene corriendo Obama, para surfear con nuestras tablas, buscando hacer este país vivivle y no uno en el que la salud llena los bolsillos de algunos mafiosos y otros avispados como el que encabeza las encuestas presidenciales. Alexandro SacoColaborador
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Libertad de presión versus de expresión... Por: Augusto Álvarez

Dom, 28/03/2010

¿Cuál de las dos está triunfando en el momento actual?
PIURA.- Para un gobierno siempre preocupado por el ‘qué dirán’, como el del presidente Alan García, no es poca cosa que se ponga en duda en el exterior su disposición a tolerar la discrepancia.

Es significativo, por ello, que la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) haya decidido enviar al Perú una misión para evaluar el deterioro de las condiciones para la libertad de expresión durante el gobierno aprista.
Los casos específicos que le preocupan son la sentencia a un año de prisión por delito de difamación a Alejandro Carrascal, director del semanario Nororiente de Amazonas. Asimismo, la cancelación de la licencia de funcionamiento de Radio La Voz de Bagua aduciendo razones administrativas que en verdad fueron un pretexto vergonzoso para liquidar a un medio opositor, lo cual fue criticado por el Ipys y el Consejo de la Prensa.
El plan del gobierno para maniobrar sobre América TV y los grupos periodísticos que dirigen este canal, usando como caballo de Troya el indulto bamba a José Enrique Crousillat, también será parte de la agenda de la próxima misión de la SIP.
Tan relevante como eso fue –por su rebote noticioso– la declaración de Mario Vargas Llosa de que detrás del indulto al broadcaster del ‘Doc’ “hubo una operación para devolverle un canal a la mafia fujimontesinista”. El escritor no lo dijo pero se puede intuir de su comentario que la responsabilidad está al más alto nivel porque es imposible suponer que el complot para capturar Canal 4 lo haya diseñado y ejecutado un (ahora ex) ministro tan poco relevante como Aurelio Pastor.
Lo que pasa en el Perú no se puede comparar, por supuesto, con la precaria libertad de expresión de Cuba o Venezuela, pero tampoco se puede decir que aquí el suelo esté parejo. Los casos ya mencionados que estarán en la agenda de la misión de la SIP se suman a la presión del gobierno a la prensa a través de mecanismos que no por sutiles son menos efectivos: pactos con algunos medios para tomar ‘decisiones estratégicas’ al interior de sus firmas para asegurar ‘buena prensa’, o juicios absurdos a periodistas para descuidar su atención o amedrentarlos.
La misión de la SIP y comentarios como el de Vargas Llosa han motivado obligadas respuestas a favor de la libertad de expresión por parte del premier Javier Velásquez y, también, de Jorge del Castillo, quien esta semana escribió un artículo exponiendo lo mismo.
Pero, ojo, el ex premier no debe confundirse. Que él tenga muchos amigos y ayayeros en la prensa no se puede interpretar necesariamente como una señal de pleno respeto a la libertad de expresión. Son cosas diferentes.

sábado, 27 de marzo de 2010

BTR, algo más que un fantasma Por: Juan Paredes Castro

BTR, algo más que un fantasma
Por: Juan Paredes Castro
Sábado 27 de Marzo del 2010
Como en el Perú nos instalamos a menudo bajo el prisma del mundo al revés, no tiene que sorprendernos el hecho de que hayan sido robados o borrados los archivos del caso BTR.
¿Y por qué no tendría que sorprendernos?
Por la sencilla razón de que son los procesos judiciales y parlamentarios en curso, relacionados con la violación del secreto de las comunicaciones, los que parecen borrados o robados de los despachos donde deberían ser investigados.
Nadie se explica hasta ahora cómo desde la aparatosa captura de los prominentes miembros de Business Track (BTR), incluidos sus equipos, aparatos y archivos, no haya pasado nada.
¿Es que aquella captura, en un escenario policial reservado a las grandes mafias, cumplió la misión de simplemente desconectar a Business Track de todo y poner a “buen recaudo” a sus cabecillas, operadores y gestores?
Si la jueza María Martínez hubiera dejado que la fiscalía cumpliera con su obligación investigadora, en momentos en que este organismo disponía de todos los elementos tecnológicos para analizar pruebas, evidencias y testimonios de primer orden, hoy estaríamos ante resultados distintos. Mucho más adelante que el punto muerto de hoy.
El denominador común que más trasciende aquí es que no hay investigación posible a la cual atenerse, ni fiscal ni parlamentaria; que tampoco podemos esperar demasiado de la acción judicial; y que los controles de daño de parte del Gobierno sobre las estructuras de inteligencia del Estado son imperceptibles.
Roguemos que las evidencias borradas sean recuperadas y que las otras robadas aparezcan. Donde el ruego de quien sea no puede hacer nada es respecto de la naturaleza de los procesos que comprenden a BTR, que no parece que existieran, como si los hubiera tragado la tierra.
Ni por el lado de la Justicia ni por el lado del Legislativo existe la menor voluntad de sentar autoridad allí donde con el mayor descaro se interceptan los teléfonos fijos y celulares y los correos electrónicos.
Estamos ante un delito que ha pasado a formar parte del aceptado inventario nacional.

El valor de renunciar Por: Augusto Álvarez R.

El valor de renunciar
Sáb, 27/03/2010 - 22:31

Las batallas pendientes de la ministra Mercedes Aráoz.
PIURA.- Cantar valses en Palacio en la noche del año nuevo no fue el mejor debut en el MEF al inicio de un año electoral en el que se debe dar señales de independencia, pero, desde entonces, Mercedes Aráoz ha mostrado convicción de no tener intención de convertir su ministerio en anexo del comando de campaña aprista.
El proyecto de Olmos es la última escaramuza del MEF y ha sido una nueva oportunidad para que la ministra Aráoz muestre disposición a irse del gabinete si el gobierno se pone bruto en la intención de apartarse del interés común y la sensatez.
Olmos no ha sido la única batalla de Aráoz en este verano caliente. Estuvo, también, la del bono militar-policial que peleó y perdió. Tendrá, sin embargo, más oportunidades por delante pues no hay duda de que las cosas se pondrán peor en breve. Están, por ejemplo, los paros que se anuncian en Ancash, Lambayeque, La Libertad y Arequipa para que el gobierno –es decir, ‘el MEF’– apruebe proyectos con el espíritu de fin de fiesta que a veces parece querer imponer el presidente cuando habla de hacerlos “de cualquier manera” y “pese a quien le pese”.
En cada conflicto, Aráoz ha mostrado vocación de estar en ‘el lado bueno’. Y hará bien en ponerse más dura pues cuando el presidente García despidió a Luis Carranza y la nombró a ella en el MEF, quedó la sensación de que lo hacía para facilitar la insinuación que hizo en el discurso de fiestas patrias de julio de 2009: acelerar el gasto y la inversión con criterio político.
Entonces, allegados suyos –Jorge del Castillo, Javier Velásquez, Hugo Otero– proclamaron que el gobierno entraba a una “segunda etapa” donde el énfasis sería “la distribución” y se estaría “más cerca de la gente”. Eso implicaba la intención de cambiar la imagen del gobierno de lejanía con la población pobre, y para eso fue que se cambió de ministro en el MEF.
Cuando casi sacan a Aráoz del gabinete, al final del premierato Simon, un fotógrafo indiscreto registró el blackberry de Aráoz con el texto de que ella quería dejar el cargo como “campeona”. Pues –hablo por experiencia– ser despedido por defender principios éticos es una manera de campeonar. Y sería mucho más valorado después del papelón de Aurelio Pastor.
Además, detrás de esos proyectos públicos con mucho lobby y poco fundamento suele haber –como decía hace poco el presidente García cuando hablaba del TC y el cemento– “mucho dinero, miles de millones de por medio”.
Ahora que Lourdes Flores pretende trazar una línea entre la decencia y la corrupción en la campaña electoral, sería ideal que la ministra Aráoz hiciera lo mismo en la gestión pública y, por supuesto, se ponga –como no dudo que lo hará, pues conozco su decencia– en el lado correcto, aunque ello implique dejar el gabinete

Cuando el fin justifica los medios todo está perdido.....Por: Martha Miró Quesada.

LA PULCRITUD COMO BASE DE LA CIVILIZACIÓN
Cuando el fin justifica los medios todo está perdido
Sábado 27 de Marzo del 2010


Cuando todo vale y el fin justifica los medios la sociedad humana vuelve a la oscura y húmeda caverna prehistórica, alejándose del fuego vital de la civilización.
Solo la pulcritud y la coherencia de cada acto cotidiano —individual o colectivo, privado y político— garantizan la vigencia del Estado moderno de derecho y de todas las abstracciones sobre las que se sostiene: democracia, libertad, justicia, solidaridad, entre otras.
Hablar de ellas no es lo mismo que hablar de un rábano. Rábano es una palabra concreta que representa algo tangible que podemos ver, palpar, oler, saborear y hasta agarrar por las hojas. Nuestra sociedad, sin embargo, se sostiene en conceptos abstractos que la tornan frágil. La doble moral, los arreglos bajo la mesa y la turbidez, dinamitan la credibilidad de nuestras instituciones y del sistema en ámbitos diversos desde el Congreso a la economía pasando por los partidos políticos y de fútbol hasta llegar a la empresa privada, la medicina, las artes, la gastronomía o un campeonato de tabla hawaiana. Nada se salva cuando no hay confianza, verdad y coherencia. Cuando el fin justifica los medios todo está en riesgo y todos perdemos.
En las últimas semanas, por ejemplo, la reputación del juez español Baltasar Garzón ha rodado por los suelos. La prensa española le cuestiona una “intervención irregular de comunicaciones” y sostiene que sus defensores “olvidan que la justicia solo es justa cuando se atiene a unas reglas establecidas”. Ayer mismo un editorial del diario “ABC” explicaba “llegó a un punto en que (Garzón) se creyó investido del poder suficiente para crear las normas jurídicas que convenían a sus propósitos”.
Mientras tanto el chileno José Miguel Insulza fue reelegido secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el voto de nuestro país que ha descartado la reelección presidencial y que hace pocos días consideró saludable que la corte colombiana deniegue a Álvaro Uribe sus intenciones reeleccionistas.
Así un personaje (“cubanófilo”, según su compatriota el escritor Jorge Edwards) en cuyo país la reelección fue abolida justamente por las fuerzas de izquierda que él representa tiene a bien reacomodarse en su cargo. ¿Total? ¿La reelección está bien en la OEA y no en nuestros países? ¿Los presidentes no pueden ser reelegidos aunque el pueblo lo pida pero los congresistas sí pueden atornillarse por décadas en su curul? ¿El voto popular deviene en “sagrado” cuándo le sirve a quién? La incoherencia es delirante.

El Poder Judicial se pudre pero el presidente de la Corte Suprema es considerado un perfume de rosas andante mientras lo que es su responsabilidad hiede. A vista y paciencia de las autoridades se roban pruebas del “chuponeo” telefónico realizado por Business Track (BTR), y aquí no pasa ni pasará nada.
Una congresista dice no tener vínculo —salvo cinco hijos— con un fulano que macera hojas de coca en el perímetro de su chacra.
El presidente del Consejo de Ministros se enfrenta a la titular del Ministerio de Economía para que una firma brasileña se encargue “como sea y pese a quien le pese” de la irrigación de Olmos.
Y en las últimas semanas, un hirviente caldo de choros a la Conchán “sorprendió” al presidente Alan García Pérez, bañándolo de cuerpo entero. ¿Pulcritud decíamos? Vaya ingenuidad. Acá todo vale menos agarrar al rábano por las hojas.