Sáb, 20/02/2010
Canales y encuestadoras en la mira de Alan García.
El régimen de Alan García respeta las reglas generales del sistema democrático pero, con frecuencia, sobrepasa las mismas hasta donde se lo permiten, con ánimo de maniobra y estilo parecido al del futbolista que juega cochino o al del boxeador que pega golpes bajos.
Al gobierno no se lo puede comparar con autocracias como el fujimontesinismo o el cada vez más extravagante Hugo Chávez, pero sí a los que cuidan la apariencia aunque juegan sucio. Por ejemplo, Álvaro Uribe, quien extrema las cosas para reelegirse o presiona a propietarios de medios con negocios y caramelitos que le aseguren eso que llaman ‘buena prensa’.
El gobierno de García no cierra medios, ni soborna a jueces y fiscales, ni compra broadcasters, congresistas o generales, pero sí usa una combinación de zanahoria con garrote para ‘persuadir’, o presionar si es necesario, con el fin de conseguir adhesiones o asegurar el control de instituciones que son claves para sus intereses mediante la designación en ellas de apristas, apristones o gente con vocación palaciega o de felpudo.
Dos ejemplos recientes van esa dirección. Uno es el ronroneo y la movidas judiciales y de otra índole alrededor de los canales de televisión. Desde, hace unos meses, con Panamericana por su deuda tributaria, hasta, más recientemente, con América TV luego del indulto insólito que García le otorgó a José Enrique Crousillat y ambos deslizaron la especie del eventual regreso del broadcaster del ‘Doc’, algo que carece de asidero legal pero cuyo rumor se lanza para asegurar una ‘buena prensa’.
El otro ejemplo –igualmente absurdo pero no por ello menos peligroso– busca que las encuestadoras ‘traten’ mejor a García, su gobierno y sus candidatos –para crear la sensación de que sí pueden ganar–, a través del chantaje artero que empezó con la tontería de la encuesta ‘RIP’ (red informática del PAP) de 27 mil, donde los apristas quedan bien parados y el gobierno como una maravilla, y que ahora ha aterrizado en el proyecto de ley 3781 que busca que los partidos políticos y los candidatos tengan ‘veedores’ en las encuestadoras.
Este proyecto no tiene sentido, su aplicación sería imposible y es inconstitucional por establecer una suerte de censura a las encuestadoras, además de constituir un potencial atentado contra la libertad de expresión que, de aprobarse, va a querer avanzar hasta la instalación de veedores en las redacciones de los medios. Este mamarracho antidemocrático no debe pasar.
Quizá García solo quiere amenazar para que canales y encuestadoras digan –con más frecuencia que ahora– que él es el mejor. Pero caer en su juego sería un error garrafal pues su gobierno empuja hasta donde lo dejan. En lugar de asustarse, echarse o acomodarse, como algunos se insinúan, se deben defender principios y valores pero los de verdad, no los del pasaje Acuña.
El régimen de Alan García respeta las reglas generales del sistema democrático pero, con frecuencia, sobrepasa las mismas hasta donde se lo permiten, con ánimo de maniobra y estilo parecido al del futbolista que juega cochino o al del boxeador que pega golpes bajos.
Al gobierno no se lo puede comparar con autocracias como el fujimontesinismo o el cada vez más extravagante Hugo Chávez, pero sí a los que cuidan la apariencia aunque juegan sucio. Por ejemplo, Álvaro Uribe, quien extrema las cosas para reelegirse o presiona a propietarios de medios con negocios y caramelitos que le aseguren eso que llaman ‘buena prensa’.
El gobierno de García no cierra medios, ni soborna a jueces y fiscales, ni compra broadcasters, congresistas o generales, pero sí usa una combinación de zanahoria con garrote para ‘persuadir’, o presionar si es necesario, con el fin de conseguir adhesiones o asegurar el control de instituciones que son claves para sus intereses mediante la designación en ellas de apristas, apristones o gente con vocación palaciega o de felpudo.
Dos ejemplos recientes van esa dirección. Uno es el ronroneo y la movidas judiciales y de otra índole alrededor de los canales de televisión. Desde, hace unos meses, con Panamericana por su deuda tributaria, hasta, más recientemente, con América TV luego del indulto insólito que García le otorgó a José Enrique Crousillat y ambos deslizaron la especie del eventual regreso del broadcaster del ‘Doc’, algo que carece de asidero legal pero cuyo rumor se lanza para asegurar una ‘buena prensa’.
El otro ejemplo –igualmente absurdo pero no por ello menos peligroso– busca que las encuestadoras ‘traten’ mejor a García, su gobierno y sus candidatos –para crear la sensación de que sí pueden ganar–, a través del chantaje artero que empezó con la tontería de la encuesta ‘RIP’ (red informática del PAP) de 27 mil, donde los apristas quedan bien parados y el gobierno como una maravilla, y que ahora ha aterrizado en el proyecto de ley 3781 que busca que los partidos políticos y los candidatos tengan ‘veedores’ en las encuestadoras.
Este proyecto no tiene sentido, su aplicación sería imposible y es inconstitucional por establecer una suerte de censura a las encuestadoras, además de constituir un potencial atentado contra la libertad de expresión que, de aprobarse, va a querer avanzar hasta la instalación de veedores en las redacciones de los medios. Este mamarracho antidemocrático no debe pasar.
Quizá García solo quiere amenazar para que canales y encuestadoras digan –con más frecuencia que ahora– que él es el mejor. Pero caer en su juego sería un error garrafal pues su gobierno empuja hasta donde lo dejan. En lugar de asustarse, echarse o acomodarse, como algunos se insinúan, se deben defender principios y valores pero los de verdad, no los del pasaje Acuña.
