El 5 de febrero de 1975 se dio la primera paralización de la Policía. El bofetón del Gral. EP Ibáñez a un policía en Palacio de Gobierno encendió la pradera. El respeto a su dignidad hizo estallar el paro en Radio Patrullas y dio paso a un tremendo desborde social en el que operaron activistas apristas, sacándole filo político contra Velasco. Poco después, Morales Bermúdez sacó a Velasco y, luego del Paro Nacional del 19 de julio de 1977, convocó la Constituyente de 1978, negociada con el APRA.
Luego, tres huelgas policiales mostraron al país la realidad de una institución fundamental para la seguridad ciudadana y sus problemas: la de mayo de 1983, la de mayo de 1987 y la de 1989. Las del 83 y del 87, encabezadas por Óscar Pedraza y Celso Pastrana, respectivamente (entre otros), fueron intensas y sacudieron Lima: los policías ocuparon instalaciones y desarrollaron movilizaciones callejeras masivas, junto a sus familiares. Tuve contacto directo con las huelgas y conocí a sus actores. Como miembro del Congreso estuve presente en las instalaciones ocupadas en la Av. Alfonso Ugarte, en la Plaza Italia, en sus asambleas y reuniones. Actué en función mediadora con el Ministerio del Interior; junto a esposas de los suboficiales y personal en retiro fui a negociar. Los ministros se negaban recibir personal en actividad.
Las huelgas combinaban demandas sobre condiciones remunerativas y de vida, con graves denuncias sobre corrupción de ciertos mandos y abuso de autoridad sobre el personal subalterno. El derecho a manejar democráticamente las instituciones a las que aportaban fondos, a que no se les cobre del pago la revista institucional que les imponían, la demanda de un Código y un ámbito de Justicia Policial, diferente al Militar por función y características propias de cada institución, fueron exigencias también planteadas. Los policías aparecían como seres humanos, con carencias y necesidades, tan abusados por el gobierno como los demás, viendo el saqueo de sus recursos por ciertos jefes corruptos que medraban del presupuesto, los fondos de vivienda o pensiones. Conquistaron cambios: recategorizaciones, administrar la mutual, el fondo de vivienda policial, recuperar el pasaje gratuito y, con el tiempo, hasta el derecho a no acatar órdenes que violenten los DDHH. Pero no canales y voz propia.
Al irse García, junio 1990, dio el DS 213-90 homologando haberes de generales de la PNP y las FFAA al 75% del sueldo congresal y porcentajes menores a grados subalternos. ¡Menuda decisión! Fujimori y Montesinos no cumplieron, pero corrompieron mandos militares y policiales como nunca: compra de armamento bamba con “coimisiones”, fondos secretos del SIN para jefes corruptos o para los Crousillat y Schultz (TV a sueldo), saqueo de la Caja Militar-Policial que debía pagar la jubilación del personal y hoy carece de fondos por el robo fujimorista, cuyos operadores se divierten en “Asia” sin haber restituido los fondos. Derogaron la Ley 24700, en beneficio de quienes quedaron lisiados trabajando en la desactivación de explosivos del terrorismo.
Hace poco el Congreso anunció un bono extraordinario. Pero García y Miss Bagua-TLC, desde el MEF, lo han frenado. Costaría S/.5,600 millones anuales (1% del PBI): “es muy costoso”, “la cédula viva se mantiene para militares y policías, y los jubilados recibirían más del 59% del total”, “será por méritos”, “no hay plata”. Pero García acaba de autorizar a Antamina reinvertir más de $900 millones de dólares de sus ganancias sin pagar los $270 millones de Impuesto a la Renta al Estado y la Región. Toledo lo hizo por un monto cercano con Cerro Verde en Arequipa, regalando $200 millones a la empresa. ¿Hay plata para transnacionales mineras pero no para policías y soldados? ¿Acaso son perros guardianes del “orden público” alimentados a puro hueso? Si la dignidad es su divisa, ya sabemos por qué anuncian un paro el 5 de abril. Nadie puede tolerar ser ninguneado así.
Luego, tres huelgas policiales mostraron al país la realidad de una institución fundamental para la seguridad ciudadana y sus problemas: la de mayo de 1983, la de mayo de 1987 y la de 1989. Las del 83 y del 87, encabezadas por Óscar Pedraza y Celso Pastrana, respectivamente (entre otros), fueron intensas y sacudieron Lima: los policías ocuparon instalaciones y desarrollaron movilizaciones callejeras masivas, junto a sus familiares. Tuve contacto directo con las huelgas y conocí a sus actores. Como miembro del Congreso estuve presente en las instalaciones ocupadas en la Av. Alfonso Ugarte, en la Plaza Italia, en sus asambleas y reuniones. Actué en función mediadora con el Ministerio del Interior; junto a esposas de los suboficiales y personal en retiro fui a negociar. Los ministros se negaban recibir personal en actividad.
Las huelgas combinaban demandas sobre condiciones remunerativas y de vida, con graves denuncias sobre corrupción de ciertos mandos y abuso de autoridad sobre el personal subalterno. El derecho a manejar democráticamente las instituciones a las que aportaban fondos, a que no se les cobre del pago la revista institucional que les imponían, la demanda de un Código y un ámbito de Justicia Policial, diferente al Militar por función y características propias de cada institución, fueron exigencias también planteadas. Los policías aparecían como seres humanos, con carencias y necesidades, tan abusados por el gobierno como los demás, viendo el saqueo de sus recursos por ciertos jefes corruptos que medraban del presupuesto, los fondos de vivienda o pensiones. Conquistaron cambios: recategorizaciones, administrar la mutual, el fondo de vivienda policial, recuperar el pasaje gratuito y, con el tiempo, hasta el derecho a no acatar órdenes que violenten los DDHH. Pero no canales y voz propia.
Al irse García, junio 1990, dio el DS 213-90 homologando haberes de generales de la PNP y las FFAA al 75% del sueldo congresal y porcentajes menores a grados subalternos. ¡Menuda decisión! Fujimori y Montesinos no cumplieron, pero corrompieron mandos militares y policiales como nunca: compra de armamento bamba con “coimisiones”, fondos secretos del SIN para jefes corruptos o para los Crousillat y Schultz (TV a sueldo), saqueo de la Caja Militar-Policial que debía pagar la jubilación del personal y hoy carece de fondos por el robo fujimorista, cuyos operadores se divierten en “Asia” sin haber restituido los fondos. Derogaron la Ley 24700, en beneficio de quienes quedaron lisiados trabajando en la desactivación de explosivos del terrorismo.
Hace poco el Congreso anunció un bono extraordinario. Pero García y Miss Bagua-TLC, desde el MEF, lo han frenado. Costaría S/.5,600 millones anuales (1% del PBI): “es muy costoso”, “la cédula viva se mantiene para militares y policías, y los jubilados recibirían más del 59% del total”, “será por méritos”, “no hay plata”. Pero García acaba de autorizar a Antamina reinvertir más de $900 millones de dólares de sus ganancias sin pagar los $270 millones de Impuesto a la Renta al Estado y la Región. Toledo lo hizo por un monto cercano con Cerro Verde en Arequipa, regalando $200 millones a la empresa. ¿Hay plata para transnacionales mineras pero no para policías y soldados? ¿Acaso son perros guardianes del “orden público” alimentados a puro hueso? Si la dignidad es su divisa, ya sabemos por qué anuncian un paro el 5 de abril. Nadie puede tolerar ser ninguneado así.
