Tremendo juez

24 Enero 2010 Raúl Wiener Analista

En la semana que pasó, el ex premier Jorge del Castillo pidió ser incluido en las investigaciones del caso “petroaudios”.

Lástima nomás que lo hizo al final de la etapa instructiva, cuando se supone que las investigaciones preliminares han sido concluidas, y cuando ya hace casi dos meses de la fugaz visita al Perú de Fortunato Canaán, el único que podría explicar lo que conversaban en privado en las numerosas citas en la suite del hotel Country, cuando el dominicano iba extendiendo su poder, como una mancha de aceite, sobre el Estado peruano.

También en la semana se conoció el texto de un mail de Rómulo León a su querido Lucho (Luis Alva Castro) cuando este era ministro del Interior, en el que le transmite el “sufrimiento” de su amigo Carlos José Motte porque el ministerio había comprado equipos de interceptación de celulares por un millón de dólares a otra firma, a pesar de haberle ofrecido Motte el mismo producto de origen israelí.

Frente a ello, Alva Castro ha aclarado que no recuerda haber recibido la visita de Motte, posteriormente involucrado en la protección del “rata” durante los días en que permaneció en la clandestinidad, y relacionado con empresas de Fortunato Canaán y con la compañía Elbit System, que en el 2009 vendió al Estado, equipos de comunicaciones por varios millones. Pero no negó las gestiones.

De estos dos hechos debería concluirse que, efectivamente, el juez Barreto se ha olvidado de “investigar” a los ex ministros y altos funcionarios implicados en el caso de los petroaudios y está de lo más tranquilo; y que los tentáculos de la corrupción han abarcado interminables operaciones estatales, y que increíblemente el “chuponeado” Romulín, estaba también intermediando para la compra de equipos de interceptación de conversaciones privadas.

¿Con qué cara, su abogado, sale a defenderlo arguyendo que ha sido una pobre víctima de malvadas violaciones a su privacidad?Pero ninguno de estos hechos conmueve al juez Barreto cuyo objetivo es cada vez más evidente: destruir las pruebas que conducen a señalar la existencia de una red organizada para manejar los contratos y concesiones del Estado.

Un año y medio después del escándalo el juez pro-corrupción ha conseguido:

(a) que se retire de la acusación la denuncia por delito de “asociación ilícita”, que no sólo tiene que ver con la severidad de la pena, sino con la definición del tipo de actividad en banda de Canaán, León, Químper y los miembros del Estado que trabajaron con ellos;

(b) poner a un lado el Informe de Contraloría que cuestiona la adjudicación de los lotes petroleros, lo que apunta a definir que tampoco hubo delito en el manejo del concurso;

(c) mantener en el proceso un paquete reducido de mails seleccionado por el juez y el abogado del principal acusado, sin garantías de que no ha habido ocultamiento de evidencias;

(d) Descartar los audios como prueba legítima, que equivale en realidad a decir que el caso no debió abrirse ya que los audios fueron sus desencadenantes;

(e) que Canaán (el verdadero jefe de la banda), quede como un angelito que vino, declaró y se fue a República Dominicana;

(f) que Del Castillo pueda decir que por qué no lo investigan si todos están saliendo regio

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Llamado a la reflexión. Por. César Hildebrandt

Lima, 23 de enero del 2010

Compatriotas:

Me dirijo a ustedes para compartir una reflexión que –estoy seguro- puede ser de interés general.Nuestro jefe y líder nato, Alex Kouri, acaba de anunciar que va a postular a la alcaldía de Lima gracias al vientre amable de “Siempre Unidos”, el partido político del señor Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos e injustamente acusado, por los envidiosos de siempre, de licitaciones amañadas, despilfarro de recursos y sobrevaluación de obras.

Pues bien, ya que nuestro jefe ha hecho sonar el pistoletazo de salida tenemos que poner manos a la obra para emprender la tarea de llevarlo al sillón que alguna vez ocupara Don Nicolás de Ribera (el Viejo).Sólo con gente como Kouri en el municipio de Lima podremos superar la alta vara que nos habrá de dejar ese patriarca de la apropiación ilícita y ese caudillo indiscutible del anarquismo ético que es Luis Castañeda Lossio.

¿Quién sino Kouri, el de la hazaña de Convial, para superar la marca impuesta por Castañeda con el asunto de Relima y los 21 millones de soles desaparecidos en un solo cheque?¿Quién sino Kouri para empequeñecer lo sustraído en las obras del Metropolitano, en los saqueos del SAT, en las compras directas y en las adjudicaciones con nombre propio?¿Quién sino Alex Kouri para inmortalizar ese apellido que ya hiciera célebre el hermano Beto? ¿Quién sino Kouri para instalarnos en aquel jardín japonés del Edén en el que la víbora era peruana y la mordida manzana era siempre chilena, por supuesto?

Además, tienen que comprender, queridos compatriotas, que este triunfo será la primera etapa de esa carrera imparable que llevará a nuestro líder a la Casa de Pizarro (o lo que quede de ella, luego de García: seamos francos).

Porque después de la alcaldía de Lima, viene la presidencia de la República, heredada de Keiko, que ganará en el 2011 para rabia de esos caviares humalistas y de esas sobras rojas que sobrenadan en la sanguaza.Es decir, luego de una gran gestión como alcalde de Lima, a Alex Kouri la presidencia de la República le quedará a tiro a quemarropa y con silenciador.Y ese sí que será un gobierno histórico.

Es cierto que también será difícil brillar en mayor medida que el gobierno fundacional de Alberto Fujimori.

Pero los grandes hombres como Kouri están hechos precisamente para encarar desafíos tan descomunales como el que acabo de señalar.

Alex Kouri, nuestro querido y grande compañero jefe, siempre piensa a mediano y largo plazo. Y en alguna ocasión me ha hablado de parte del equipo de personalidades que lo acompañaría en su gestión de gobierno, si es que los peruanos tenemos la inteligencia de elegirlo presidente de la República.Reynaldo Rodríguez López, que alguna vez fuera calumniado por cierta prensa y encarcelado injustamente durante largos años, sería el ministro del Interior.

¿Se puede aspirar a algo mejor? Marco Parra, que ahora es el segundo de Castañeda y que acaba de estrenar otro BMW, ocuparía el puesto clave de presidente del Banco de la Nación y director de la Casa de la Moneda. ¿Quién podría objetarlo? Luis Alva Castro sería, venciendo algunos mitos rígidos impuestos por el feminismo radicaloide, ministro de la Mujer. Y Abencia Meza estaría al frente de la muy descuidada Escuela Nacional de Folklore.Para el ministerio de Vivienda, ¿acaso habría alguien mejor que Pepe Graña, el de Graña y Montero?Y si Defensa vuelve a su fórmula original de independizar cada arma, ¿alguien sería mejor ministro de Aviación que Emilio Rodríguez Larraín, el presidente del directorio de LAN-Perú?En el gobierno de Alex Kouri, nuestro jefe indiscutible, Lourdes Alcorta sería comandante en jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Francis Allison iría a la SUNAT, Mariella Zanetti al Instituto Nacional de Cultura, Rosario Sasieta al ministerio de Turismo, Alvarito Vargas Llosa a la Dinandro, Ricardo Belmont al ministerio de Educación, Tongo al Conservatorio Nacional de Música y Rafael Rey a la presidencia de la Federación de Halterofilia.

¿No ven que casi todo ya está pensado?

¡A trabajar, patriotas!

¡Kouri a la alcaldía de Lima!

Con mis mejores deseos,

Carlos Manrique Cheverengue.

La caída de Keiko

24/01/2010 - 23:01 Por Carlos Castro

La última encuesta de Datum en Lima y Callao confirma una tendencia que se venía observando desde el tercer trimestre del 2009: la caída de Keiko Fujimori, la hija del corrupto ex presidente. El desplome es significativo si se compara con los meses anteriores. De noviembre pasado a enero último ha perdido el 50% de su aceptación como candidata presidencial.

En setiembre, cuando Luis Castañeda Lossio pasó por primera vez a liderar la aceptación presidencial en Lima, los fujimoristas se apresuraron a decir que su candidata no es fuerte en Lima sino en el interior del país. Algo que hasta entonces nunca habían mencionado.

Pero la caída de la representante del fujimorismo no es solo en Lima.

También ocurre en provincias. La última encuesta nacional-urbana de Apoyo la ubica en segundo lugar, a cinco puntos de Castañeda y con una ventaja sobre Ollanta Humala de solo tres.

¿Cuándo comenzó la caída nacional de KF? En abril del 2009, una encuesta nacional de Apoyo le daba un inexplicable 23%. Hasta entonces encabezaba los sondeos nacional y de Lima. Era evidente que recibía el beneficio del juicio por violación de DDHH a Alberto Fujimori, tema sensible para los peruanos por el trauma de la barbarie de SL. En noviembre del 2009, pasado ese efecto, y con Fujimori declarándose culpable de corrupción por el pago del soborno a su socio Montesinos, una encuesta nacional de la PUCP ubicaba a Castañeda primero, seguido de Keiko con 20%.

Alfredo Torres, de Apoyo, advierte en su encuesta de este mes que Ollanta Humala le ha arrebatado a Keiko el liderazgo de las regiones. La caída ha tenido tal impacto que ha enmudecido a los fujimoristas. Carlos Raffo, siempre tan locuaz, se ha metido en su coraza para que nadie lo llame. La desesperación es tal que Keiko ahora dice que ya sacó el único punto que tenía su plan de gobierno: el indulto a su papito.

Keiko, por lo demás, tiene varios cabos sueltos que no ha podido cerrar.

Nunca supo explicar, por ejemplo, cómo se financiaron sus estudios y los de sus hermanos en EEUU. Montesinos, en declaraciones a la comisión Townsend, afirma que entregó 800 mil dólares a Fujimori para simular la compra de un inmueble en Surco y justificar el financiamiento de los estudios universitarios de Keiko y sus hermanos,

La cabeza de lista del fujimorismo asegura que el dinero para pagar las universidades norteamericanas salió de la venta del terreno en Surco. Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación de La República, publicó el año pasado en este diario una serie de informes, en uno de los cuales demostró que el dinero de la venta del terreno nunca entró a las cuentas de las universidades sino a una que tenía KF en el Citibank, y cuando ya estaba graduada. Otro cuento que sacó fue que su padre al momento de iniciar la presidencia tenía US$ 400 mil en ahorro, algo difícil de creer si se recuerda la austeridad con la que Fujimori y Susana se manejaron en la campaña.

Es indudable que lo peor que le podría pasar a nuestro país es que la hija de quien presidió el gobierno más corrupto en la historia llegue a Palacio. Con ella volverían los corruptos, los golpistas del 5 de abril y los violadores de DDHH de ayer. Sería la peor pesadilla con la que podríamos despertar.

Por lo que dicen las encuestas, ello es cada vez más lejano. Enhorabuena por la democracia. Hasta el próximo domingo.

La “transición inconclusa”

24/01/2010 Por Martín Tanaka

Apareció recientemente el libro La transición inconclusa. De la década autoritaria al nacimiento del pueblo, de Alberto Adrianzén (Lima, Otra Mirada, 2009). Libro complejo y valioso que abre muchos temas de discusión.

Difícil resumir el planteamiento central, que parte de una discusión sobre las relaciones entre democracia, autoritarismo y capitalismo. Analiza luego la dictadura militar 1968-1980, la transición, la década de los 80, el fujimorismo, su colapso, la transición con Paniagua y Toledo, y la situación actual. Al inicio el autor plantea que existiría una suerte de incompatibilidad, o cuando menos una fuerte tensión, entre el capitalismo, basado en una dominación de clase, y el principio de igualdad esencial a la democracia. En este marco, los Estados populistas habrían buscado superar esa incompatibilidad con políticas de integración “desde arriba”, que quedaron truncas, como las del velasquismo; más adelante, en las transiciones y en las democracias establecidas en nuestros países veríamos de un lado estilos “delegativos”, plebiscitarios de ejercer el poder y, del otro, la aplicación de duras políticas de ajuste neoliberal, con altos costos sociales.

En nuestro país, el fujimorismo sería la máxima expresión de esta incompatibilidad entre economía de mercado y democracia, que llevó a la constitución de un gobierno autoritario neoliberal y corrupto, legitimado de manera clientelística. Con Paniagua y Toledo se abrió la posibilidad de un gran cambio, de una “refundación republicana”, que conciliara liberalismo con democracia, pero quedó trunca.

¿Qué se deduce de este diagnóstico? Que consolidar la democracia, llevar a buen puerto la transición, requiere cuestionar tanto el modelo económico como formas elitistas de democracia; desde este ángulo, lo que sucede en Venezuela, Ecuador o Bolivia serían diferentes formas de cumplir con las promesas pendientes de la democracia. Estaríamos viviendo un “momento constitucional” en el que mediante “poderes constituyentes originarios” (no “derivados”, propios de un constitucionalismo liberal), se puede dar lugar a un “nacimiento del pueblo”, liberado de ataduras que lo oprimen, en donde el nacionalismo es un componente importante.

Hay aquí muchos temas de debate. Privilegio uno que me parece central, referido a la conciliación entre democracia y liberalismo.

El autor los plantea como incompatibles, cuando en el mundo en general han demostrado ser una conjunción hegemónica, vía las políticas socialdemócratas; el autor rescata esa posibilidad solamente para ensalzar al gobierno de Paniagua, pero luego la descarta al entusiasmarse un tanto acríticamente con lo que sucede en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Es inevitable relacionar los planteamientos del libro con el reciente respaldo de Adrianzén, junto a otros profesionales, a la candidatura presidencial de Ollanta Humala. Seguiré con el tema la próxima semana.

Alan García y la fiscal

24/01/2010 Por Fernando Rospigliosi

La fiscal de Ayacucho Cristina Olazábal Ochoa, que ha llevado los principales casos de violaciones a los derechos humanos, procesada por denuncia de Alan García.

El ciudadano Alan García denunció a la fiscal Cristina Olazábal en el 2005, porque la magistrada lo había incluido como uno de los responsables de la matanza de Accomarca, ocurrida en su primer gobierno.

La Oficina de Control Interno de Ayacucho declaró infundada la denuncia.

Pero siendo García presidente, las cosas cambiaron.

En febrero del 2008, la fiscalía suprema de Control Interno declaró fundada la denuncia de prevaricato y el último día del año 2009 la fiscal Gladys Echaíz hizo lo mismo.

En consecuencia, Cristina Olazábal, una fiscal corajuda, que ha denunciado a los asesinos de Accomarca, Putis, Chuschi, Los Cabitos, la desaparición de Jaime Ayala y otros casos, ha sido acusada ante la Primera Sala Superior de Ayacucho.

Un hecho gravísimo que puede tener consecuencias funestas no solo para Olazábal, sino para todos los magistrados que contra viento y marea están llevando los casos contra militares violadores de los derechos humanos.

Ahora, el propio presidente de la República está personalmente involucrado en esta campaña a favor de la impunidad de los criminales.

Accomarca otra vez

La masacre de Accomarca es quizás la más famosa de toda la guerra antisubversiva. El 14 de agosto de 1985, a las dos semanas de inaugurado el gobierno de Alan García, una patrulla del Ejército reunió a 69 personas, la mayoría ancianos y niños (los más pequeños de dos años y los mayores de ochenta años), los encerró en una cabaña y disparó granadas incendiarias y explosivas contra ellos, matándolos a todos.

El caso horrorizó al Perú. En ese momento, con el gobierno recién empezado, una comisión investigadora del Congreso viajó a la zona y recogió abundantes testimonios que corroboraron ampliamente los hechos.

El jefe de la patrulla, el entonces subteniente Telmo Hurtado, en su declaración ante los parlamentarios no solo no se arrepintió de la masacre, sino se ufanó de ella. Justificó el asesinato de niños diciendo que Sendero Luminoso los adoctrinaba desde los dos y tres años. Y, además, enrostró a los parlamentarios: si ustedes están sentados en sus curules, les dijo, es gracias a nosotros que estamos combatiendo al terrorismo.

Huelga militar

Al principio, el joven e impetuoso presidente García reaccionó con rapidez y energía. Destituyó al jefe político militar de Ayacucho, el general Wilfredo Mori y al jefe de la II Región Militar, el general Sinesio Jarama.

Los militares, que habían dejado el poder solo cinco años atrás, en 1980, después de una larga dictadura, se sentían todavía fuertes. Y los políticos civiles, tan timoratos como siempre, les tenían temor.

Las Fuerzas Armadas iniciaron una huelga. Decidieron no salir a patrullar, en momentos en los que Sendero, a consecuencia de los errores de los propios militares, de la policía y de los gobiernos civiles, crecía rápidamente y se había extendido de su inicial reducto ayacuchano, a cada vez más regiones del Perú.

Los senderistas se adueñaron momentáneamente de las áreas rurales. El gobierno cedió ante los militares

Las investigaciones se paralizaron. El subteniente Hurtado siguió en el Ejército y ascendió a capitán y luego a mayor. (Fue descubierto por el IDL en el gobierno de Alberto Fujimori que, ante el escándalo, lo pasó recién a retiro).

Lo más importante, Alan García y su gobierno nunca más criticaron, denunciaron o investigaron las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del orden. Al contrario, fueron los primeros en encubrirlas.

Una fiscal ejemplar

La fiscal Olazábal, que ha tenido un papel valiente y destacado en investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna, probablemente se equivocó al incluir a Alan García en la denuncia de Accomarca. García no fue responsable de esa masacre.

No hay comparación, por ejemplo, con el papel que jugó un año más tarde en la matanza de El Frontón.

Pero en todo caso, podría ser un error de criterio de la fiscal Olazábal.

De ninguna manera prevaricato (que implica dolo, es decir, ánimo expreso de actuar en contra de la ley), como denunció Alan García y ahora acusa la fiscal de la Nación.

Por último, cabe mencionar que la denuncia de Olazábal contra García no prosperó. El Poder Judicial lo excluyó del proceso de Accomarca.

En síntesis, un yerro de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, que empaña el buen desempeño que ha tenido en su cargo.

Y un despropósito de Alan García, denunciar a una fiscal como Cristina Olazábal, que se ha convertido en un puntal en la difícil y peligrosa lucha por la justicia.

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La estanflación de la universidad peruana

24/01/2010 Por Rocío Silva Santisteban

Cuando estudiaba mi pregrado en los años 80 también se hablaba de una crisis: pero era básicamente por el exceso de política en la universidad, por las arcas vacías de la misma, por la pobreza de los sueldos de los profesores y por la carencia de investigaciones. Pero éramos un país sitiado por el terror y la inflación: la universidad de alguna manera respondía a esta escasez y a esa violencia sobreviviendo como podía. Veinte años después somos un país que se vanagloria de haber crecido en medio de una crisis económica global, de tener un PBI bastante alto para la región y de ser uno de los más emprendedores. Sin embargo, la universidad no responde a las exigencias de calidad de un país así descrito: no hay investigación, las bibliotecas siguen siendo pésimas, los profesionales absolutamente tecnocratizados y la sensibilidad por el conocimiento totalmente adormilada.
Nos encontramos, pues, ante lo que podría llamarse una estanflación de la universidad peruana: sí, inflación del número de universidades pero estancamiento del conocimiento. Las universidades que han surgido no lo han hecho para responder a las necesidades del Perú y de su medio ambiente. No, en realidad, responden a ciertos temores atávicos por la pobreza y la creencia en la universidad como espacio de movilidad social y a la especulación de sus directivos: esa es la razón por la cual hay más facultades de Derecho que facultades de Ingeniería de Minas, por ejemplo.
Estancamiento con inflación, o más bien al revés, hartas universidades sin mayores logros educativos; crece el número pero en conjunto no son siquiera la sombra de la universidad peruana durante los años 50 y 60: ese es el escenario hoy en día, y es un escenario que a la clase política y a las élites intelectuales debería darles(nos) vergüenza. Deberíamos tener rosácea de tanta vergüenza.
Me parece que esta crisis de la universidad peruana responde al hecho de haberla banalizado pues se la ha formateado según las enseñanzas mal interpretadas del neoliberalismo: convertirlo todo en dinero. Es por eso mismo que muchas universidades se publicitan como espacios de “tránsito” del colegio a un puesto laboral. Pero la universidad es mucho más que eso.
Lamentablemente hoy en día, debido a la importancia de la tecnología, de la información y de la universidad como espacio de entrenamiento de tecnócratas, se está creando un nuevo tipo de mercancía: el saber-mercancía, un saber devenido en cosa que, de acuerdo con la teoría fetichista de la mercancía, encubre que su valor existe únicamente como producto social. Por eso mismo el escándalo de los privilegios del copyright, desde los países europeos, y desde nuestro tercermundismo, el escándalo de la piratería, las fotocopias y la ruptura con todo tipo de licencias. Lo que sucede es que hoy toda información o conocimiento convertido en mercancía produce rédito, y no necesariamente para su creador, sino al que permite que ese saber-mercancía se convierta en producto a ser comercializado.
¿Cómo combatir esta estanflación universitaria? Luchando por el acceso irrestricto al conocimiento y apostando por formar cerebros: seres humanos con niveles de abstracción, de análisis y de pensamiento crítico que nos permitan mirar al futuro más allá de la “exportación de minerales”.

Ollanta en plan transformer

23/01/2010 Por Augusto Álvarez R.

Los refuerzos del PNP para el campeonato 2010-11.

Ollanta Humala también decidió lanzarse al ruedo electoral a través del manifiesto ‘¡Por la gran transformación del Perú!’ que se publicó como aviso en este diario el domingo pasado con la firma de 26 profesionales vinculados, en general, a la izquierda peruana.

Aparecen, entre otros, intelectuales (Alberto Adrianzén, Carlos Tapia), ex congresistas (Manuel Dammert, Edmundo Murrugarra), ex colaboradores del gobierno de Alejandro Toledo (Nicolás Lynch, Félix Jiménez, Sinesio López), un ex procurador anticorrupción como Omar Chehade –que también es abogado de Humala– y un empresario como Salomón Lerner Ghitis.

Su paraguas es ‘Ciudadanos por el Cambio’, el cual coincide alrededor de que Humala “representa los ideales de la gran transformación que nuestra patria requiere”. El grupo no parece articulado con la maquinaria del Partido Nacionalista. Al menos, en la presentación no estuvo ningún parlamentario de la olla, y habrá que ver si salen chispas cuando se junten.

Este manifiesto significa la plataforma más clara que se ha presentado hasta el momento para producir un vuelco significativo en la orientación de la economía peruana desde 1990. Seguramente Marco Arana planteará una propuesta que competirá con la de Ollanta Humala en esta perspectiva.

‘Ciudadanos por el Cambio’ propone “un cambio radical” basado en una “economía nacional de mercado abierta al mundo”, un concepto que aún está difuso por lo escueto del manifiesto y que requerirá una explicación para confirmar si –como parece– implica el desmontaje de varias políticas seguidas en las dos décadas post colapso del primer gobierno del presidente Alan García y que, con muchos desafíos pendientes, como la falta de reforma social, de la educación o de la salud, han mejorado la perspectiva económica y la calidad de vida en el Perú.

Mientras se esperan esas precisiones para emitir un juicio sustentado, anoto que el manifiesto plantea que el Perú está en la encrucijada de optar entre “profundizar la democracia (…) secuestrada a favor de unos pocos” o “continuar con la imposición neoliberal”. ¿Creen los firmantes –y Humala– que no se puede promover una economía de mercado –con un rol eficaz del Estado– y defender, simultáneamente, la democracia?

Ese es el error tradicional de algunos sectores de la izquierda peruana que, con una arrogancia sin fundamento que los hace excluyentes y no inclusivos, les impide su modernización como en Chile o España: creer que poseen el monopolio de la defensa de los pobres, de las buenas políticas económicas, de los derechos humanos y, en general, de la decencia y de las causas buenas de la sociedad

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