El faenón de Antamina

15/01/2010 Por: Humberto Campodónico

En los últimos días, la prensa internacional ha informado acerca del plan de inversiones de Antamina por US$ 1,288 millones. Como se sabe, este plan incluye reinversiones por US$ 900 millones, las que no pagarán impuesto a la renta (IR), debido al convenio de estabilidad tributaria que la empresa firmó bajo Fujimori en 1999 (ver Antamina: reinvirtiendo con nuestros impuestos, www.cristaldemira.com, 23/11/2009).

El no pago del IR implica que Sunat dejará de recaudar US$ 270 millones (900 millones x 30%), lo que afectará en 50% al gobierno central y en 50% a la Región Áncash (gobierno regional y gobiernos locales). Eso desató importantes movilizaciones en toda la Región.

Hemos dicho en esta columna que ese incentivo tributario fue derogado en setiembre del 2000 porque ya no estamos en 1990-91 y por su alto costo fiscal. Si bien todavía rige para Antamina debido al convenio de estabilidad, la actual coyuntura de altos precios hace innecesario que la empresa lo utilice.

Miren, si no, lo que acaba de declarar Greg Waller, vicepresidente de Teck (empresa canadiense que tiene el 22.5% de Antamina): “El proyecto se financiará con el propio flujo de caja de la empresa. Agregó el Sr. Waller que Teck no invertirá “cash”, sino que solo reducirá la distribución de utilidades en una cifra no mayor a US$ 100 millones en los próximos dos años” (13/1/2010, http://www.tcetoday.com/tcetoday/NewsDetail.aspx?nid=12424).

En cristiano, el Sr. Waller dice que de ese mismo cuero saldrán las correas. Claro que sí. Antamina ha tenido utilidades superiores a los US$ 1,000 millones anuales del 2006 al 2009 (en total US$ 6,320 millones). Y las seguirá teniendo, pues los precios del cobre y del zinc siguen altos. Así, la inversión se iba a hacer de todas maneras, con o sin incentivo tributario (para ellos, un ripio).

Así, la reinversión, que se hará en cuatro años, del 2010 al 2013, se financiará con el flujo de caja. Lo mismo sucederá con los US$ 388 millones adicionales del total del plan de inversión. No solo eso. Antamina seguirá teniendo utilidades netas todos esos años, las mismas que “solo se reducirán en algo”. ¡Qué bonito negocio! No queda duda de que la empresa ha logrado un faenón para sus accionistas (no para el Perú), que es legal, pero no legítimo.

El problema aquí tiene que ver solo en parte con las empresas, que siempre van a buscar maximizar sus utilidades. El otro lado del problema –el principal– es que el actual gobierno no le ha planteado a la empresa, en ningún momento, sentarse a la mesa para discutir la repartición de las sobreganancias por los extraordinarios altos precios de los minerales. Por eso aceptan, sin mover una ceja, no recaudar US$ 270 millones que podrían invertirse en educación, salud e infraestructura.

No solo eso. El premier interpuso sus “buenos oficios” para que el presidente de la Región Áncash, César Álvarez, que al principio objetó el programa de reinversión, también lo acepte. La empresa le aseguró a Álvarez que cubriría cualquier “faltante” que se presentara en los programas de inversión de la Región y de las municipalidades en los próximos años por el menor pago del IR.

La cuestión es que en Áncash quizá no falte dinero porque, de un lado, hay excedentes acumulados del canon de años anteriores y, de otro, que Antamina seguirá teniendo utilidades, por lo que va a haber poco o ningún “faltante”.

Pero aun si lo hubiera (y la empresa lo cubre), el problema central es, repetimos, que el Estado peruano no asume la responsabilidad que le corresponde: aprovechar los beneficios que generan los precios extraordinarios de los recursos naturales, que son de la Nación. No lo hace con los contratos pasados y tampoco modifica la legislación para que esto no se vuelva a repetir en el futuro. ¿Y la oposición? Bien, gracias.

Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com

Jaque pastor en los petroaudios

15/01/2010 - 01:02


Por qué el ministro de Justicia propuso una ilegalidad.

Por: Augusto Álvarez

Que en el caso de los petroaudios hay bastante más en juego de lo que se piensa se está reflejando en los conflictos frecuentes que produce entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo el más reciente entre los dos últimos.

La tensión es fuerte si se presta atención a la respuesta de Javier Villa Stein –presidente del Poder Judicial– a la iniciativa del Consejo de Ministros expresada anteayer por el titular de la cartera de Justicia, Aurelio Pastor, para que se cambie al juez Jorge Barreto, responsable del caso ‘petroaudios’.

“En representación del Consejo de Ministros, quiero hacer una invocación y solicitud al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, para que consulte con su Sala Plena la posibilidad de cambiar al juez Barreto del proceso de los petroaudios”, señaló Pastor el miércoles en el patio de Palacio de Gobierno.
La respuesta del presidente del Poder Judicial fue una manera elegante, pero no por ello menos tajante, de meterle una cuadrada de padre y señor mío: “Lo solicitado por el ministro de Justicia no es compatible con la legalidad vigente”.
Es decir, que están pidiendo una ilegalidad pues esa solicitud no puede hacerla el ministro de Justicia al Presidente de la Corte Suprema sino, en todo caso, una de las partes a través de un recurso de recusación.

Si el actual fuera un gobierno de ingenieros, economistas o médicos, podría sospecharse de un conocimiento jurídico insuficiente en el gabinete. Pero el hecho de que tanto el responsable de Justicia como el propio presidente de la República sean abogados, impide alegar tanta ignorancia.

Se debe intuir, entonces, que el pedido del ministro Pastor de sacar al juez Barreto del caso de los petroaudios no es una iniciativa sincera del gobierno sino un amago, una movida mañosa, seguramente con el fin de intentar tomar distancia, de cara a la opinión pública, frente a lo que va a ser el escándalo más grande de este lustro político.

Porque peor que la red de corrupción que empezó a tejer el pirata dominicano, con la complicidad de Rómulo León y Alberto Químper, y la colaboración entusiasta y previsiblemente convenida de un montón de funcionarios del gobierno aprista, va a ser el enjuague que está en marcha para que este caso de podredumbre ética sea convertido en un intento periodístico frustrado de fastidiar al gobierno del presidente Alan García, lo cual seguramente va a ser corroborado en breve por la próxima entrega de las encuestas bamba de la ‘RIP’ (Red Informática del PAP).

Fragmentación, mujeres y centralismo

Sáb, 16/01/2010 Por Alberto Adrianzén M. (*)

Sería bueno preguntarles a aquellos que redactaron, debatieron, aprobaron y promulgaron la ley 29470, que modifica diversos artículos (ocho en total) de la Ley de Elecciones Regionales, si se detuvieron a pensar que ello podría afectar a las mujeres, fragmentar la representación en las regiones y, por lo tanto, disminuir la capacidad política de los gobiernos regionales en su relación con el centralismo.

La ley 29470 introduce algunos cambios importantes:

a) crea la segunda vuelta cuando ninguna de las listas obtenga más del 30%;

b) aumenta el número de consejeros regionales: siete como mínimo y veinticinco como máximo;

c) la elección de estos consejeros se realiza “en forma conjunta con el proceso de elección de presidentes y vicepresidentes regionales”;

d) para la elección de consejeros regionales, cada provincia constituye un distrito electoral;

e) las agrupaciones políticas que participan de las elecciones deben presentar “conjuntamente una fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia y una lista al consejo regional”;

f) los presidentes, vicepresidentes, alcaldes y regidores deben renunciar 180 días antes de la fecha de elecciones.

Acaso la primera crítica que se puede hacer a esta ley es por qué las autoridades regionales (presidente y vicepresidente) y locales (alcaldes y regidores) tienen que renunciar 180 días antes y no los consejeros regionales y menos los congresistas que aprobaron la ley.

La segunda, es que la cuota de género se verá afectada. No sería nada extraño que las mujeres vayan (para cumplir con la cuota) en las listas provinciales para consejeras donde les sea más difícil ganar a la respectiva lista regional.

Sin embargo, lo más grave es que las modificaciones alientan la fragmentación política en las regiones. Una interpretación es que el proceso electoral regional se compondría de dos elecciones conjuntas: para presidente y vicepresidente, por un lado, y para consejeros regionales, por el otro.

Ello se fundamenta en que la provincia es un distrito electoral distinto al regional.

Por eso el elector votaría dos veces Ahora bien, puede darse el caso que una lista regional gane la presidencia y pierda en todas las provincias. También que haya consejeros regionales de tantas listas como las que existen en una región.

Además, al no existir una segunda vuelta para los consejeros regionales, es también probable que se pueda ganar con una baja votación. El incremento de consejeros regionales con distrito electoral propio, ejercerá una enorme presión de los caudillos locales para llevar listas regionales con poca significación pero importantes en el ámbito provincial. El otro problema grave, por cierto, es que no existe valla electoral en las elecciones regionales (sí existe en las locales) con lo cual se alienta a las minorías y la fragmentación políticas.

Sobre la segunda vuelta se puede decir lo siguiente: si la votación regional de este año fuera igual a la del 2006, en trece regiones habría segunda vuelta, ya que en las otras doce el ganador obtuvo más del 30%. De esas trece regiones, el APRA pasaría a la segunda vuelta en cinco (Ayacucho, Áncash, Lima provincias, Moquegua y Piura), además de que conservaría La Libertad, de repetir su votación. Ahora bien, si consideramos que aquellas listas que ganaron en el 2006 con entre el 30% y el 35% de los votos podrían no repetir esa cifra por el desgaste político sufrido estos años de gobierno, el APRA podría (es una posibilidad) pasar a segunda vuelta en cuatro regiones más (Ica, Huánuco, Pasco y Puno). No sería extraño que el APRA esté calculando que con este mecanismo podría ganar hasta un máximo de diez u once regiones en las próximas elecciones. Algo similar al año 2002.

Como se puede apreciar, la ley atenta contra las mujeres, alienta una mayor fragmentación política, aumenta la posibilidad de desgobierno, le da más poder al centralismo limeño, y, por último, podría beneficiar al APRA ahora que tiene el control del Estado.

(*) albertoadrianzen.lamula.pe

LOS PROBLEMAS DE FONDO

15/01/2010 Por: Sinesio López Jiménez

En las coyunturas electorales (que se avecinan) reaparecen con fuerza los viejos problemas de fondo que se busca soslayar o a los que se busca dar solución de diverso tipo. Aquí señalo sólo las cuestiones básicas que se refieren a la agenda interna y que tocan tangencialmente los asuntos internacionales.

Me refiero a la inclusión social (empleo, desigualdad, pobreza); a la consolidación democrática (representación, sistema electoral, sistema de partidos, formas de gobierno, poderes fácticos); a las deficiencias del Estado (inefectividad legal, ineficacia burocrática en salud, educación y seguridad, centralismo, falta de autonomía y estructura parcializada) y a la mantención, reforma o cambio del modelo económico neoliberal.

La forma como se pretende resolver estos problemas es lo que define el carácter y la dinámica de los actores políticos: neoliberales autoritarios, neoliberales democráticos, antineoliberales-reformistas y radicales y otras variantes.

Como es obvio, estos no son problemas de coyuntura. Son problemas estructurales que se encrespan en las coyunturas electorales, se discuten apasionadamente y se plantean soluciones diferentes y hasta contrapuestas. Algunas propuestas son parciales, muy limitadas y hasta distorsionadoras de los problemas que buscan resolver.

Reducir la inclusión a la pobreza y combatirla principalmente mediante programas asistencialistas, por ejemplo. O el planteo de la renovación congresal por mitades (o reducción de la elección congresal a la mitad del período presidencial), eliminación del sufragio universal para instaurar el voto voluntario, establecimiento de la doble vuelta electoral en las regiones donde los candidatos no alcanzan el 30% de los votos en la creencia falsa de que esas propuestas resuelven los problemas de representación, de consolidación democrática y de gobernabilidad.

Aunque se enfrenten los problemas por etapas, su solución requiere planteamientos integrales que le den sentido a cada paso y a cada reforma parcial.

Estos problemas, además, no se presentan aislados. Están interrelacionados. La inclusión, por ejemplo, tiene que ver con el modelo económico. Al actual modelo primario exportador, sin embargo, no le interesa el problema del empleo y, aunque le interesara, es difícil que lo resuelva dentro de sus propios parámetros. ¿Pueden las empresas mineras resolver el problema del desempleo teniendo en cuenta que en ese sector crear un empleo cuesta más de 300 mil dólares? La eliminación del sufragio universal busca excluir a los ciudadanos que, en las elecciones del 2006, votaron contra el modelo neoliberal. La heterogeneidad estructural (que el modelo primario exportador refuerza) incide decisivamente en la inefectividad legal y en la ineficacia burocrática del Estado en el territorio y en toda la sociedad.

Pese a la innegable interrelación de estos problemas de fondo, es posible imaginar soluciones con cierta autonomía unas de otras. No tanto en el tema de la inclusión cuya solución está estrechamente vinculada a las características del modelo económico y a la voluntad estatal. En los asuntos que se refieren al Estado, a la democracia y al modelo neoliberal, en cambio, se puede proponer y realizar cambios específicos que pueden tener cierta eficacia en su respectivo nivel.

Para que tengan eficacia y coherencia es necesario, sin embargo, que las propuestas de cambio sean integrales en cada nivel (Estado, democracia, modelo económico) con objetivos definidos, políticas eficaces, medidas y acciones precisas y etapas claramente establecidas en el tiempo.

Si la eficacia específica de las reformas en el Estado, la democracia y el modelo económico es alcanzable, ¿por qué en el Perú no hemos llegado a ese nivel? ¿Por qué entonces todo se pone en cuestión en las coyunturas electorales? Volveremos sobre este decisivo problema de cuestionamientos y de inestabilidad.

Gobierno trata de lavarse la cara con retiro de juez Barreto´

Jue, 14/01/2010 República

Fernando Rospigliosi señaló que el pedido del Gabinete ministerial al Poder Judicial para destituir al juez Jorge Barreto, quien investiga el caso de los llamados "Petroaudios", es una maniobra del Ejecutivo para "limpiarse la cara".
“El gobierno ahora está tratando de evadir su responsabilidad a sabiendas de que el Ejecutivo no puede cambiar a un juez. Eso sólo le corresponde al poder judicial”, afirmó el analista político Fernando Rospigliosi.

En comunicación con CNR, afirmó que el anuncio formulado por el ministro de Justicia, Aurelio Pastor, “es una maniobra para hacer creer que ellos no tienen nada que ver en la obstaculización de la investigación de los petroaudios”.

“En realidad desde el principio el gobierno ha tratado de ocultar toda la corrupción que había alrededor de los petroaudios y hasta ahora se están saliendo con la suya. Aunque parezca increíble, el juez Barreto ha desechado todos los elementos de prueba que habían. Los audios, en primer lugar, y los informes de Contraloría. Después de eso, lo único que le quedaba prácticamente era liberar a los delincuentes”, dijo.
Rospigliosi Capurro precisó que, a más de un año desde que estalló el escándalo de corrupción, no se ha avanzado con la investigación.

“Entonces todo ha sido una maniobra del gobierno para evitar que se conozcan más casos de corrupción y que se destape toda la podredumbre en la cual los petroaudios eran sólo una parte, eran la punta del iceberg”, finalizó.
Ayer, Pastor invocó al Poder Judicial en nombre del Ejecutivo que consulte con la Sala Plena de la Corte Suprema la posibilidad de cambiar al juez anticorrupción del proceso sobre interceptaciones telefónicas.

“Hago un llamado como ministro de Justicia, como miembro del Gabinete y en representación del Consejo de Ministros para hacer una invocación y una solicitud al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, a fin de que consulte con su Sala Plena la posibilidad de cambiar al juez (Jorge) Barreto de la conducción del proceso que lleva a cabo”, declaró. (Con información de CNR)

El perverso negocio del salario mínimo

14.01.2010

Por : Carlos Urrutia

Pocas cosas se han tomado, en el Perú, con tanta disciplina y rigidez como el carácter mínimo del sueldo mínimo.

La idea de este pago por el trabajo hace referencia al nivel que debe tener el salario para permitir que los trabajadores vivan en una pobreza decente y con esperanza. ¿Por qué el Perú se ha destacado por pagar sueldos miserables? ¿Será por nuestro pasado colonial o por nuestro presente de aguda desigualdad social?

Seguramente por los dos: lo primero se expresa en una cultura de servidumbre que construyó una clase dominante insolidaria acostumbrada a pagar mal a sus trabajadores, lo segundo, se ve en nuestra cotidiana incapacidad de incluir en el desarrollo a los sectores menos favorecidos.

Ya se ha demostrado hasta el cansancio que la estructura de salarios en el Perú no permite seriamente pensar en una masa laboral, sana, educada, comprometida con los valores de la democracia, y que es causante de la inadecuada relación de los trabajadores con su centro de trabajo, en el cual no ven realizarse la aspiración de todo ser humano a tener un futuro mejor.

La Organización Internacional del Trabajo ha señalado en el “Panorama Laboral 2009” que en nuestro país se han vivido varios años de bonanza económica que no se ha reflejado en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores peruanos.Nuestro crecimiento económico ha superado el 7% y el de los salarios del 0% en los últimos dos años.

Sin duda la extendida informalidad ayuda poco a superar este problema pero un gobierno más preocupado por hacer crecer la producción que el bienestar de la gente ayuda menos a sacar al Perú de hoyo.Un salario bajo propicia la desnutrición, el analfabetismo y los bajos niveles de salud en la población de menos recursos, asimismo incentiva la poca identificación con los resultados de la empresa en que trabaja.

Si además, tiene que soportar una inflación que eleva los precios de la canasta básica, el horizonte de los trabajadores peruanos no es promisorio. Sinceramente, con este nivel salarial, excluyendo el de los ejecutivos, ¿creen ustedes, queridos lectores, que se puede hacer un Perú democrático, moderno y solidario?

HAITI Y LA HIPOCRESIA.....

13.01.2010

Haití y la hipocresía César Hildebrandt

Todo el mundo habla ahora de Haití.

Claro, su terremoto llama la atención.

Sus casas destruidas son fotogénicas, su palacio presidencial en escombros es espectacular, sus negros quejumbrosos tienen buena voz.

Y, además, están los aviones y las tropas de Obama, aviones y tropas que Haití conoce muy bien en otras circunstancias nada telúricas.Y los socorristas de todos los países, que llegan de todas partes con su humanitarismo en ristre y sus perros especialistas en distinguir a vivos de muertos.

Con eso y los ayes de los sobrevivientes se harán los noticieros de los próximos días.

Porque Haití puede haber sido semidestruido, pero con sus ruinas se harán periódicos y televisiones. Siempre hay un lado bueno en las desgracias.Porque Haití ahora sí que es noticia.Gracias a lo que el periodismo de entrecasa llama “las fuerzas de la naturaleza”, Haití es hoy noticia.Ha necesitado un terremotazo de grado 7 y con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe para volver a ser noticia.Digamos que Haití ha pagado el peaje tarifario para ser noticia: miles de muertos, miles de viviendas y edificios en el suelo, gente aturdida por doquier, réplicas que no parecen acabar, una polvareda humeante que amenaza su cielo siempre azul.

Pero este país espectral que ahora se luce en las pantallas de cristal líquido es el mismo de siempre: 400 dólares de ingreso anual per cápita, más de nueve millones de habitantes sobre una superficie de apenas 27,000 kilómetros cuadrados, 50 por ciento de analfabetismo, una derecha presocrática empeñada en brutalizar a quien se atreva a intentar cambiar las cosas.

Hundido en la pobreza extrema y crónica, demostración plena de que hay países inviables, Haití es, más allá de males propios, el producto degenerado de años de intervencionismo militar estadounidense.Estados Unidos lo tuvo bajo la bota de su imperio desde 1915 hasta 1934. No parecía ese un destino muy justo para un país que Francia había inventado como fábrica de esclavos desde el año 1697, tras arrebatarle a España parte del territorio colonial de la isla La Española, y que en una gesta sin precedentes, había sido liberado gracias a una guerra liderada por dos esclavos que terminaron derrotando a los franceses el 1 de enero de 1804, el año de su precoz independencia.

Esos dos Espartacos exitosos, esos dos gigantes de la epopeya anticolonial en el Caribe se llamaron Toussaint-Louverture –que moriría en Francia vejado y torturado- y su discípulo Jean Jacques Dessalines, que aplastó a las tropas imperiales francesas en la decisiva batalla de Vertierres.Quizá los problemas de Haití empezaron cuando Dessalines, el primer guerrillero heroico de América Latina, se proclamó, para sorpresa de muchos, emperador.

La trayectoria circular pudo empezar en ese momento.

Papá Doc, esa bestia sanguinaria y rapaz que se proclamó “Presidente Vitalicio” a partir de su elección en 1957, fue un ahijado de Washington. Y lo fue también su hijito y sucesor Jean Claude, el llamado Baby Doc.Cuando eso ya no pudo sostenerse, entonces vinieron las elecciones supervisadas internacionalmente.Y cuando las elecciones encumbraron a Jean Bertrand Aristide, un curita respondón y de izquierdas, entonces Washington frunció el ceño.Pero Aristide no hizo mucho por justificar su fama de cura salesiano expulsado de la Orden por subversivo.

De modo que Washington lo toleró.Lo toleró tanto que hasta ayudó a reponerlo en la silla presidencial tras haber sido depuesto por el golpe del general Raoul Cédras.

Fue en el segundo mandato constitucional de Aristide cuando las cosas se pusieron feas.Aristide restableció relaciones con Cuba, se acercó a la Venezuela de Chávez y propuso algunas tímidas reformas.

Estados Unidos respondió como siempre, aunque esta vez el golpe de Estado fue encubierto y tuvo una pincelada de sofisticación: en febrero del 2004 Aristide se vio obligado “a renunciar a su cargo” y fue embarcado en un avión bajo la vigilancia de una misión multinacional. Se exilió en la República Centroafricana y, más tarde, en Sudáfrica.

Ayer Aristide, lamentando la tragedia de su país por lo del terremoto, reiteró lo que todos sabíamos: que Estados Unidos estuvo detrás de su derrocamiento y que aquella “renuncia” fue una farsa.Pero ese es el Haití que no es noticia.

Porque ni la violencia imperial ni el hambre ni la miseria como norma ni la corrupción como endemia ni el dolor silencioso de los miserables son noticia.¿Haití ha sido destruido por un terremoto?

No lo creo.

Haití vive en estado de cataclismo institucional y nadie dice nada